Con esa definición, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), Mauricio Brizuela, resumió el momento que atraviesa el conflicto por el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto General San Martín. Mientras continúa la conciliación obligatoria, el gremio reclama una intervención política del Gobierno de Santa Fe para evitar el cierre de la única fábrica de caucho sintético del país y preservar más de 200 puestos de trabajo.
La decisión de Pampa Energía de cerrar su planta de producción de caucho sintético en Puerto General San Martín abrió un nuevo frente de conflicto en el cordón industrial santafesino y reavivó el debate sobre el futuro de la industria nacional. La empresa argumenta que la actividad dejó de ser rentable, mientras que el sindicato sostiene que aún existen alternativas para sostener la producción. En el centro de esa discusión aparece el rol del Estado provincial, al que el gremio considera determinante para evitar el desmantelamiento de una actividad estratégica para el país.
Durante una entrevista con Radio Enlace, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), Mauricio Brizuela, explicó que, tras la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, la planta continúa paralizada y los trabajadores permanecen sumidos en la incertidumbre. En ese contexto, sostuvo que la continuidad de la fábrica ya no depende únicamente de la negociación entre la empresa y el sindicato. “Hoy la llave para evitar el cierre la tiene la provincia”, afirmó, al reclamar que el Gobierno santafesino intervenga directamente ante el holding empresario para encontrar una salida que permita preservar la producción y las fuentes laborales.
Para Brizuela, el conflicto trasciende ampliamente la situación de los trabajadores de la planta. Según explicó, el cierre significaría perder la única fábrica de caucho sintético del país, un insumo indispensable para numerosas actividades industriales. “No solamente se ponen en riesgo más de 150 familias de manera directa y muchas más de forma indirecta, sino que se pierde la única producción de caucho sintético del país, una materia prima fundamental para un centenar de industrias”, advirtió. Además, alertó que una decisión de este tipo tendría consecuencias difíciles de revertir porque “una planta petroquímica no se apaga y después se vuelve a prender. Cuando se pierde esa capacidad instalada, difícilmente se recupere”.
Si bien Pampa Energía fundamentó el cierre en la caída de la demanda y en la falta de competitividad del negocio, desde el sindicato sostienen que el problema responde a un escenario económico mucho más amplio. Para el dirigente gremial, la apertura de las importaciones, el atraso cambiario y la elevada presión impositiva están provocando un proceso acelerado de desindustrialización. “Este modelo económico está destruyendo a toda la industria nacional. Hoy nos toca a nosotros, pero están cerrando 32 pymes por día en la Argentina”, señaló. En esa misma línea, recordó que otras empresas vinculadas al sector del neumático y la petroquímica también atraviesan dificultades, lo que, a su entender, demuestra que el problema no es exclusivo de una compañía.
A partir de ese diagnóstico, el SOEPU insiste en que el Gobierno provincial todavía dispone de herramientas para impedir el cierre definitivo. El gremio propone abrir una negociación política con la empresa y otorgar condiciones transitorias que permitan sostener la actividad mientras se modifican las variables económicas que hoy afectan a la industria. “Lo que le pedimos a la provincia es un salvavidas por un año. Una vez que una planta cierra, después no hay vuelta atrás”, expresó Brizuela, convencido de que preservar esa capacidad productiva resulta más conveniente que intentar reconstruirla en el futuro.
El dirigente también cuestionó los argumentos económicos esgrimidos por Pampa Energía al sostener que el grupo empresario continúa desarrollando importantes inversiones en otros rubros. “El holding Pampa Energía no tiene un problema económico. Está haciendo inversiones millonarias en otros proyectos mientras deja a 200 familias en la calle”, afirmó. Por ese motivo, consideró que el Estado provincial debería convocar a la empresa para discutir qué condiciones serían necesarias para garantizar la continuidad de la producción en Santa Fe, en lugar de aceptar el cierre como una decisión irreversible.
Más allá del impacto económico, Brizuela puso el foco en las consecuencias sociales que puede generar el conflicto. Explicó que muchos de los trabajadores cuentan con décadas de experiencia dentro de la planta y que, debido a su edad y especialización, enfrentan enormes dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. “¿Qué hace un trabajador de más de 50 años cuando lo despiden después de dejar la vida en una planta petroquímica?”, planteó. Para el secretario general del SOEPU, detrás de cada puesto de trabajo hay historias familiares, problemas de salud, proyectos de vida y una incertidumbre que muchas veces no aparece reflejada en los balances empresariales. “El daño social no lo dimensionan”, sostuvo.
La preocupación del sindicato también apunta al futuro del cordón industrial santafesino. Brizuela considera que el cierre de esta planta forma parte de un proceso más profundo de transformación de la matriz productiva, donde la industria pierde protagonismo frente a un modelo centrado casi exclusivamente en la actividad agroexportadora. “Si Santa Fe apuesta únicamente al agroexportador y abandona la industria, el futuro para nuestros hijos es desalentador”, afirmó, al advertir que detrás de cada fábrica que cierra también desaparecen pequeñas y medianas empresas proveedoras, servicios especializados y puestos de trabajo calificados.
Mientras continúan las negociaciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo, el sindicato mantiene la expectativa de que el Gobierno provincial asuma un rol más activo en la búsqueda de una solución. Sin embargo, Brizuela no ocultó su preocupación por el escenario que enfrenta la industria nacional. “Con este modelo económico de libre importación, dólar atrasado e impuestos altos, esto recién empieza. Va a seguir pasando”, concluyó, al advertir que el conflicto de Pampa Energía podría convertirse en un antecedente de nuevos cierres industriales si no se modifican las actuales políticas económicas.
