Juan Pablo Sarkissian, del Sindicato de Prensa de Rosario, advirtió que la reforma laboral abre la puerta a mayor precarización, cuestionó la concentración mediática en la ciudad y denunció una “mordaza” informativa en torno a la protesta policial.
En medio del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el Sindicato de Prensa de Rosario encendió las alarmas ante la posibilidad de que se derogue el Estatuto del Periodista Profesional, una norma histórica que regula las condiciones laborales específicas de la actividad. Juan Pablo Sarkissian, referente del gremio, aseguró que la iniciativa oficial no sólo amenaza derechos adquiridos sino que podría profundizar un escenario de precarización ya crítico en el sector.
“Lo que hay que puntualizar es que la derogación del Estatuto del Periodista y su anexo, que regula a los trabajadores administrativos de empresas periodísticas, está en la picota dentro de la llamada reforma laboral. Nosotros rechazamos esta reforma porque no es tal, y esto está adentro”, sostuvo.
Un trabajo contrarreloj en el Senado
Según explicó Juan Pablo Sarkissian, los sindicatos de prensa de todo el país —entre ellos Sipreba, los gremios de Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mar del Plata— conformaron una mesa nacional para intentar frenar la avanzada. “Venimos haciendo un trabajo intensivo. Hemos recorrido todos los bloques que estuvieron dispuestos a escucharnos. Algunos directamente no respondieron, pero con otros nos sentamos, presencialmente o de manera virtual, a plantear nuestra posición”, detalló.
En esas reuniones, dijo, encontraron matices pero también señales preocupantes. “Da la sensación de que hay un acuerdo para avanzar con la reforma laboral, con algunos retoques en el tema del Estatuto. Se habla de 20, 25 o hasta 30 modificaciones. Ninguna nos convence, ninguna nos asegura nada”, afirmó.
Para el dirigente sindical, el debate parlamentario carece de honestidad. “No es franco ni sincero. Hay una cantidad de falacias y mentiras. En realidad lo que se busca es que las empresas periodísticas puedan explotar, precarizar y despedir con mayor libertad”, denunció.
Sobre la posibilidad de frenar la norma en la Justicia en caso de que sea aprobada, Sarkissian fue cauto: “Una ley aprobada por el Congreso es más compleja de impugnar que un decreto. No se puede accionar en abstracto. Habría que esperar un hecho concreto, que alguna empresa aplique la nueva norma y recién ahí iniciar un reclamo. Es un escenario muy complejo”.
Salarios deprimidos y concentración mediática
El secretario del Sindicato de Prensa de Rosario describió un panorama laboral alarmante. “En términos absolutos y relativos es el peor momento de la historia. Los salarios están absolutamente deprimidos, las condiciones de trabajo son malas y no hay interés empresario en fortalecer la práctica periodística”, afirmó.
En ese sentido, apuntó directamente contra los grandes grupos mediáticos. “Hoy las empresas periodísticas son holdings que tienen otros negocios. Les preocupa más sostener esos negocios que la producción periodística. Para lo único que no hay plata es para mejorar las condiciones laborales y los salarios”, remarcó.
Sarkissian subrayó que en Rosario la concentración es “brutal”. Enumeró que el mismo grupo empresario controla Televisión Litoral (Canal 3, Rosario3.com y Radio 2), LT8 y recientemente adquirió Telefe Rosario, dejando fuera de ese esquema sólo a algunos medios cooperativos, comunitarios o públicos. “Cuando se toman determinadas decisiones editoriales aparece un apagón informativo”, advirtió.
Conflicto policial y denuncias de censura
En ese contexto, el dirigente sindical vinculó la discusión laboral con lo ocurrido durante la cobertura del levantamiento policial en la provincia. Según relató, trabajadores de prensa fueron agredidos mientras realizaban su tarea, en un clima de tensión alimentado —según señaló— por decisiones empresarias de limitar la cobertura.
“Hace tres o cuatro días que estalló el conflicto policial y los medios no lo cubrían. De golpe aparecen y los que reciben las agresiones son los compañeros y las compañeras que están en la calle”, explicó. Mencionó el caso de un camarógrafo y de una trabajadora que fueron insultados y hostigados. “Ese límite es muy estrecho y nos preocupa mucho”, añadió.
El dirigente cuestionó que determinadas decisiones editoriales —como cortar una transmisión cuando intervenía un ex funcionario vinculado al conflicto— no recaen sobre los periodistas sino sobre las empresas. “Estamos tratando de hablar incluso con quienes llevan adelante la protesta para explicarles que esas decisiones son empresariales. Los trabajadores no definen qué se cubre y qué no”, aclaró.
Para Juan Pablo, la situación se enmarca en un clima político adverso para la libertad de expresión. “Cuando el propio presidente dice que hay que odiar más a los periodistas, esos discursos después se materializan. Por ahora no tenemos hechos físicos graves, pero sí hay daño en la salud mental, temores para salir a trabajar”, sostuvo.
También vinculó la situación con el rol del gobierno provincial. Sin mencionarlo en términos personales, señaló que la fuerte pauta oficial y los acuerdos políticos inciden en las líneas editoriales. “Hay una alianza como nunca vista entre el poder político y las empresas periodísticas. Eso limita el ejercicio profesional y el derecho a la información pública”, afirmó.
El desafío que viene
Consultado sobre el futuro del sector, Sarkissian apeló a la organización colectiva. “El camino que nos queda es la pelea, la disputa y la resistencia. Salir a la calle, como lo hicimos en la movilización masiva en Plaza San Martín. Discutir con nuestros compañeros y compañeras lo que significan estas políticas”, expresó.
Y concluyó con una advertencia: “Esto no es exclusivo de los periodistas. La destrucción de derechos y salarios atraviesa a todos los trabajadores. Si se deroga el Estatuto del Periodista, no es un detalle técnico: es un paso más en la precarización de una actividad clave para la democracia”.
En un escenario de reforma laboral, concentración mediática y conflictos sociales en escalada, la situación de los trabajadores de prensa en Rosario expone un debate de fondo: el futuro del derecho a la información y las condiciones en que se ejerce el periodismo en la Argentina.