Un turno médico desnudó un horror oculto: una mujer de 36 años fue rescatada tras más de dos décadas de servidumbre. Los principales sospechosos vivían parte del año en Pueblo Esther, donde poseen una casa de fin de semana.
Rosario — Una secuencia de hechos que parecería salida de una película de horror se convirtió en una causa judicial de alto impacto. Una mujer de 36 años fue rescatada después de permanecer privada de su libertad y obligada a trabajar como doméstica en condiciones de servidumbre durante al menos 22 años en una vivienda ubicada en Barrio Martín. El escándalo escaló cuando surgió que los principales apuntados tienen vínculos residenciales fuera de Rosario: serían propietarios de una casa de fin de semana en Pueblo Esther.
La historia salió a la luz tras una consulta médica. Según lo publicado por Rosario3, la víctima acudió a un hospital público con un turno rutinario. Ante síntomas que no concordaban con el cuadro físico, fue derivada al servicio de salud mental. Allí confesó episodios que hacían suponer una explotación laboral prolongada. “Se trató de un caso muy complejo, donde la mujer desconocía sus derechos y solo conocía la situación de explotación que le tocaba vivir”, comentó la funcionaria de la Defensoría del Pueblo a la prensa.
A partir de ese relato, la Fiscalía Federal inició una serie de diligencias, con apoyo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal. Fue en un allanamiento en un inmueble de Montevideo al 50, en Barrio Martín, donde finalmente se liberó a la mujer. En la segunda propiedad, ubicada en Pueblo Esther, los efectivos identificaron al dueño de la vivienda, quien fue detenido. Se trata de un hombre de 66 años identificado como Enrique Solari, hijo y hermano de las otras dos personas involucradas en el hecho.
Según las fuentes judiciales y ampliaciones periodísticas, los acusados —hombres adultos vinculados al domicilio donde estaba la víctima— también serían dueños de una propiedad de fin de semana en Pueblo Esther. Esa residencia funcionaría como uno de sus domicilios secundarios y viene siendo mencionada en el expediente como parte del patrimonio de los imputados en la causa.
La víctima, oriunda de Corrientes, habría sido trasladada desde su provincia cuando era adolescente bajo engaños. Durante los años en Rosario, quedó sujeta a tareas domésticas, sin paga ni posibilidad de salir libremente. En el allanamiento, los investigadores constataron que la vivienda estaba cerrada, con puertas y ventanas seguras, sin acceso libre al exterior.
Una de las funcionarias que intervino declaró públicamente que la mujer se encuentra “muy desconcertada, con un daño psíquico severo”, y que su recuperación requerirá atención prolongada por parte del Estado. El procedimiento fue coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y con la Defensoría del Pueblo.
Hasta el momento, los tres detenidos se encuentran bajo control de la justicia federal, y el caso ha generado gran atención mediática. El delito de trata de personas con fines de explotación laboral prevé penas de hasta 15 años de prisión. La Justicia Federal busca ahora determinar el alcance de la red familiar que habría mantenido a la mujer bajo explotación durante más de la mitad de su vida.