A tres meses del trágico siniestro vial ocurrido en General Lagos, Claudia —mamá de Naila— y la abogada de la familia, Corina Scocco, reclaman avances en la investigación judicial. Denuncian irregularidades en el procedimiento inicial, cuestionan la carátula de la causa y piden que se agraven las imputaciones contra el conductor involucrado.
A casi tres meses del trágico hecho que terminó con la vida de Naila, una joven de 23 años oriunda de Pueblo Esther, su familia continúa reclamando justicia y mayor celeridad en la investigación judicial. En una entrevista radial, Claudia, madre de la víctima, y la abogada Corina Scocco, representante legal de la familia, brindaron detalles sobre el estado de la causa, las dudas que persisten sobre el procedimiento inicial y el dolor que atraviesa el entorno de la joven.
El siniestro ocurrió en la madrugada de diciembre del año pasado, en inmediaciones de la Ruta 21 y el acceso conocido como “bajada La Mariposa”, en jurisdicción de General Lagos. Según reconstruyen los testimonios y la información incorporada a la causa, Naila circulaba en su motocicleta cuando fue impactada por un vehículo conducido por Rodrigo Jesús Acosta, quien salía desde un camino lateral hacia la ruta. La colisión resultó fatal para la joven.
Desde entonces, la familia de Naila inició un camino marcado por el duelo, pero también por la decisión de exigir que la justicia esclarezca lo sucedido y determine responsabilidades. “Hoy justo se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento y para nosotros es muy difícil hablar de esto, pero sentimos que es necesario hacerlo para que no quede en la nada”, expresó Claudia durante la entrevista.
La abogada Corina Scocco explicó que recientemente solicitaron constituirse formalmente como querellantes dentro de la causa penal, lo que les permitirá intervenir activamente en la investigación, ofrecer pruebas y solicitar medidas. “Presentamos el pedido la semana pasada. Aún no fuimos aceptados formalmente, pero es un paso fundamental para poder impulsar la investigación y acompañar el trabajo del fiscal”, señaló.
Actualmente, la causa está caratulada como homicidio culposo, la figura legal que suele aplicarse en siniestros viales. Sin embargo, la defensa de la familia busca que se incorporen agravantes que podrían incrementar la pena en caso de una eventual condena.
“Lo que estamos solicitando es que se contemple la conducta temeraria del conductor. El Código Penal establece claramente que determinadas conductas, como conducir bajo los efectos del alcohol o incumpliendo normas básicas de tránsito, pueden agravar la responsabilidad penal”, explicó la letrada.
Uno de los elementos centrales en los que se basa el planteo de la querella es el resultado del examen toxicológico realizado al conductor. Según consta en la causa, el análisis de sangre fue realizado aproximadamente tres horas después del siniestro y arrojó un nivel de 0,7 gramos de alcohol por litro de sangre.
De acuerdo con estudios médicos citados por la abogada, ese resultado indicaría que al momento del choque el conductor podría haber tenido una graduación alcohólica superior al límite permitido. “Hay investigaciones que indican que el alcohol en sangre desciende aproximadamente 0,12 gramos por hora. Si el test se realizó tres horas después y marcó 0,7, se puede inferir que al momento del siniestro el nivel era considerablemente mayor”, explicó.
A esto se suma otro elemento consignado en el acta policial: debajo del asiento del conductor se habría encontrado una botella de vodka abierta. Según la información incorporada al expediente, el envase fue devuelto posteriormente junto con las pertenencias personales del conductor.
Para la querella, estos datos son claves para demostrar una conducta imprudente al volante. “Si una persona se sube a un vehículo después de haber estado bebiendo y además ingresa a una ruta sin tomar las precauciones necesarias, estamos frente a una conducta que se aparta claramente de las normas de tránsito”, señaló Corina.
Otro de los puntos que genera preocupación en la familia es la forma en que se resguardó la escena del hecho y la recopilación inicial de pruebas. Según relató Claudia, cuando ella y otros familiares llegaron al lugar del siniestro —poco después de ocurrido— el conductor ya no se encontraba allí.
“Nos dijeron que lo habían trasladado inmediatamente a Rosario para hacerle el test de alcoholemia. Pero entonces no entendemos por qué ese análisis se realizó recién tres horas después”, cuestionó.
La abogada también expresó dudas sobre la preservación de evidencia y la búsqueda de testigos. En particular, mencionó que en la zona no se habrían revisado otras cámaras de seguridad cercanas que podrían aportar información sobre la secuencia previa al choque.
“El croquis policial indica que se verificó la existencia de cámaras únicamente en el punto exacto del hecho. Pero sabemos que en accesos cercanos hay dispositivos que podrían haber captado el paso de los vehículos. Lamentablemente, al solicitar esas grabaciones meses después, existe la posibilidad de que ya no estén disponibles”, advirtió.
Además, existen versiones que indican que el conductor no viajaba solo al momento del impacto. Sin embargo, según explicó Corina Scocco, la presencia de un acompañante no figura en los registros oficiales del procedimiento.
“Tenemos testimonios que hablan de un acompañante, pero no aparece mencionado en ningún acta ni informe. Eso es algo que también queremos investigar”, indicó.
En paralelo, la familia intenta reconstruir las horas previas al hecho. Según relató Claudia, tanto su hija como el conductor habían estado en el mismo local bailable durante la noche.
“Estaban en el mismo boliche. Después mi hija fue a buscar la moto a la casa de un primo para volver a casa. Y él aparentemente también salió de ahí y tomó el auto, que era del padre”, relató.
En medio del proceso judicial, la familia también denuncia la falta de empatía por parte del entorno del conductor. Claudia afirmó que nunca recibió un mensaje o gesto de acompañamiento por parte de la familia del joven.
Al consultarle a Claudia sobre si la familia del conductor se puso en comunicación con ella ante el hecho, la respuesta fue rotunda: “el único contacto fue un mensaje del padre a una amiga de Naila, en el que decía que estaba mal que llamaran asesino a su hijo y que la culpable había sido mi hija. Incluso mencionaron la posibilidad de iniciar acciones legales si seguíamos hablando”, contó.
La situación genera indignación en el entorno de la víctima. “Uno espera al menos una palabra, un gesto de respeto, algo. Pero no hubo nada”, expresó la madre.
Mientras tanto, el conductor continúa en libertad. Según explicó la abogada, esto se debe a que el delito imputado actualmente —homicidio culposo— no contempla prisión preventiva en la mayoría de los casos.
“Las penas previstas van de dos a cinco años y generalmente son de cumplimiento condicional. Por eso estamos insistiendo en la necesidad de revisar la carátula y evaluar los agravantes”, explicó.
El proceso judicial también enfrenta demoras en otras instancias. Por ejemplo, a tres meses del hecho, la familia aún no recibió el informe final de la autopsia de Naila.
“Entendemos que hubo feria judicial en el medio, pero son tiempos que para una familia resultan muy difíciles de atravesar”, señaló la abogada.
En paralelo a la causa penal, el entorno de la joven mantiene activa la movilización social para visibilizar el caso. Ya realizaron dos marchas en pedido de justicia y continúan organizando actividades para mantener viva la memoria de Naila.
Claudia explica que estas acciones son una forma de transformar el dolor en lucha. “No quiero que esto quede en la nada. Mi hija era una gran mamá, una gran hija y una gran amiga. Tenía proyectos, sueños, una vida por delante. Y todo eso se lo arrebataron en un instante”, expresó con emoción.
La joven era madre de una niña pequeña, quien hoy queda al cuidado de su familia. “Todos los días pregunta por su mamá. Ahora empezó la escuela y hay momentos que son muy duros”, contó Claudia.
El caso también pone en evidencia la dimensión humana detrás de cada siniestro vial. Más allá de las estadísticas, cada hecho deja familias atravesadas por el duelo y procesos judiciales que suelen extenderse durante años.
Por eso, para la familia de Naila, la prioridad es que la investigación avance y que todas las circunstancias del hecho sean analizadas con profundidad. “No buscamos venganza, buscamos justicia. Queremos que se investigue todo y que se determine la responsabilidad que corresponde”, concluyó Corina.
Mientras tanto, la familia continúa acompañada por organizaciones sociales y por vecinos que se suman a las convocatorias. El objetivo es claro: que la muerte de Naila no quede impune y que su historia sirva también para reflexionar sobre la responsabilidad al volante y la necesidad de que la justicia actúe con firmeza en los casos de violencia vial.
