La abogada en Derechos Humanos Matilde Bruera analizó el conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no aplicar una norma ratificada por el Congreso. También advirtió sobre el deterioro del sistema universitario público y reclamó una resolución urgente de la Corte Suprema.
La discusión por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial y político tras la decisión del Gobierno nacional de recurrir a la Corte Suprema para frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, crecen los reclamos de sectores universitarios, gremiales y académicos que denuncian un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio públicas de todo el país.
La situación volvió a quedar en agenda luego de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada en distintas ciudades argentinas. En Rosario, miles de personas participaron de la movilización y de la concentración en el Monumento Nacional a la Bandera, en una convocatoria que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones sociales y políticas.
En diálogo con Enlace de Noticias, la abogada en Derechos Humanos Matilde Bruera sostuvo que la movilización mostró “muchísimos jóvenes reclamando por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario” y destacó especialmente la presencia de estudiantes secundarios. “Estamos defendiendo el futuro del país y el futuro de los jóvenes”, afirmó.
La ley en cuestión, la 27.795, fue aprobada por el Congreso de la Nación y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el Congreso rechazó ese veto con la mayoría agravada requerida por la Constitución Nacional, por lo que la norma quedó vigente.
Según explicó Matilde Bruera, el conflicto comenzó cuando el Poder Ejecutivo decidió no aplicar la ley argumentando que no existían partidas presupuestarias suficientes para sostenerla. “La promulga, pero saca un decreto diciendo que no la va a aplicar porque no tiene presupuesto, lo cual es una barbaridad”, señaló.
La abogada remarcó que el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo colectivo ante la Justicia contencioso administrativa y que tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara fallaron a favor de la aplicación de la norma. “El Poder Ejecutivo está obligado a cumplir la ley. Parece mentira que los jueces tengan que decirle al presidente y a los ministros que están obligados a cumplir la ley”, expresó.
El Gobierno nacional decidió luego recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que ahora deberá resolver el planteo. Mientras tanto, distintas universidades nacionales comenzaron a reclamar públicamente una definición urgente ante la profundización de la crisis presupuestaria.
La abogada advirtió que la demora judicial también puede transformarse en una forma indirecta de rechazo. “La Corte no tiene plazos para resolver, pero sí tiene un plazo político y social porque hay una urgencia. La universidad ya no se puede sostener”, afirmó.
Durante la entrevista, también rechazó uno de los principales argumentos del oficialismo, que sostiene que la ley “nació muerta” por no especificar partidas presupuestarias concretas. Según explicó, la Justicia ya desestimó ese planteo. “La ley posterior siempre deroga la anterior. No se puede contestar a una ley del Congreso con otra ley de igual jerarquía y anterior. Eso es un error técnico jurídico grave”, sostuvo.
Otro de los ejes del conflicto gira alrededor de las auditorías universitarias. Desde el Gobierno nacional aseguran que las universidades no permiten controles sobre el uso de los fondos públicos. Matilde Bruera negó esa acusación y afirmó que las casas de estudio cuentan con múltiples mecanismos de auditoría. “Hay pocas instituciones tan auditadas como la universidad pública”, señaló.
La abogada también alertó sobre el impacto concreto del desfinanciamiento en áreas sensibles como investigación, salud y salarios docentes. “Los docentes universitarios argentinos están considerados de excelencia en el ámbito internacional y tienen sueldos por debajo de la línea de indigencia”, afirmó. Y agregó que muchas investigaciones quedaron paralizadas, incluyendo proyectos vinculados a enfermedades como el cáncer.
Además del funcionamiento académico, remarcó que la crisis afecta servicios públicos que prestan las universidades, como hospitales universitarios, atención odontológica y distintos programas comunitarios.
Sobre una eventual resolución favorable de la Corte Suprema, Bruera consideró que el Estado nacional deberá cumplir con la aplicación integral de la ley y actualizar las partidas adeudadas durante el período de judicialización. También sostuvo que no existen nuevas instancias judiciales nacionales para seguir demorando el cumplimiento de la norma.
Finalmente, cuestionó con dureza la posición del Gobierno nacional y sostuvo que el incumplimiento de una ley aprobada por el Congreso implica una afectación del Estado de Derecho. “Un presidente que no cumple con la ley es pasible de juicio político”, afirmó.
Mientras la Corte Suprema analiza el expediente, el conflicto universitario continúa creciendo en las calles y en el ámbito político, en medio de una crisis presupuestaria que las universidades públicas describen como crítica y urgente.
