La concejala Carina Cappelletti defendió la decisión del Concejo Municipal de insistir con la aprobación de la ordenanza de Transparencia Activa, luego del veto parcial dispuesto por el Departamento Ejecutivo. La edil sostuvo que la norma busca garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la información pública y rechazó las críticas formuladas desde La Libertad Avanza. Durante la entrevista también se refirió a la ausencia de la concejala Kiney Compiano en la última sesión y destacó la aprobación de un proyecto de su autoría que crea un equipo interdisciplinario de acompañamiento sociopedagógico para niñas, niños y adolescentes.
El rechazo del veto parcial presentado por el Departamento Ejecutivo sobre la ordenanza de Transparencia Activa se convirtió en uno de los principales debates de la última sesión del Concejo Municipal de Pueblo Esther. Sin embargo, según explicó la concejala Carina Cappelletti, la discusión estuvo lejos de girar en torno al contenido de la norma y tuvo como eje una cuestión estrictamente institucional: el veto fue presentado fuera del plazo legal previsto para ese procedimiento.
En diálogo con Enlace de Noticias, la edil del bloque Juntos Pueblo Esther consideró necesario realizar una serie de aclaraciones luego de las interpretaciones que surgieron en redes sociales y de las declaraciones públicas realizadas posteriormente sobre el tema. Según explicó, el primer punto que debe precisarse es que el Ejecutivo no vetó la totalidad de la ordenanza, sino únicamente tres incisos incorporados a una normativa que ya se encontraba vigente.
“La primera aclaración que hay que hacer es que no se vetó toda la ordenanza de transparencia. Se trató de un veto parcial. Y también hay que recordar que esta no era una ordenanza nueva, sino una modificación de la Ordenanza de Acceso a la Información Pública que ya estaba vigente. Lo que incorporábamos era un nuevo capítulo referido a la transparencia activa”, explicó
La concejala recordó que la modificación buscaba avanzar sobre el concepto de transparencia activa, es decir, establecer la obligación de que el propio Estado publique de manera periódica determinada información vinculada con los actos de gobierno, sin necesidad de que sea solicitada previamente por la ciudadanía.
En ese sentido, señaló que la ordenanza incorporaba la publicación de decretos, licitaciones, información administrativa y otros datos vinculados al funcionamiento del Ejecutivo municipal. Entre ellos también figuraban las remuneraciones del gabinete político: “la transparencia activa obliga al Ejecutivo a publicar determinada información relacionada con los actos de gobierno. Entre otras cuestiones incluía la publicación de decretos, licitaciones y de los salarios del personal político. Eran aspectos que el propio Ejecutivo venía diciendo que publicaba, aunque en algunos casos aparecían y en otros no. Lo que hacía la ordenanza era establecer esa obligación de manera expresa”, sostuvo.
Carina Cappelletti explicó que las objeciones formuladas por el Ejecutivo estuvieron concentradas en tres incisos que, según la interpretación oficial, podían generar confusión respecto de la eventual publicación de datos personales o información sensible.
No obstante, aclaró que ese nunca fue el espíritu de la ordenanza y recordó que el proyecto había sido aprobado originalmente por unanimidad: “cuando debatimos la ordenanza en el Concejo nunca se planteó que pudiera afectar datos sensibles o personales. Después el Ejecutivo hizo esa lectura y decidió vetar solamente esos tres incisos. El problema es que ese veto fue presentado fuera del plazo establecido por la normativa”, afirmó.
Para la edil, ese aspecto terminó siendo determinante al momento de definir la postura del bloque. Más que discutir si el contenido del veto era correcto o no, la decisión pasó por defender el cumplimiento de las reglas institucionales que regulan la relación entre el Ejecutivo y el Concejo: “el Ejecutivo tiene un plazo determinado para promulgar o vetar una ordenanza. En este caso ese plazo estaba vencido. Si nosotros reclamamos mayor institucionalidad, estas cosas no pueden pasar. Después podrá discutirse el contenido de un veto, pero primero hay que respetar los procedimientos”, expresó.
La concejala señaló que el Departamento Ejecutivo argumentó posteriormente que los plazos debían computarse desde otro momento administrativo, aunque aseguró que el Concejo tiene perfectamente documentada la fecha en que la ordenanza fue remitida: “nosotros tenemos claro cuándo salió del Concejo. Desde ese momento comienzan a correr los diez días hábiles previstos por la normativa. Si hubo dificultades administrativas en el Ejecutivo para registrar el ingreso, será un mecanismo que deberán revisar internamente, pero eso no modifica los plazos legales”, sostuvo.
“La ordenanza sigue plenamente vigente”
Otro de los aspectos que Carina Cappelletti buscó aclarar durante la entrevista fue que el rechazo del veto no implicó volver a discutir el contenido integral de la ordenanza.
Por el contrario, explicó que la norma continúa vigente y que, aun cuando el veto hubiera sido presentado dentro de los plazos legales, la discusión únicamente habría alcanzado a los tres incisos objetados por el Ejecutivo. “La ordenanza nunca dejó de estar vigente. Incluso si el veto hubiera ingresado en tiempo y forma, solamente se discutían esos tres incisos. Por eso me parecía importante hacer estas aclaraciones, porque en algunos lugares se instaló la idea de que se había rechazado toda la ordenanza y eso no ocurrió”, remarcó.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el tratamiento sobre tablas impulsado por el bloque Juntos Pueblo Esther respondió precisamente a la necesidad de cerrar una discusión que, desde el punto de vista reglamentario, consideraban resuelta. “Cuando revisamos los plazos entendimos que no correspondía volver a discutir el contenido del veto en comisión porque el planteo era extemporáneo. Por eso decidimos impulsarlo sobre tablas y darle un cierre institucional al tema”, explicó.
La ausencia de Kiney Compiano y el funcionamiento del Concejo
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la ausencia de la concejala Kiney Compiano en la sesión donde se trató el veto. Consultada al respecto, la concejala evitó personalizar el debate, aunque señaló que la participación de todos los integrantes del cuerpo resulta importante cuando se discuten temas de relevancia institucional.
Explicó que cada concejal tiene la responsabilidad de representar a los vecinos que lo eligieron y que la presencia durante las sesiones constituye una parte esencial de esa tarea democrática: “cada concejal sabe cuáles son sus responsabilidades y los vecinos también observan cómo trabaja cada uno de sus representantes. Nosotros siempre apostamos al debate, al intercambio de ideas y a que las diferencias puedan resolverse dentro del ámbito institucional que corresponde.”
La ausencia de la concejala Kiney Compiano no fue planteada durante la sesión porque no se trató de una ausencia comunicada formalmente al cuerpo mediante un pedido de licencia o una justificación previa, mecanismo previsto para garantizar el normal funcionamiento institucional del Concejo.
Carina Cappelletti aclaró que la observación no respondió a una diferencia política sino al cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del órgano legislativo. En ese sentido, recordó que los concejales tienen la responsabilidad de asistir a las sesiones ordinarias y, cuando por razones personales, laborales o de salud no pueden hacerlo, deben comunicar formalmente esa situación al Concejo para que quede registrada institucionalmente.
Una herramienta para acompañar las trayectorias educativas
Además del debate por la transparencia, la última sesión dejó otro proyecto que Carina Cappelletti considera especialmente significativo. Se trata de la aprobación de una ordenanza de su autoría que crea un equipo interdisciplinario de acompañamiento sociopedagógico dentro del área de Políticas Sociales, destinado a intervenir en situaciones de vulnerabilidad que afectan las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa surge como respuesta a una realidad cada vez más compleja que atraviesan muchas familias y que termina impactando directamente sobre la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.
Según explicó la edil, el objetivo no es reemplazar el trabajo que realizan las escuelas, sino fortalecer la articulación entre las instituciones educativas, las familias y el Estado local para intervenir tempranamente cuando aparecen situaciones de riesgo: “hoy vemos que muchas dificultades escolares no tienen que ver únicamente con el aprendizaje. Detrás del ausentismo, de la desvinculación o de determinados problemas de conducta suelen existir situaciones familiares, sociales o emocionales que necesitan un abordaje integral. Por eso pensamos en un equipo interdisciplinario que pueda acompañar esos procesos antes de que el problema se agrave.”
La propuesta prevé la participación de profesionales de distintas disciplinas para trabajar de manera coordinada con los establecimientos educativos y con las distintas áreas municipales vinculadas a la protección de derechos. Para la concejala, la intervención temprana constituye una de las principales herramientas para evitar que muchas niñas, niños y adolescentes queden excluidos del sistema educativo o profundicen situaciones de vulnerabilidad.
“No podemos esperar a que los problemas sean irreversibles. Cuando el Estado logra intervenir a tiempo, acompañar a las familias y trabajar junto a las escuelas, las posibilidades de sostener las trayectorias educativas aumentan considerablemente. Ese es el espíritu de esta ordenanza” expresó.
