Instituciones, trabajadores, familias y personas con discapacidad se reunirán en Rosario para impulsar medidas urgentes ante la falta de financiamiento y las deudas acumuladas del sistema.
La situación de los centros de atención y prestadores de servicios para personas con discapacidad atraviesa uno de sus momentos más críticos. Instituciones de toda la provincia de Santa Fe denuncian atrasos en los pagos de obras sociales y del programa nacional Incluir Salud, una problemática que ya provocó cierres de espacios y que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas.
En ese contexto, este jueves se realizará una reunión abierta en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Rosario para analizar la situación e impulsar acciones colectivas que permitan sostener el funcionamiento de las instituciones. Entre quienes participan de la convocatoria se encuentra la Asociación Civil ALAS, entidad con 38 años de trayectoria que desde hace semanas se convirtió en uno de los principales espacios de visibilización del conflicto.
Carla Bruno, trabajadora en discapacidad e integrante del Centro de Día ALAS, explicó que la crisis ya afecta tanto a las instituciones como a los trabajadores. “Hay muchas instituciones que están en situación de riesgo de cierre, pero no solamente eso. Hay trabajadores que vienen acumulando meses sin cobrar y existen deudas muy grandes de las obras sociales, pero sobre todo de Incluir Salud, que es la cobertura destinada a las personas que no pueden acceder a una obra social o prepaga”, señaló.
Según indicó, la situación se agravó durante el último año y amenaza la continuidad de servicios fundamentales para personas con discapacidad. “Nosotros creemos que esto es una situación muy grave y necesitamos que se visibilice porque realmente estamos en riesgo de cerrar. Cuando hablamos de los centros de día no estamos hablando de algo accesorio. Lo que garantizamos es la posibilidad de que una persona pueda desarrollar experiencias vitales que la constituyen como ser humano: la socialización, el desarrollo individual, el vínculo con otros, el acceso a los espacios públicos y a la cultura”, sostuvo.
El reclamo por una respuesta urgente
Desde el sector aseguran que la problemática no es nueva, pero que se profundizó a partir de los recortes nacionales y la falta de actualización de los recursos destinados a discapacidad. Bruno remarcó que durante los últimos meses el colectivo viene impulsando movilizaciones, propuestas y proyectos para intentar revertir la situación.
“Tenemos una ley de emergencia en discapacidad que nunca se cumplió. Sabemos que el Gobierno Nacional no está escuchando lo que está pasando y que las respuestas que obtenemos no son suficientes. Por eso empezamos a pensar en acudir a los espacios más cercanos, como la Provincia y los municipios, para buscar alternativas que permitan sostener el sistema”, afirmó.
En ese marco, el diputado provincial Carlos Delfrade presentó un proyecto para crear un fondo de emergencia destinado a instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad. La iniciativa busca brindar asistencia económica mientras continúan los reclamos para que Nación regularice los pagos y garantice el funcionamiento del sistema.
Bruno destacó que en distintas localidades santafesinas comenzaron a organizarse espacios de trabajo conjunto entre instituciones, familias y organizaciones vinculadas a la discapacidad. “No se trata solamente de visibilizar el problema. Nuestro horizonte es encontrar formas de resolverlo. En las reuniones participan trabajadores, familiares, personas con discapacidad y organizaciones con una larga trayectoria en la defensa de derechos. Lo que queremos evitar es que sigan cerrando instituciones”, expresó.
“Lo que está en juego es la igualdad de derechos”
La trabajadora advirtió que detrás de la crisis económica existe una discusión más profunda vinculada al acceso igualitario a las prestaciones. Según explicó, gran parte de los concurrentes de ALAS dependen exclusivamente de Incluir Salud para recibir atención.
“Las personas con discapacidad requieren un sistema de apoyos que fue conquistado a través de años de lucha de familiares y organizaciones. Lo que nosotros no queremos es que una persona con menos recursos tenga menos derechos que otra que puede acceder a una cobertura privada. En ALAS, el 80 por ciento de los concurrentes tiene Incluir Salud porque no puede acceder a otra obra social. Lo que está en juego es justamente la igualdad de derechos y la posibilidad de sostener una atención digna para todos”, manifestó.
Mientras las instituciones esperan respuestas concretas, la preocupación crece en todo el sector. Trabajadores, familias y usuarios advierten que la continuidad de los servicios depende de medidas urgentes que permitan sostener espacios que cumplen un rol central en la inclusión, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
