El gremio que nuclea a los trabajadores de peajes y rutas nacionales repudió un comunicado interno de la empresa estatal que, según señalan, busca deslegitimar una medida de fuerza y amenaza con sanciones y despidos. Reclaman paritarias justas, condiciones laborales dignas y el cese inmediato de la intimidación sindical.
El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) denunció públicamente a la empresa Corredores Viales S.A. por lo que considera un hecho de persecución sindical y amenazas directas al derecho constitucional de huelga. El conflicto se desató tras un comunicado masivo enviado por la empresa el pasado 9 de abril a sus trabajadores, en el que advertía sobre posibles sanciones disciplinarias, incluyendo despidos, frente a una medida gremial legítima impulsada por el sindicato.
“Es un claro atentado contra los derechos de los trabajadores”, sostuvieron desde SUTPA, al tiempo que recordaron que la huelga está amparada por la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la OIT (Convenios 87 y 98), además de la legislación laboral argentina vigente.
La organización sindical detalló que la medida de fuerza responde a varios reclamos sostenidos desde hace meses: una paritaria un 20 % por debajo del promedio del sector, nulas condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, la negativa de la empresa a sentarse a negociar desde enero y la amenaza de privatización de la empresa, que trae como antecedente inmediato la pérdida de 500 puestos de trabajo tras el fin de la concesión de Caminos del Río Uruguay (CRUSA).
Desde el sindicato repudiaron las “falsas acusaciones de ilegalidad” vertidas en el mensaje de la empresa, y acusaron a Corredores Viales S.A. de intentar “instalar un relato falso para ocultar sus reiterados incumplimientos salariales” en un contexto económico que golpea fuerte el bolsillo de los trabajadores.
Además, señalaron que Corredores Viales es responsable de la mayor depreciación salarial en el sector durante 2024, por haber otorgado aumentos unilaterales muy por debajo de la inflación, y por incumplir con las leyes laborales que rigen las negociaciones colectivas.
El sindicato dejó en claro que cualquier represalia, despido o sanción por participar de la huelga será considerada como un acto de discriminación antisindical (Ley 23.592) y que se responderá con las acciones legales correspondientes.
“No vamos a dar ni un paso atrás en los derechos conquistados por y para los trabajadores”, afirmaron desde el SUTPA, exigiendo el cese inmediato de las amenazas y la apertura urgente de una mesa de negociación seria y respetuosa.
