Gabriela Sosa, referente de Mumalá Rosario y Libres del Sur, analizó el contexto actual de la lucha contra la violencia de género, cuestionó el desfinanciamiento de políticas públicas y reclamó respuestas más eficaces del Estado y la Justicia.
A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en Argentina, organizaciones feministas volvieron a marchar este 3 de junio en todo el país para reclamar políticas públicas de prevención, asistencia y protección frente a los femicidios. En ese marco, Gabriela Sosa, referente de Mumalá Rosario y dirigente de Libres del Sur, dialogó con Enlace de Noticias sobre el contexto actual, los desafíos del movimiento feminista y las falencias institucionales que continúan repitiéndose en los casos de violencia extrema contra las mujeres.
La dirigente recordó que la movilización nació en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente asesinada en Rufino cuyo caso generó una conmoción nacional y dio origen a una de las expresiones sociales más masivas de los últimos años.
“Hoy marchamos en todo el país a 11 años de aquel primer Ni Una Menos. Lo hacemos en un contexto donde siguen produciéndose femicidios que generan una enorme conmoción social y que vuelven a mostrar las consecuencias de la ausencia de respuestas eficaces por parte del Estado y de una justicia que muchas veces sigue teniendo prácticas patriarcales”, señaló Sosa.
La referente feminista vinculó esta nueva movilización con los recientes casos de violencia machista ocurridos en distintos puntos del país y advirtió que, más allá de las estadísticas oficiales, la problemática continúa afectando a miles de mujeres.
Críticas al Gobierno nacional y preocupación por el desfinanciamiento
Durante la entrevista, Sosa cuestionó las declaraciones realizadas por integrantes del Gobierno nacional respecto de la violencia de género y sostuvo que existe una estrategia orientada a deslegitimar las políticas construidas durante años para prevenir y asistir a las víctimas.
“Las declaraciones de funcionarios nacionales forman parte de un conjunto de provocaciones que van desde la eliminación y el desfinanciamiento de programas de prevención y asistencia hasta la negación de los femicidios como fenómeno específico”, afirmó.
Según explicó, el debate no debería centrarse únicamente en la discusión estadística sino en las herramientas concretas que el Estado pone a disposición para proteger a quienes atraviesan situaciones de violencia.
“Tenemos un marco normativo muy claro que reconoce esta problemática y establece responsabilidades concretas para el Estado. Lo que vemos es un retroceso en la capacidad de respuesta frente a situaciones que requieren intervención inmediata”, sostuvo.
La dirigente también destacó que en ciudades como Rosario la violencia contra las mujeres se ve atravesada por otras problemáticas estructurales, como la desigualdad social y la criminalidad organizada.
“Hay mujeres que terminan siendo víctimas de contextos de violencia vinculados a economías delictivas o quedan atrapadas en situaciones donde las desigualdades sociales juegan un papel determinante”, explicó.
Las fallas que se repiten cuando una mujer pide ayuda
Uno de los aspectos más profundos de la entrevista estuvo relacionado con las dificultades que encuentran muchas mujeres cuando intentan salir de una situación de violencia.
Sosa sostuvo que una de las primeras barreras continúa siendo el acceso a la información. “Muchas veces las mujeres no saben dónde acudir, a quién pedir ayuda o cuáles son los recursos disponibles cuando atraviesan una situación de violencia”, señaló.
Sin embargo, aclaró que el problema no termina allí. Para la referente de Mumalá, tan importante como conocer los canales de asistencia es que las instituciones respondan de manera rápida y efectiva cuando una persona decide pedir ayuda.
“Si una mujer llega a un área social, a una comisaría o a un organismo estatal, tiene que recibir acompañamiento inmediato. Y si decide realizar una denuncia, esa denuncia debe llegar rápidamente a la Justicia y generar medidas de protección concretas”, explicó.
Entre esas medidas mencionó botones de alarma, dispositivos electrónicos de monitoreo y restricciones de acercamiento para agresores. No obstante, advirtió que persisten importantes vacíos en la implementación de esos mecanismos.
“Hay un problema que todavía no está resuelto y es quién controla efectivamente que las medidas de protección se cumplan. Ahí siguen existiendo responsabilidades que no están claramente definidas”, afirmó.
Según indicó, la falta de articulación entre organismos estatales y judiciales suele convertirse en uno de los puntos más débiles del sistema de protección.
Los desafíos del movimiento feminista en el contexto actual
Consultada sobre el escenario político y social que enfrenta el movimiento feminista, Sosa consideró que el principal desafío consiste en construir respuestas inteligentes frente a discursos cada vez más agresivos y negacionistas.
“Estamos acostumbradas a momentos donde nuestras demandas tienen más acompañamiento y otros donde son cuestionadas. Lo que cambia hoy es la intensidad de los ataques y el nivel de violencia con que se expresan determinados sectores del poder”, señaló.
Frente a ese escenario, llamó a evitar caer en provocaciones y a fortalecer las estrategias de comunicación y organización.
“Tenemos que denunciar la crueldad y el negacionismo, pero también ser inteligentes en la forma de construir nuestras respuestas. No podemos permitir que nos obliguen a discutir siempre en los términos que ellos plantean”, sostuvo.
La Justicia y las demoras que profundizan el daño
Sobre el final de la entrevista, Sosa también se refirió a los extensos tiempos judiciales que suelen atravesar las víctimas de violencia de género y abuso sexual.
Al ser consultada por una reciente condena dictada en la región tras varios años de proceso judicial, remarcó que las demoras generan nuevas formas de vulneración.
“En la Justicia, muchas veces la demora también es impunidad. Todo el tiempo que se prolonga una causa afecta a las víctimas, a sus familias y a toda la comunidad que espera respuestas”, afirmó.
Para la dirigente, el acceso a la Justicia no se limita al momento de la sentencia. “Empieza desde el instante en que una persona realiza una denuncia, en cómo es escuchada, en la rapidez de las actuaciones y en la capacidad del sistema para brindar reparación. Cuando eso no ocurre, también se está vulnerando un derecho”, sostuvo.
A once años del primer Ni Una Menos, las organizaciones feministas volvieron a ocupar las calles para reclamar políticas públicas sostenidas, una Justicia más eficiente y un compromiso institucional capaz de prevenir las violencias antes de que sea demasiado tarde. Para referentes como Gabriela Sosa, la movilización sigue siendo una herramienta necesaria frente a una problemática que continúa atravesando la vida de miles de mujeres en todo el país.
