Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso el impacto del ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre las universidades públicas. El estudio señala fuertes recortes presupuestarios, pérdida salarial docente y no docente, y advierte sobre un deterioro estructural del sistema universitario argentino.
En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada en todo el país, un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso la profundidad de la crisis que atraviesan las universidades nacionales bajo la gestión del presidente Javier Milei.
El documento, titulado “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, analiza la evolución presupuestaria del sistema universitario y la pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Según el informe, el presupuesto destinado a universidades nacionales sufrió una caída real acumulada del 32,5% entre 2023 y 2025, mientras que la reducción proyectada para 2026 alcanzaría el 41,6% respecto de los niveles previos al cambio de gobierno.
Desde CEPA sostienen que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional consolida el ajuste sobre el sistema universitario y deja al presupuesto educativo un 35,1% por debajo de lo que hubiera correspondido si se aplicaba plenamente la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
Una ley aprobada, vetada y frenada
El informe recuerda que la Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 con el objetivo de recomponer partidas presupuestarias y salarios universitarios afectados por la inflación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió vetarla semanas después. Posteriormente, ambas cámaras insistieron con la aprobación de la norma, aunque el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025.
Incluso, el estudio señala que la Justicia Federal ordenó aplicar la ley en diciembre de 2025, aunque el Ejecutivo volvió a intentar modificarla a través de un nuevo proyecto enviado al Congreso en febrero de este año.
Para distintos sectores universitarios, esta secuencia evidencia una decisión política orientada a limitar el financiamiento estatal del sistema público de educación superior.
Salarios universitarios bajo la línea de pobreza
Uno de los aspectos más críticos del informe está vinculado al deterioro salarial.
CEPA sostiene que el salario real docente y no docente perdió 34,2% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026. La mayor caída ocurrió durante los primeros meses de gestión de La Libertad Avanza, especialmente entre diciembre de 2023 y julio de 2024.
El documento además compara los salarios universitarios con la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria correspondientes a marzo de 2026.
Según los datos relevados, solamente los docentes titulares con dedicación exclusiva y los trabajadores no docentes de categorías más altas logran superar la línea de pobreza. El resto de los cargos se encuentra por debajo de ese umbral.
La situación aparece aún más grave entre docentes con dedicación simple y semi exclusiva, donde varios salarios ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, la línea de indigencia.
Entre los ejemplos expuestos por CEPA, un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi exclusiva y sin antigüedad pasó de percibir el equivalente a $1,18 millones en noviembre de 2015 a poco más de $584 mil en abril de 2026 medidos a valores constantes, lo que representa una pérdida real superior al 50%.
La disputa política detrás del conflicto universitario
El conflicto universitario se transformó en uno de los principales focos de tensión política y social entre el Gobierno nacional y distintos sectores académicos, sindicales y estudiantiles.
Mientras desde el oficialismo se insiste con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y reducir el gasto público, desde las universidades denuncian que el ajuste pone en riesgo el funcionamiento de instituciones, hospitales universitarios, programas de investigación y tareas de extensión comunitaria.
El informe de CEPA sostiene además que la propuesta salarial impulsada por el Gobierno para 2026 resulta insuficiente frente a la inflación proyectada y terminaría profundizando la pérdida de ingresos de trabajadores universitarios.
En este contexto, la nueva Marcha Federal Universitaria buscará volver a instalar en el centro de la agenda pública el debate sobre el financiamiento educativo, la defensa de la universidad pública y el rol del Estado en el sostenimiento del sistema científico y académico nacional.
