La protesta frente a la Jefatura de Policía en Rosario expuso una tensión que el gobierno provincial intentó negar: salarios insuficientes, crisis de salud mental y una respuesta oficial que vuelve a elegir la vía disciplinaria antes que una solución de fondo.
Por Melisa Giancrisostomo
La protesta policial que se desarrolla en Rosario, frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, no es un episodio aislado ni un hecho meramente coyuntural. Es la manifestación visible de un conflicto estructural que el gobierno de Maximiliano Pullaro intentó minimizar primero y encuadrar como una amenaza al orden público después.
Durante días, el reclamo fue prácticamente invisibilizado por buena parte de los medios locales, en especial aquellos que dependen de la pauta oficial provincial. Recién cuando el conflicto tomó estado nacional y comenzó a ser transmitido en vivo por canales porteños, la protesta se volvió imposible de ocultar. Una vez más, quedó expuesto un problema recurrente del sistema mediático argentino: lo que no llega a Buenos Aires, parece no existir.
El detonante fue trágico. El suicidio de un efectivo policial, atravesado por deudas, presión laboral y un profundo malestar emocional, puso en evidencia una realidad que se repite en las fuerzas de seguridad de todo el país. Bajos salarios, extensas jornadas, adicionales como única forma de compensar ingresos insuficientes y una prohibición legal para sindicalizarse que deja a los policías como el eslabón más débil del empleo estatal.
Frente a este escenario, la respuesta del gobierno provincial fue anunciar mejoras vinculadas a las horas adicionales y reforzar la cobertura de salud mental a través de IAPOS. Medidas parciales que el propio reclamo desmiente: no se trata de trabajar más horas para ganar un poco más, sino de discutir el salario real y las condiciones estructurales del trabajo policial.
Sin embargo, el giro más preocupante llegó con la reacción política del Ministerio de Seguridad. En lugar de abrir un canal de diálogo amplio y descomprimir el conflicto, el gobierno optó por una narrativa que criminaliza la protesta. Se habló de infiltraciones, de sectores desplazados, de intentos de desestabilización y de acciones antijurídicas. El resultado concreto fue el pase a disponibilidad de al menos veinte efectivos, con retiro de armas y chalecos, por haberse sumado o no haber reprimido una protesta encabezada, en muchos casos, por familiares de policías.
El mensaje es claro y peligroso: el reclamo puede ser legítimo en el discurso, pero será castigado en la práctica. Esta lógica no sólo lejos está de resolver el conflicto, sino que amenaza con profundizarlo. Porque cuando el Estado responde con sanciones internas a un problema social, lo que hace es trasladar el conflicto hacia adentro de la institución, generando más bronca, más miedo y más silencios forzados.
A esto se suma otro elemento que no puede pasarse por alto. Horas antes de que estallara la protesta, numerosos portales de Rosario difundieron la idea de que la policía santafesina es la mejor paga del país. La contradicción entre ese relato y la realidad que se expresó en la calle funcionó como una verdadera provocación. Para quienes viven endeudados, agotados y bajo presión permanente, ese discurso no fue información: fue una burla.
El gobierno de Pullaro construyó buena parte de su legitimidad política sobre la promesa de orden y control. Pero gobernar no es sólo mostrar autoridad. También implica reconocer conflictos, asumir responsabilidades y dar respuestas que no se limiten a disciplinar. En este caso, el orden que se intenta imponer parece apoyarse más en el miedo y en el castigo que en una solución de fondo.
La protesta policial en Santa Fe incomoda porque pone en crisis un relato. Porque muestra que detrás del discurso de seguridad hay trabajadores precarizados, sin derechos básicos de organización y con una carga emocional que el Estado elige ver sólo cuando ya es demasiado tarde. Ignorar esa realidad o reducirla a una operación política no hará más que profundizar una fractura que, lejos de cerrarse, amenaza con extenderse a otras provincias.
