La ex directora del Hospital Nacional en Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, Edith Benedetti, advirtió sobre las graves consecuencias sociales y sanitarias que provocará la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la institución. Benedetti señaló que el cierre representa un retroceso en la atención de la salud mental en el país y afectará a miles de personas que dependen de los servicios especializados que el hospital ofrece.
En una decisión que ha generado una ola de manifestaciones, el gobierno de Javier Milei anunció el cierre del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, una institución clave en el tratamiento de salud mental y adicciones. Esta medida, que inicialmente fue presentada como un “cierre”, y luego suavizada con la idea de una “reestructuración”, ha encendido alarmas entre profesionales de la salud, pacientes y familiares. Para Edith Benedetti, ex directora del hospital, la situación es crítica y evidencia un retroceso en el abordaje de la salud mental en Argentina.
“El Hospital Laura Bonaparte no es solo un centro de atención, es un espacio que desde su creación se dedicó a garantizar el derecho a la salud mental para todos los ciudadanos”, expresó Benedetti. Ella fue directora de la institución en dos oportunidades, y en la primera gestión, entre 2012 y 2015, lideró la transformación del antiguo Centro Nacional de Reeducación Social en lo que hoy conocemos como el Hospital Bonaparte. “En ese tiempo, trabajamos en un plan estratégico para implementar la Ley Nacional de Salud Mental, que garantizara accesibilidad y tratamientos integrales para las personas que lo necesitaran”, explicó.
El anuncio de cierre generó protestas inmediatas: pacientes, familiares y trabajadores de la salud del hospital realizaron un abrazo simbólico y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó un acto para visibilizar su rechazo a la medida. “Estamos frente a una decisión sin criterio, que no considera la importancia del hospital en la red nacional de salud mental”, advirtió Benedetti.
Una crisis de salud mental en puerta
El impacto del cierre es más que significativo, especialmente en un contexto donde la demanda por servicios de salud mental ha aumentado exponencialmente debido a la crisis social y económica que atraviesa el país. Según Benedetti, el hospital atiende actualmente a más de 25.000 pacientes de manera ambulatoria, y equipos interdisciplinarios brindan atención en zonas vulnerables como la Villa Zabaleta, donde el hospital también opera.
“El hospital no solo se encarga de las internaciones, que suelen ser cortas para no desvincular a los pacientes de sus realidades cotidianas, sino que tiene un fuerte trabajo en territorio, con operativos de atención y prevención en barrios marginados”, detalló Benedetti. “Este trabajo no aparece en los números fríos que presenta el gobierno. Ellos hablan de siete internaciones, pero el verdadero impacto del hospital está en la atención ambulatoria y en la prevención de crisis en comunidades vulnerables”, sostuvo.
El dispositivo que el hospital mantiene en la Villa Zabaleta es un ejemplo de ello. “Allí se armó un espacio de salud mental en el medio de la villa, en una casa que antes era un búnker de narcotráfico. Desde entonces, no ha habido más enfrentamientos de bandas en esa zona, y el trabajo con los jóvenes y vecinos ha tenido un impacto preventivo enorme”, relató la ex directora. Sin embargo, esta labor no es considerada por el gobierno en sus argumentos para avanzar con el cierre.
Derecho a la salud vs. lógicas de mercado
La tensión que subyace a esta decisión, según Benedetti, radica en una cuestión de fondo: “¿Consideramos la salud como un derecho o como un gasto que debe ajustarse a las reglas del mercado?”, se preguntó. La postura del gobierno, a su juicio, responde a la segunda opción. “No están pensando en la necesidad de garantizar el acceso a tratamientos integrales para todos los ciudadanos. Están pensando en cuánto cuesta cada cama, cada medicamento. Y eso es extremadamente peligroso”, afirmó.
Para Benedetti, esta lógica mercantilista desconoce los avances logrados en los últimos años en el campo de la salud mental en Argentina. “Hemos trabajado mucho para desestigmatizar a las personas con padecimientos mentales y para garantizar que tengan acceso a un tratamiento digno. El cierre del hospital implica un retroceso enorme en términos de derechos humanos”, lamentó.
El gobierno, por su parte, ha planteado la posibilidad de traspasar el hospital al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que para Benedetti es solo una maniobra para desentenderse de la responsabilidad. “Es lo mismo que hizo Menem en los años 90, cuando transfirió escuelas y hospitales a las provincias sin presupuesto. Es una forma de vaciar los servicios públicos”, advirtió.
El futuro incierto para pacientes y trabajadores
El destino de los pacientes y trabajadores del hospital es otra preocupación central. Benedetti señaló que no se ha presentado un plan claro sobre cómo se garantizará la continuidad de los tratamientos para los miles de pacientes que dependen del Bonaparte. “No hay ninguna alternativa real para estas personas. Los servicios de salud mental en el país ya están desbordados, y el cierre del hospital solo va a empeorar la situación”, advirtió.
Por otro lado, los trabajadores del hospital, entre ellos profesionales altamente capacitados en salud mental, también enfrentan un futuro incierto. “Es una pérdida no solo para ellos, sino para el sistema de salud en su conjunto”, subrayó Benedetti.
La crisis en la salud mental en Argentina parece estar profundizándose, y el cierre del Hospital Laura Bonaparte no hace más que agravar una situación ya crítica. Para Edith Benedetti, la medida no solo atenta contra el derecho a la salud de miles de personas, sino que representa un retroceso en las políticas públicas que habían colocado a la salud mental en un lugar prioritario dentro del sistema de salud del país.
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