Luciano Urrutia, de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, advirtió que el sistema de atención a personas con discapacidad está colapsando en todo el país por la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei. En Rosario, al igual que en muchas otras ciudades del país, se realizaron concentraciones en el marco de un paro nacional del sector.
Luciano Urrutia no oculta su preocupación. Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, que integra, viene advirtiendo desde hace meses que el sistema de prestaciones básicas corre riesgo de desmoronarse por completo ante la falta de respuestas concretas por parte del gobierno nacional. Este jueves, en Plaza San Martín, frente a la sede de la Gobernación de Santa Fe en Rosario, se llevó a cabo una nueva concentración que formó parte del paro nacional de prestadores, profesionales, transportistas, instituciones y familias vinculadas a la atención de personas con discapacidad. El reclamo es unánime: el Estado nacional está desmantelando el sistema de atención y no ofrece interlocución alguna.
“El directorio del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad hace siete meses que no se reúne. No hay antecedentes de algo así. Ni siquiera durante los recortes del macrismo tuvimos un nivel de parálisis como este. La Agencia Nacional de Discapacidad, conducida por el doctor Diego Españolo, no responde ningún pedido. No hay actualizaciones de aranceles, no hay cronogramas de pago, no hay voluntad política”, denunció Luciano Urrutia en diálogo con este medio.
El reclamo del sector es amplio y diverso. Desde profesionales de salud y educación hasta transportistas, como los que trasladan diariamente a chicos y chicas con discapacidad hacia centros de día o establecimientos terapéuticos. Todos coinciden en que los valores que paga la Nación están congelados desde el año pasado, cuando la inflación superó los 200 puntos y el precio del combustible se disparó. “Los valores que se reconocen a los prestadores son inviables, hay transportistas que están pagando de su bolsillo para sostener los servicios, porque detrás de todo esto hay personas, hay familias, hay chicos que necesitan seguir con sus tratamientos”, expresó Urrutia.
El reclamo tiene, además, un trasfondo político claro. El propio director de la Agencia Nacional de Discapacidad expresó semanas atrás, frente a una madre, que si su hijo tiene discapacidad “es problema suyo”, desentendiéndose de cualquier responsabilidad estatal. Para Luciano Urrutia, ese tipo de declaraciones no son un exabrupto, sino una política deliberada. “Lo pueden decir porque lo piensan. Y lo dicen porque están convencidos de que las personas con discapacidad deben quedar libradas a la caridad o al esfuerzo individual de sus familias. Este gobierno no cree en la justicia social ni en los derechos. Está ejecutando una política de vaciamiento del sistema de seguridad social para colgarse la medalla de haberlo destruido”, remarcó.
En paralelo a las movilizaciones, las organizaciones del sector impulsan un proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que logró avanzar en distintas comisiones del Congreso pero cuya votación en el recinto fue postergada para la próxima semana. Desde la Asociación que integra Urrutia no tienen demasiadas expectativas, ni sobre la voluntad de los legisladores, ni sobre una eventual aplicación. “Incluso si se aprueba, no tenemos garantías de que el Ejecutivo no la vete. Ya vimos lo que hicieron con la emergencia universitaria. El problema de fondo es que al gobierno nacional no le interesa garantizar derechos, sino eliminarlos”, advirtió.
Consultado sobre el rol del gobierno provincial de Santa Fe, Urrutia también fue crítico. “Estamos frente a la Gobernación y, salvo contadas excepciones, la respuesta ha sido la misma que la nacional: indiferencia. Nos dicen que no es competencia provincial, pero si el sistema se cae, ¿quién se va a hacer cargo de los chicos que se quedan sin atención? ¿Dónde van a ir las familias cuando no puedan sostener los tratamientos?”, se preguntó. Y remató: “Esto también es responsabilidad del gobierno de Maximiliano Pullaro. Si no intervienen ahora, después van a tener que enfrentar un problema mucho mayor”.
El contexto económico agrava aún más la situación. A la falta de pagos y de actualización de aranceles, se suma la proximidad del mes de julio, cuando deben abonarse aguinaldos. “No sabemos cómo vamos a hacer frente a ese compromiso. Y mientras tanto, todos los días, hay personas que se quedan sin tratamiento, sin transporte, sin posibilidad de inclusión. Lo que está en juego no es una planilla de Excel, es la vida de miles de personas con discapacidad en todo el país”, concluyó Luciano Urrutia.
Mientras los grandes medios ignoran el conflicto y buena parte de la dirigencia política guarda silencio, las instituciones, profesionales y familias siguen movilizadas. En Rosario, como en otras ciudades del país, el reclamo es claro: que se respete la dignidad de las personas con discapacidad, que se garantice el acceso a los tratamientos y que el Estado deje de mirar para otro lado. Porque, como repiten una y otra vez quienes sostienen estos espacios, “sin derechos, no hay inclusión”.
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