La investigadora Micaela Medero Larrosa cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Gobierno Nacional buscará tratar el próximo 6 de agosto. Sostuvo que la iniciativa elimina las principales restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, reduce herramientas de control del Estado y podría facilitar el acceso privado a zonas estratégicas como fronteras, humedales y reservas de agua dulce.
El tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para el 6 de agosto en el Congreso de la Nación, abrió un fuerte debate sobre el futuro de la política de tierras en Argentina. Mientras el Gobierno Nacional sostiene que la iniciativa busca brindar mayor seguridad jurídica para incentivar inversiones, desde el Observatorio de Tierras afirman que el texto modifica aspectos centrales de la legislación vigente y advierten que podría profundizar la extranjerización del territorio y debilitar el control estatal sobre recursos considerados estratégicos.
En diálogo con Enlace de Noticias, la investigadora Micaela Medero Larrosa, quien participó de las reuniones de comisión previas al debate parlamentario, sostuvo que el proyecto excede ampliamente la cuestión de la propiedad privada. “Se trata también de una ley ómnibus, porque no modifica únicamente la Ley de Tierras, sino que modifica la manera en que se pueden realizar expropiaciones, quitándole al Estado herramientas”, explicó al señalar que la iniciativa introduce cambios en distintos regímenes legales vinculados a la administración del territorio.
Uno de los puntos que mayor preocupación genera, según la especialista, es la derogación de los artículos centrales de la Ley de Tierras que hoy limitan al 15% la superficie rural que puede quedar en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y departamental. “Cambia completamente el paradigma de la regulación de la tierra en Argentina, porque de esta forma extranjeros pueden comprar tierras en lugares estratégicos para un país”, afirmó.
Para dimensionar el fenómeno, Medero Larrosa señaló que actualmente existen 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. “Para graficarlo decimos que 13 millones de hectáreas es la provincia de Santa Fe entera. Y si lo comparamos con otros países, es el territorio total que tiene Inglaterra”, indicó. Según explicó, muchas de esas superficies se encuentran en regiones de alto valor estratégico, como los humedales del Paraná, zonas con minerales críticos y áreas con importantes reservas de agua dulce.
La investigadora también advirtió que el proyecto elimina restricciones históricas sobre las tierras ubicadas en zonas de frontera. “La ley de inviolabilidad de la propiedad privada deroga no solo los artículos principales de la Ley de Tierras, sino también un decreto del año 1944 que establece limitaciones en zonas fronterizas y ahí ya perderíamos el control de nuestras fronteras”, expresó al advertir sobre las implicancias que, a su entender, tendría la reforma en materia de soberanía nacional.
Frente al argumento del Gobierno de que la iniciativa favorecerá nuevas inversiones y la creación de empleo, Medero Larrosa sostuvo que esa política debe analizarse junto con otras medidas ya implementadas. Mencionó, entre ellas, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que la flexibilización para adquirir tierras complementa un esquema orientado a facilitar el desembarco de grandes capitales privados.
Durante la entrevista también comparó la legislación argentina con la de otros países. Explicó que naciones como Brasil, México, Chile, Uruguay y Estados Unidos mantienen distintos mecanismos de regulación sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en zonas sensibles. En cambio, sostuvo que la propuesta oficial implicaría la eliminación de los registros existentes. “El Estado pierde control, conocimiento sobre quiénes son los propietarios y el mapa de información sistematizada”, afirmó.
Respecto del escenario legislativo, señaló que el Observatorio de Tierras mantiene conversaciones con distintos senadores para intentar frenar la aprobación del proyecto, especialmente con representantes de provincias fronterizas como Misiones, donde consideran que el impacto sería particularmente significativo. Mientras tanto, organizaciones sindicales, sociales y ambientales convocaron a movilizaciones para el próximo 6 de agosto, fecha prevista para el tratamiento de la iniciativa en el Senado. En Rosario, una de las concentraciones se realizará en Plaza San Martín.
