El Movimiento por el Agua, junto a otras organizaciones, presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Acusan incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, destacando la falta de estudios ambientales y participación ciudadana en el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El proceso licitatorio para privatizar la Vía Navegable Troncal, popularmente conocida como Hidrovía, ha encendido alarmas en el ámbito judicial y ambiental. Gabriela Ferrer, abogada del Movimiento por el Agua (MOPEA), en conjunto con Fernando Cabaleiro de Naturaleza de Derechos y Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentó el pasado 13 de enero una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo. , y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Miguel Arreseygor. La denuncia, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, señala graves irregularidades en el proceso licitatorio, además de la violación de normativas ambientales y derechos ciudadanos.
“La licitación proyecta concesiones por 30 años, renovables por otros 30, sin haber realizado un estudio de impacto ambiental acumulativo ni estratégico, como lo exigen las leyes nacionales e internacionales”, explicó Ferrer. La abogada destacó que la profundización del calado de 32 a 44 pies, prevista en los pliegos, puede ocasionar consecuencias irreversibles en la cuenca del Paraná y del Río de la Plata. Estos afectan no solo al ecosistema, sino también a más de 20 millones de personas que dependen del agua de estos ríos para su consumo diario.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la omisión de instancias de participación ciudadana, un requisito fundamental del Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina en 2020. “Las empresas vinculadas al proyecto tuvieron acceso a los pliegos y pudieron opinar, mientras que a la ciudadanía, que será la más afectada, se le negó toda intervención”, denunció Ferrer.
Además de la contaminación por remoción de sedimentos altamente tóxicos, se advierte que la canalización del agua hacia el centro del río podría provocar la desecación de afluentes y arroyos que abastecen a localidades enteras. Ejemplos históricos, como el colapso de humedales en Santa Fe o el anegamiento de arroyos en Tigre por dragados anteriores, refuerzan las preocupaciones de las organizaciones.
“El Estado ignora las leyes de orden público ambiental, y prioriza los intereses económicos sobre la preservación de la vida y el medio ambiente. No se puede permitir que se hipoteque el futuro de estas cuencas y las generaciones venideras”, concluyó Ferrer, quien junto a sus colegas exigen la suspensión inmediata del proceso licitatorio y la implementación de estudios de impacto previos.
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