El Secretario General de COAD analizó la crítica situación de las universidades públicas ante el ajuste del gobierno nacional, el sistema de créditos académicos y la decisión del rector de la UNR de abrir las puertas al aporte de privados.
El Secretario General de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (COAD), Federico Gayoso, brindó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan las universidades públicas del país. En diálogo con Enlace de Noticias, denunció que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante un “ahogamiento presupuestario” que pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema universitario.
“Desde que asumió este gobierno, la diferencia entre inflación acumulada y aumentos salariales ya supera el 90%. Para recuperar el poder adquisitivo que teníamos en diciembre de 2023 necesitamos un 45% de aumento, y si lo comparamos con 2015, la pérdida es del 100%”, señaló Federico, quien advirtió que la situación es insostenible y está generando renuncias de docentes y paralización de proyectos de investigación.
El gremialista explicó que la última oferta del Ejecutivo, un incremento escalonado del 7,5% hasta noviembre, “es una burla” ya que “no recompone nada, por el contrario, profundiza la caída salarial”. Según detalló, los aumentos mensuales son inferiores a la inflación registrada, lo que implica seguir perdiendo poder adquisitivo mes a mes.
“Estamos a la puerta de perder la universidad como la conocemos”
Federico Gayoso planteó que la crisis excede lo salarial: “No hay insumos en los laboratorios, no se pueden reponer reactivos, se paralizan proyectos de extensión e investigación. Realmente estamos a la puerta de perder la universidad como la conocemos”. En ese marco, confirmó la continuidad del plan de lucha docente con paros y la inminente convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria, coordinada en todo el país.
El dirigente gremial también cuestionó la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos, que comenzará a aplicarse el próximo año. Para COAD, se trata de “una reforma laboral encubierta y una profundización de la mercantilización de la educación”.
“Se acortan las carreras de grado y se obliga a los estudiantes a completar su formación con posgrados pagos. Es un paso hacia el arancelamiento de hecho de la universidad pública. Lo más grave es que se está aplicando sin debate real en la comunidad académica, a espaldas de docentes y estudiantes”, afirmó.
Críticas al financiamiento privado de la UNR
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la decisión del rector de la UNR, Franco Bartolacci, de impulsar un sistema de financiamiento privado voluntario para sostener infraestructura, equipamiento tecnológico y actividades académicas.
Federico Gayoso fue categórico: “Cuando el sector privado empieza a financiar la educación, lo que se profundiza es la mercantilización. La universidad pública no puede estar al servicio del mercado. Estamos dando una pelea para que sea el Estado el que financie a las universidades, y este tipo de medidas juegan en contra”.
Además, advirtió sobre la falta de transparencia en la utilización de los llamados “propios producidos” de las facultades, recursos generados a partir de convenios con empresas o servicios arancelados: “Son fondos que no se discuten en los consejos directivos y sobre los que no hay control. Con este nuevo esquema de mecenazgo vamos por el mismo camino: plata que no se sabe cómo se usa y que pone a la universidad más cerca del mercado que de la sociedad”.
Una encrucijada para la educación pública
Para Federico Gayoso, el escenario actual constituye “una situación bisagra”: “Estamos peleando por la supervivencia de la universidad pública. Se nos quiere imponer un modelo de educación recortada, privatizada y funcional al mercado. Lo que defendemos es lo contrario: una universidad inclusiva, con financiamiento estatal, que produzca conocimiento al servicio de la sociedad”.
El dirigente concluyó con un llamado a la comunidad: “Lo que está en juego es mucho más que nuestro salario. Está en juego el derecho de millones de jóvenes a estudiar en una universidad pública, gratuita y de calidad. Por eso vamos a seguir en las calles defendiendo lo que es de todos”.
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