El especialista Jorge Kohen sostiene que la tragedia de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años mató a un compañero, no es un hecho aislado sino “el punto extremo” de una violencia que lleva décadas gestándose en las escuelas. Critica que mientras las señales se acumulaban, la respuesta del gobierno provincial se desplazó hacia el control del ausentismo docente, y advierte: “Cuando la mirada se retrae, la violencia avanza”.
El 30 de marzo de 2026, un alumno de 15 años ingresó a su escuela en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y abrió fuego contra sus compañeros. Un adolescente de 13 años murió. Otros resultaron heridos. La escena, que podría pensarse como una excepción en el entramado educativo argentino, es para el Dr. Jorge Kohen, especialista en Medicina del Trabajo y con una larga trayectoria en investigación académica, el punto extremo de una secuencia que lleva décadas gestándose y que, pese a las advertencias reiteradas, no logró ser detenida a tiempo.
En un extenso análisis titulado “Violencia en la escuela: San Cristóbal, de lo evidente al hecho extremo”, Jorge Kohen sostiene que el caso no irrumpe en el vacío, sino que constituye la expresión límite de un proceso que pudo —y debió— ser leído con anticipación. “La pregunta emerge de inmediato, inevitable: ¿cómo pudo ocurrir? Pero enseguida aparece otra, más incómoda e incisiva: ¿realmente no se veía venir? ¿Nadie lo advirtió a tiempo? ¿Qué se hizo —o qué se dejó de hacer— frente a las señales que ya estaban allí? Y, en todo caso, ¿en qué estaban concentradas las autoridades mientras este proceso se gestaba a la vista de todos?”, plantea el especialista.
Jorge Kohen no se detiene en la biografía del agresor como explicación última. Para él, ese enfoque individualizante no solo resulta insuficiente, sino que desvía la mirada de lo verdaderamente relevante: la trama social y colectiva en la que la violencia se produce. “Esa lectura no puede operar como explicación última ni dirigir las acciones posteriores, porque desplaza el problema desde la trama social que lo produce hacia un individuo que termina cargando, en soledad, con lo que es expresión de un proceso colectivo”, advierte. Y agrega: “El envío de equipos de intervención al lugar, aunque esté encabezado por el propio ministro José Goity, una vez ocurrido el hecho, llega necesariamente tarde: actúa sobre las consecuencias y no sobre las condiciones que lo hicieron posible”.
El artículo recuerda que en enero de 2026, también en San Cristóbal, una adolescente de 15 años fue atacada por un grupo de jóvenes con armas blancas, sufriendo heridas graves en el rostro. La familia había denunciado hostigamientos previos y conflictos reiterados que se acumulaban sin respuesta. Durante 2025, otros hechos de violencia entre adolescentes habían ganado visibilidad pública, incluso a través de videos difundidos por familiares que pedían ayuda desesperadamente. La propia autoridad municipal terminó reconociendo que “había señales de alerta”. Lo que estos episodios muestran, afirma Jorge Kohen, no es la excepción sino la continuidad: “Una violencia que primero aparece como conflicto entre pares, luego escala en intensidad, y finalmente —en condiciones determinadas— irrumpe de forma extrema”.
Pero la advertencia, según el especialista, venía de mucho antes. Kohen recuerda que junto a la psicóloga Marité Colovini desarrollaron investigaciones en la primera década del siglo XXI que ya señalaban un cambio profundo en la relación entre violencia y escuela. En un artículo titulado “La violencia social en la trama y contexto del proceso educativo”, afirmaban que la violencia social había dejado de ser un elemento externo al ámbito escolar para penetrar sus paredes e instalarse en la trama misma de las relaciones escolares y el proceso pedagógico. Los datos de 2006 eran contundentes: el 72% de las escuelas registraban episodios de violencia, en un 16% ocurrían todos los días y en hasta un 10% se detectaba presencia de armas de fuego. “Es decir: la violencia no sólo estaba presente, sino que era estructural”, subraya.
Ese diagnóstico, sin embargo, no logró traducirse en una política sostenida de intervención. Con el paso del tiempo, el problema dejó de ser abordado en su complejidad. Kohen reconstruye una secuencia que permite identificar una lógica: primero, la violencia rodea a la escuela —balaceras contra fachadas, conflictos en el entorno—; luego, la atraviesa —armas que ingresan, amenazas, agresiones—; finalmente, se instala dentro —el acto extremo, el disparo en el corazón de la escuela. “En ese recorrido, lo que cambia no es la existencia del fenómeno, sino su intensidad y su localización”, explica.
Frente a esta evidencia, la pregunta para Jorge Kohen no es solo qué pasó, sino qué se hizo o qué se dejó de hacer. Y allí introduce una crítica central: mientras la investigación señalaba la centralidad de la violencia en la trama escolar, la respuesta institucional del gobierno provincial tendió a desplazarse hacia otros ejes. “El problema dejó de ser pensado en términos de producción de subjetividad, de lazos sociales, de condiciones de existencia. En su lugar, comenzaron a ocupar el centro variables administrativas: el cumplimiento de los días de clase, el control del ausentismo, los indicadores de presencia”, sostiene.
Jorge Kohen pone el foco en una decisión reciente del gobierno de Santa Fe: en marzo de 2026, se avanzó con la licitación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSaL), un esquema que centraliza el control de licencias médicas y el ausentismo de más de 150 mil trabajadores estatales, incluidos los docentes, y que implica la tercerización de esas funciones en una empresa privada. Con un presupuesto superior a los 23 mil millones de pesos, la iniciativa tiene como eje explícito “reducir el ausentismo”. “Sin embargo, esta focalización revela un sesgo significativo: la problemática de la salud laboral aparece abordada fundamentalmente como un problema de control y regulación de la presencia, más que como una cuestión vinculada a las condiciones reales de trabajo”, advierte.
El contraste con lo que ocurre en las escuelas es, para Kohen, revelador. “Mientras se documenta una creciente presencia de violencia —desde peleas y agresiones hasta balaceras contra establecimientos y, finalmente, hechos extremos como el de San Cristóbal—, la respuesta institucional no parece orientarse a fortalecer dispositivos de acompañamiento, intervención psicosocial o abordaje de los conflictos. Por el contrario, el eje se desplaza hacia la vigilancia del ausentismo y la gestión administrativa de las licencias”. Y agrega un dato central: como ya señalaba con Colovini, la violencia en la escuela no solo afecta a los alumnos, sino que constituye uno de los principales determinantes del sufrimiento y deterioro de la salud docente. Es decir, aquello que podría explicar parte del ausentismo —las condiciones de trabajo atravesadas por la violencia, la sobrecarga y la falta de dispositivos de apoyo— queda fuera del centro de la intervención.
Para Kohen, la implementación del SIPSaL aparece en tensión con la necesidad de abordar el problema en su raíz. “La delegación del control de la salud laboral a un sistema centralizado —y en gran medida tercerizado— corre el riesgo de reforzar una lógica de disciplinamiento, en lugar de construir una política integral de cuidado”. Y cita las voces docentes que advierten: “no es el comportamiento indisciplinado lo que está en el centro del sufrimiento, sino la ausencia de especialistas que provean una respuesta”. “Es decir: no falta control. Falta comprensión. Faltan dispositivos. Falta intervención antes del estallido”, resume.
Frente a este panorama, Jorge Kohen recupera las propuestas que elaboró junto a Colovini, que siguen ofreciendo un punto de partida sólido. No parten de la idea de “controlar la violencia”, sino de comprenderla. Plantean, en primer lugar, abandonar las explicaciones individualizantes: la violencia no es un atributo de sujetos aislados, sino un fenómeno social que se produce en condiciones determinadas. En segundo lugar, proponen construir un “nosotros” colectivo, generando espacios donde la palabra circule y los sujetos puedan apropiarse de su experiencia, en lugar de quedar capturados por discursos que los silencian. Y finalmente, subrayan la necesidad de dispositivos institucionales reales: equipos interdisciplinarios, articulación con políticas sociales, presencia efectiva del Estado en la escuela. “No como respuesta al hecho consumado, sino como intervención previa”, enfatiza.
El episodio de San Cristóbal, sostiene, expone un problema más profundo: la distancia entre lo que se sabía y lo que se hizo. “Las señales estaban. Los antecedentes también. La investigación y la intervención desarrollada durante años desde el Área Salud y Trabajo de la UNR lo habían señalado con claridad, y los hechos recientes no hicieron más que confirmarlo”. En ese marco, el especialista lanza una crítica directa al ministro de Educación de Santa Fe, José Goity: “Resulta difícilmente admisible que el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, con trayectoria en responsabilidades académicas de alto nivel en la propia Universidad Nacional de Rosario, no haya incorporado ese acervo de producción, diagnóstico e intervención generado desde su misma institución. No se trata de un conocimiento periférico, sino de líneas de trabajo consolidadas, con evidencia empírica y propuestas concretas. Que ese saber no haya sido considerado en la definición de políticas públicas no sólo constituye una omisión significativa, sino que revela una desconexión preocupante entre la universidad y la gestión estatal, precisamente allí donde esa articulación resulta más necesaria”.
“Pero la mirada se desplazó. Y cuando la mirada se retrae, intencionalmente se desplaza hacia el ‘ajuste’, la violencia avanza”, sentencia. Y concluye: “La escuela que alguna vez fue pensada como resguardo aparece hoy como el lugar donde esa tensión se vuelve visible. No porque haya fallado en su función, sino porque está atravesada por un proceso que la excede. Comprenderlo no es un ejercicio teórico. Es la condición para que lo ocurrido deje de repetirse. Porque si algo enseña esta secuencia es que la tragedia no empieza con el disparo. Empieza mucho antes”.
Lo ocurrido en San Cristóbal no puede ser leído como un hecho aislado ni como una anomalía. Es la expresión límite de una trama que se viene configurando desde hace años y que ha sido suficientemente señalada. “Si la violencia se instala allí donde la palabra queda excluida y los lazos se erosionan, la respuesta no puede reducirse al control, la sanción o la intervención tardía. Se trata de reconstruir condiciones de posibilidad: reponer la palabra, fortalecer los vínculos, producir un ‘nosotros’ que permita tramitar el conflicto sin que derive en destrucción. De lo contrario, la escuela seguirá siendo escenario de aquello que no logra resolverse en la sociedad. Y en ese punto, el problema deja de ser educativo para volverse, en sentido pleno, político y colectivo: o se transforma la trama que produce la violencia, o la violencia seguirá encontrando en la escuela el lugar donde hacerse visible” concluye en su escrito.