Un informe del Centro de Economía Política Argentina advierte que el 63% de los conflictos estuvieron vinculados a despidos. Santa Fe es la segunda provincia más afectada y ya perdió más de 10.000 empleos registrados desde fines de 2023.
A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe sobre conflictividad laboral que releva más de 700 conflictos en todo el país entre enero de 2024 y febrero de 2026. El dato central es contundente: casi dos tercios de esos conflictos, el 63%, estuvieron relacionados con despidos.
Lucila Rivolta, economista de CEPA, explicó que el estudio se elaboró a partir del seguimiento de medios periodísticos y comunicaciones sindicales en todo el territorio nacional. “Lo que vemos es que al menos hubo más de 700 conflictos laborales en todo el país. Y el dato central es que el 63% estuvieron vinculados a despidos”, señaló.
La investigadora vinculó estos conflictos con la pérdida de empleo formal registrada en datos oficiales. “De noviembre de 2023 a noviembre de 2025 se perdieron más de 290.000 puestos de trabajo registrados a nivel nacional”, detalló. En la provincia de Santa Fe, la cifra supera los 10.000 empleos formales perdidos entre el sector público y el privado.
Industria y pymes, en el centro de la crisis
El informe identifica a la industria como el sector más afectado por la conflictividad. Dentro de ese universo, las ramas textil, alimenticia y metalúrgica concentran la mayor cantidad de conflictos.
“Las provincias con mayor cantidad de conflictos son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que son justamente las que tienen un fuerte entramado industrial”, explicó Rivolta. Según el relevamiento, Santa Fe se ubica como la segunda provincia más afectada.
A esto se suma el cierre masivo de empresas. CEPA señala que, a nivel nacional, cerraron cerca de 22.000 empresas en el período analizado. En Santa Fe, el número asciende a 2.300 cierres en dos años.
El 85% de las empresas que bajaron sus persianas son pymes. “Cuando hablamos de pymes nos referimos a empresas con menos de 50 empleados, generalmente de carácter familiar, que no responden a grandes grupos económicos”, explicó la economista.
Rivolta remarcó que las pequeñas y medianas empresas suelen “aguantar” los despidos hasta el límite. “En las pymes no hay grandes rotaciones de empleados. Muchas veces son trabajadores que se formaron ahí y permanecen durante años. Por eso, cuando una pyme despide o cierra, es porque ya no puede sostener la situación”, sostuvo.
Apertura de importaciones y caída del consumo
Para CEPA, el escenario actual responde a un modelo económico que combina apertura de importaciones con fuerte caída del consumo interno. “Es un cóctel explosivo principalmente para las pymes”, afirmó Rivolta.
La investigadora fue clara al cuestionar la idea de que una reforma laboral, por sí sola, pueda generar empleo. “No hay reforma laboral que valga si no se reactivan sectores clave como la industria. Cuando dicen que va a generar más empleo, eso está por verse”, señaló.
En Santa Fe, el impacto se refleja tanto en pymes como en grandes empresas. Rivolta mencionó el caso de Lácteos Verónica, que paralizó sus plantas industriales, y la situación de General Motors y otras firmas del entramado industrial provincial.
“La crisis industrial no solo afecta a las pymes, también a grandes empresas que reestructuran, paralizan producción o despiden trabajadores”, explicó.
Reforma laboral y modelo de país
Durante la entrevista, Rivolta también vinculó el informe con el debate por la reforma laboral en el Congreso. Cuestionó especialmente la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que, según su análisis, podría implicar mayores cargas para pymes y desfinanciamiento del sistema previsional.
“Por un lado se financia la indemnización y por otro se desfinancia el sistema jubilatorio. Estamos viendo claramente el modelo de país al que apunta el gobierno”, sostuvo.
La economista también advirtió que la baja de alícuotas del impuesto a las ganancias para grandes empresas impacta en la recaudación provincial, ya que se trata de un tributo coparticipable.
Un mapa federal de la conflictividad
CEPA elaboró además un mapa federal de los conflictos, que incluye no solo despidos, sino también suspensiones, paralizaciones de producción y cierres de plantas.
Para Rivolta, el volumen de conflictos refleja un deterioro estructural del mercado laboral. “No se trata de casos aislados. Estamos hablando de un proceso extendido en todo el país”, indicó.
El informe abre un debate sobre el rumbo económico y sus consecuencias en el empleo formal. A dos años del inicio de la actual gestión nacional, los datos muestran una conflictividad elevada, con fuerte impacto en la industria y en el entramado pyme, especialmente en provincias de perfil productivo como Santa Fe.
Mientras el oficialismo impulsa reformas bajo la promesa de mayor competitividad y empleo, desde CEPA sostienen que sin políticas de reactivación productiva el escenario laboral seguirá tensionado.
El informe completo puede consultarse en el sitio oficial del Centro de Economía Política Argentina.