La militante y referente de la Fundación Desarrollo Humano Integral, Noelia Figueroa, presentó ante la Convención Constituyente un proyecto que busca incorporar a la Carta Magna provincial una concepción de la seguridad como derecho colectivo, con enfoque en la prevención, la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos. La iniciativa, que retoma experiencias de otros países y constituciones locales, se contrapone a la visión punitiva predominante en la discusión.
En el marco del proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe, la Fundación Desarrollo Humano Integral —integrada por especialistas y técnicos de diversas provincias, vinculados a espacios como Patria Grande y con trayectoria en áreas temáticas vinculadas a seguridad, delito y encierro— presentó un proyecto para replantear cómo debe entenderse la seguridad en el texto constitucional.
Noelia, representante de la Fundación, explicó que la propuesta busca alejarse de las miradas que asocian la seguridad únicamente con el delito, la policía y la represión. En cambio, se plantea como un derecho de todos los ciudadanos, ligado a la convivencia pacífica, la gestión democrática de los conflictos y la prevención de violencias, incluyendo las de género.
La iniciativa toma como referencia las constituciones de Ecuador, Bolivia, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incorporan el concepto de “seguridad ciudadana” y contemplan la participación de actores sociales, educativos y comunitarios en la prevención del delito. También promueve la creación de sistemas democráticos de control de las fuerzas de seguridad y la reglamentación del uso de la fuerza bajo principios de racionalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Noelia advirtió que la mayoría de los proyectos presentados por otros bloques —entre ellos el PRO, La Libertad Avanza y el espacio de Amalia Granata— coinciden en definir la seguridad como “deber irrenunciable del Estado” vinculado a la respuesta punitiva, lo que, en su visión, puede abrir la puerta a recortes de garantías y libertades.
Además, subrayó la necesidad de actualizar la legislación provincial sobre la policía, vigente desde 1975, para garantizar condiciones laborales dignas, formación profesional continua y políticas de bienestar que reduzcan problemáticas como el suicidio policial o la corrupción.
La propuesta también incluye un enfoque integral sobre el sistema penitenciario, recuperando el principio de reinserción social y promoviendo programas de formación, trabajo y acompañamiento pospenitenciario, con el objetivo de reducir la reincidencia y evitar que la cárcel se convierta en un factor agravante.
“Si seguimos entendiendo la seguridad solo como más patrulleros y más cárceles, vamos a continuar con tasas de violencia y delito en aumento. Necesitamos discutir la eficacia real de estas políticas y apostar a un modelo que ponga la vida y la dignidad en el centro”, remarcó.
Actualmente, el proyecto fue presentado en la comisión de Declaraciones y Principios, aunque la discusión de seguridad está concentrada en la comisión de Funcionamiento del Estado. Según la entrevistada, la baja cantidad de propuestas en esta materia —apenas una decena de más de 300— y el escaso tiempo otorgado para presentar iniciativas ponen en riesgo la posibilidad de un debate amplio y plural.
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