Un análisis del Centro de Economía Política Argentina advierte que la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional profundiza las exigencias sobre jubilaciones, subsidios, empresas públicas y sistema tributario.
La segunda revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió nuevas alertas en distintos sectores económicos y sociales. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que el organismo internacional ratificó su respaldo al programa económico del gobierno nacional, pero al mismo tiempo planteó una serie de reformas estructurales que podrían tener un fuerte impacto sobre jubilaciones, tarifas, empleo, empresas públicas y sistema tributario.
Según el análisis, el FMI considera que la principal prioridad continúa siendo el cumplimiento de las metas fiscales comprometidas para 2026. Para alcanzar esos objetivos, el organismo recomienda profundizar los recortes en gasto social, subsidios energéticos, salarios del sector público y obra pública. El estudio señala que las reducciones sugeridas equivalen a más de 5 billones de pesos distribuidos entre distintas partidas del presupuesto nacional.
Uno de los puntos más sensibles identificados por CEPA es el referido al sistema previsional. El Fondo considera que el régimen jubilatorio argentino es “fiscalmente insostenible” y propone una reforma que incluya la eliminación de las moratorias previsionales, la posibilidad de acceder a haberes proporcionales según los años aportados y un aumento gradual de la edad jubilatoria vinculado a la expectativa de vida. Además, plantea avanzar hacia una unificación de regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional.
El informe también advierte sobre el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados. Según los cálculos de CEPA, la jubilación mínima que percibe bono habría perdido cerca del 20% de su capacidad de compra respecto de los niveles previos al cambio de fórmula de movilidad implementado en 2024.
Privatizaciones y concesiones
Otro de los capítulos destacados del informe es el referido a las privatizaciones. De acuerdo con la revisión del FMI, el Gobierno proyecta recaudar unos 4.000 millones de dólares entre 2026 y 2027 mediante la venta de activos públicos y concesiones de infraestructura. Entre los procesos mencionados aparecen las privatizaciones de Transener y AySA, además de concesiones vinculadas al sistema ferroviario, corredores viales y vías navegables.
CEPA remarca además que el organismo internacional insta a avanzar con el esquema de privatizaciones previsto en la Ley Bases, que incluye empresas estratégicas vinculadas al transporte, la energía y los servicios públicos.
Más presión tributaria sobre trabajadores y monotributistas
En materia impositiva, el informe sostiene que el FMI promueve una reforma tributaria integral destinada a aumentar la recaudación en el equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno.
Entre las medidas sugeridas aparecen la ampliación del universo de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, el aumento de la carga sobre el monotributo, la eliminación de exenciones del IVA y la reducción progresiva de las retenciones a las exportaciones. Según CEPA, esto implicaría una mayor presión tributaria sobre sectores medios y pequeños contribuyentes, mientras se reducen impuestos vinculados a grandes actividades exportadoras.
Endeudamiento familiar y caída del empleo
El estudio también pone el foco en la situación económica de los hogares. Según los datos citados, la morosidad de las familias registró un crecimiento sostenido durante los últimos meses.
En el sistema financiero, el índice de irregularidad pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 11,5% en marzo de 2026, alcanzando los niveles más altos desde la crisis de 2001. Entre los proveedores no financieros de crédito, la morosidad llegó al 30,7%, superando incluso los registros observados durante la pandemia.
El informe también señala que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se habrían perdido más de 327.000 puestos de trabajo registrados y que el salario real continúa mostrando una caída acumulada respecto de diciembre de 2023.
Un escenario con desafíos abiertos
Entre las conclusiones, CEPA sostiene que el propio FMI reconoce que la economía argentina atraviesa una recuperación desigual, donde sectores vinculados al agro, la minería y las finanzas muestran crecimiento, mientras que actividades intensivas en empleo, como la construcción, la industria manufacturera y el comercio, continúan rezagadas.
El documento también destaca que el organismo internacional mantiene una evaluación de riesgo elevada sobre la deuda argentina, señalando la fragilidad de las reservas internacionales y las dificultades de acceso al financiamiento externo como algunos de los principales desafíos hacia adelante.
Mientras el Gobierno defiende el rumbo económico y el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, el informe de CEPA anticipa que las discusiones sobre jubilaciones, tarifas, privatizaciones y sistema tributario ocuparán un lugar central en la agenda política y económica de los próximos meses.
