El cuerpo legislativo dio luz verde a un paquete de normas que regula desde la recepción de peticiones y reclamos hasta la tramitación de iniciativas populares, las solicitudes de exposición en comisión y un compromiso de confidencialidad para asesores. Las medidas apuntan a dar un circuito uniforme a la participación vecinal y a coordinar el acceso a la información con la protección de datos personales.
El Concejo Municipal de Pueblo Esther aprobó en su última sesión un conjunto de cuatro resoluciones que buscan ordenar y fortalecer los canales de participación ciudadana. Los dictámenes, emitidos por la Comisión de Gestión en sus reuniones del 1 y 8 de octubre, fueron aprobados con carácter favorable y llevan fecha del 13 de octubre de 2026. Se trata de la Resolución N.º 7/2026, sobre peticiones, reclamos y quejas; la N.º 8/2026, sobre propuestas e iniciativas ciudadanas; la N.º 9/2026, sobre solicitudes de exposición y reuniones institucionales; y la N.º 10/2026, que aprueba un Compromiso Institucional de Confidencialidad y Tratamiento Responsable de la Información.
El paquete normativo apunta a un mismo objetivo: dar un circuito claro y uniforme a las distintas formas de participación vecinal, desde la simple petición hasta la iniciativa popular con respaldo de firmas, y coordinar esa apertura con el resguardo de los datos personales y de la información legalmente reservada. En todos los casos, las resoluciones aclaran que la recepción de una presentación no implica su aprobación ni genera automáticamente un proyecto legislativo, una reunión o un pedido de informes.
Resolución N.º 7/2026: peticiones, reclamos y quejas
La primera de las normas aprueba un procedimiento interno para la recepción, registro, encuadre y seguimiento de peticiones, reclamos y quejas de vecinos e instituciones. Establece que las presentaciones deberán indicar nombre y apellido del presentante, DNI o identificación equivalente, domicilio, medio de contacto, objeto del pedido y firma con aclaración. Cuando se invoque la representación de una institución o de terceros, deberá identificarse al representante y acompañar la documentación que acredite ese carácter.
La Secretaría Administrativa, por intermedio de Mesa de Entradas, registrará la documentación y entregará una constancia. Si faltan datos indispensables, firma o acreditación de representación, se otorgará un plazo de diez días hábiles administrativos para subsanar, sin que ello impida el registro de recepción. La Secretaría Legislativa realizará una revisión preliminar del objeto, los antecedentes y la competencia dentro de los diez días hábiles de contar con los elementos indispensables, y elevará a Presidencia una propuesta de trámite.
Uno de los puntos centrales es la distinción entre las competencias del Concejo y las funciones ejecutivas de la Municipalidad. Cuando el pedido se refiera a actuaciones de ejecución material o administrativa propias del Departamento Ejecutivo, se solicitarán los antecedentes del reclamo previo, su número de expediente y la respuesta recibida, si existieran. Si no se hubiera realizado esa presentación, se informará el canal correspondiente. La norma aclara que ello no impedirá registrar la petición ni adoptar las actuaciones que sean competencia propia del Concejo.
La comunicación al presentante sobre el encuadre y curso de la presentación se realizará dentro de los treinta días hábiles administrativos del ingreso. Esa comunicación no implica obligación de resolver el fondo dentro de ese plazo, y las solicitudes sujetas a procedimientos especiales, como los pedidos de información pública, conservarán sus reglas y plazos propios. El formulario incluirá una sección de uso interno y un talón desprendible que consignará fecha, número de registro o expediente, nombre del presentante, asunto, documentación recibida y firma y sello del agente receptor.
Resolución N.º 8/2026: propuestas e iniciativas ciudadanas
La segunda norma establece el procedimiento para la recepción y el encuadre de propuestas e iniciativas ciudadanas, complementario del artículo 78 del Reglamento Interno. La resolución distingue dos vías de tramitación: las propuestas que cuentan con el apoyo expreso de al menos un concejal y las que se presentan como iniciativa popular con respaldo de firmas.
En el primer caso, la propuesta podrá tramitar como proyecto con el apoyo de un concejal, sin exigir el mínimo de adhesiones establecido para la iniciativa popular. En el segundo, se requerirán cien firmas válidas para propuestas de alcance municipal o cincuenta para propuestas de alcance estrictamente barrial. La falta de estos respaldos no impedirá recibir y registrar la presentación como petición o propuesta individual, sin conferirle automáticamente carácter de proyecto legislativo.
La resolución precisa que se considerará de alcance estrictamente barrial aquella propuesta cuyo objeto y efectos directos se circunscriban a un barrio o sector territorial identificado, sin establecer reglas generales para toda la ciudad ni trasladar sus efectos principales a otros sectores. Las restantes se considerarán de alcance municipal. La Secretaría Legislativa propondrá el encuadre territorial y cualquier controversia será resuelta por el Cuerpo mediante decisión fundada.
Sobre las adhesiones, la norma establece que deberán corresponder a personas mayores de 18 años domiciliadas en Pueblo Esther. Para propuestas barriales, los adherentes deberán domiciliarse en el ámbito territorial involucrado. Cada firma deberá acompañarse de nombre y apellido, DNI o identificación equivalente, domicilio y fecha. Cada hoja del pliego deberá identificar inequívocamente el proyecto y acompañar su texto, de modo que los firmantes conozcan lo que respaldan. No se computarán adhesiones duplicadas ni aquellas cuya identidad, domicilio o vinculación con el proyecto no puedan verificarse.
La resolución también establece las materias excluidas de la iniciativa popular: no podrán tramitarse por esa vía los proyectos referidos a Cartas Orgánicas, materia tributaria o presupuestaria ni aquellos contrarios a principios, garantías y derechos constitucionales, conforme al artículo 76 de la Ley provincial 14.436. La improcedencia de esa vía será comunicada fundadamente, pudiendo conservarse la presentación como petición y orientarse hacia el procedimiento legalmente competente.
En materia de erogaciones, la norma aclara que la existencia de costos accesorios de implementación no determinará por sí sola el carácter presupuestario de una propuesta. Cuando el proyecto importe erogaciones que no cuenten con partida específica, deberá acompañarse una propuesta de financiación conforme al artículo 79 del Reglamento Interno. La admisión no autoriza gastos ni dispone por sí misma su imputación presupuestaria.
Resolución N.º 9/2026: solicitudes de exposición y reuniones institucionales
La tercera norma aprueba el procedimiento interno de recepción y organización de solicitudes de exposición ciudadana y reuniones institucionales. La resolución preserva las facultades del Cuerpo y de las comisiones para conceder y organizar reuniones, y distingue estos mecanismos de las audiencias públicas y del uso de la palabra en sesión.
Las solicitudes deberán identificar al presentante mediante nombre y apellido, DNI o identificación equivalente, domicilio, medio de contacto, firma y aclaración. Indicarán asunto, motivos, actuación solicitada, personas propuestas para intervenir y antecedentes disponibles. Cuando se invoque representación institucional, se identificará su carácter y se acompañará su acreditación cuando corresponda. Podrán presentarse individual o colectivamente.
La Secretaría Administrativa registrará el pedido y la Secretaría Legislativa propondrá su encuadre. Las omisiones indispensables podrán subsanarse dentro de diez días hábiles administrativos. La concesión de una audiencia del Cuerpo corresponderá al Concejo; las reuniones en comisión serán decididas por la comisión competente conforme al artículo 68 del Reglamento Interno.
Dentro de los treinta días hábiles administrativos del ingreso se comunicará la decisión, las aclaraciones necesarias o el estado del trámite. Si se concede la reunión, se informarán fecha, lugar, objeto, participantes, modalidad y condiciones de intervención. La norma aclara que la solicitud no concede automáticamente una reunión.
Las reuniones tendrán un objeto definido y antecedentes distribuidos previamente. El órgano convocante establecerá conducción, orden y tiempos de intervención, contemplando accesibilidad y participación equitativa. Se dejará constancia de los planteos, acuerdos y próximos pasos. La exposición no implicará compromiso de aprobación legislativa, ejecución de obras ni autorización de gastos.
La resolución también precisa su alcance: regula solicitudes de exposición en comisión y reuniones institucionales, pero no crea el régimen de audiencias públicas del artículo 80 de la Ley provincial 14.436 ni habilita por sí misma el uso de la palabra durante una sesión. En materia de transparencia, se identificarán las representaciones invocadas y los intereses directamente vinculados con el asunto que se informen, pero no se exigirá declarar afiliación política o sindical.
Resolución N.º 10/2026: confidencialidad y tratamiento responsable de la información
La cuarta norma aprueba el Compromiso Institucional de Confidencialidad y Tratamiento Responsable de la Información, que se aplicará a asesores y asistentes del Concejo y de sus bloques. Las personas externas que participen como observadores, practicantes o colaboradores autorizados deberán suscribirlo cuando sus tareas o accesos comprendan información protegida. La suscripción no constituye requisito para asistir a actos públicos ni para ejercer derechos de participación o acceso a información pública.
La resolución delimita las tareas y los accesos autorizados, el fundamento de la reserva, los medios de trabajo y los destinatarios habilitados. Su implementación respetará el régimen de publicidad, protección de datos y acceso a la información, y el compromiso no sustituye las normas de ética y responsabilidad aplicables a los concejales ni habilita accesos por sí mismo.
La Secretaría Legislativa, bajo la coordinación de Presidencia, tendrá a cargo la entrega de copias, la organización de la suscripción y la conservación de las constancias. Cada registro identificará a la persona, sus tareas, bloque o área de referencia, responsable de coordinación y acto o constancia de acreditación. La firma se organizará a partir de la aprobación de la resolución y, para las nuevas incorporaciones, se instrumentará antes del acceso autorizado a información protegida. Las personas que ya desarrollen tareas serán convocadas a suscribirlo, sin que esta previsión suspenda automáticamente sus funciones o haberes.
Los posibles incumplimientos se tramitarán ante la autoridad competente conforme a la normativa aplicable y al debido procedimiento. La norma aclara que no crea multas, retenciones de haberes ni pérdida automática de fondos.
Un mismo eje: ordenar la participación y proteger los datos
Las cuatro resoluciones comparten un mismo eje: ordenar la participación ciudadana y, al mismo tiempo, resguardar la información. En todos los casos se aprobaron formularios con una sección de uso interno y un talón desprendible de recepción, y se encomendó a Presidencia y a las Secretarías la implementación y difusión de los procedimientos con los medios disponibles.
El paquete normativo fue trabajado en la Comisión de Gestión durante las reuniones del 1 y 8 de octubre, y aprobado en la sesión del 13 de octubre. Las resoluciones llevan la fecha de Pueblo Esther, 13 de octubre de 2026.
