Aníbal, referente de la Cooperativa de Remises Pueblo Esther y prestador del servicio de transporte para personas con discapacidad, denunció el congelamiento de aranceles desde octubre de 2023 y demoras en los pagos por parte del gobierno nacional. Este jueves, prestadores de todo el país realizarán una jornada de protesta para visibilizar una situación que califican de crítica.
En una entrevista brindada a Radio Enlace 102.3, Aníbal, responsable de la Cooperativa de Remises Pueblo Esther y prestador de servicios de transporte para personas con discapacidad, explicó la delicada situación que atraviesa el sector a nivel nacional. El eje del conflicto: la falta de actualización del nomenclador nacional de prestaciones y los constantes retrasos en los pagos por parte del Estado.
“Estamos trabajando con tarifas congeladas desde octubre del año pasado. El valor del kilómetro que nos pagan sigue siendo de 541,76 pesos, cuando el costo real hoy ronda los 730”, detalló. En ese contexto, los prestadores se ven obligados a cubrir la diferencia con recursos propios o a reducir servicios.
El problema no es solo económico. “Estamos hablando de personas con discapacidad, muchos de ellos niños y otros adultos que necesitan ir a diálisis. ¿Cómo le digo a una persona que no puedo llevarla más?”, expresó con preocupación Aníbal, quien lleva más de 15 años en la actividad.
Actualmente, la cooperativa brinda servicios a unas 20 personas con discapacidad de Pueblo Esther y otras localidades como Fighiera, Rosario y Gálvez. “Ya tuvimos que rechazar nuevos traslados. Nos llaman y no podemos tomar el servicio, ni nosotros ni otras cooperativas, por la inviabilidad económica que representa”, explicó.
Jornada nacional de reclamo
Este jueves se llevará a cabo una jornada de protesta nacional impulsada por prestadores de todos los rubros vinculados a la atención de personas con discapacidad: transporte, terapeutas, acompañantes, centros de día y más. En Rosario, habrá una movilización en Plaza San Martín.
“Estamos poniendo plata de nuestro bolsillo. Yo a los choferes les tengo que pagar más de lo que el Estado me reintegra, para que no abandonen el servicio. Es insostenible”, explicó Aníbal, quien además subrayó que se trata de vehículos habilitados y choferes con requisitos específicos.
Servicios esenciales en riesgo
Los efectos del retraso impactan directamente en la continuidad de tratamientos esenciales. “Los chicos con autismo, por ejemplo, no pueden viajar en colectivo. Necesitan un traslado adaptado. Otros pacientes hacen diálisis tres veces por semana. No podés decirles ‘no te puedo llevar más’. Es inhumano”, expresó.
Aunque la problemática lleva tiempo, los prestadores aseguran que nunca vivieron un escenario tan extremo. “Ni en el gobierno anterior, que también recortó, estuvimos así. Por lo menos antes los pagos llegaban y se actualizaban los valores, aunque no fueran los ideales. Hoy no hay ni una cosa ni la otra”, remarcó.
Falta de visibilidad
A pesar del impacto social de esta situación, Aníbal denunció que los grandes medios no están visibilizando el reclamo. “Hay muy poca difusión de lo que está pasando. Es como si no existiera. Solo algunos medios alternativos y comunitarios se están haciendo eco”, comentó.
“Estamos viviendo una batalla cultural. Se ha naturalizado la idea de que el que no puede acceder a un derecho, que se arregle como pueda. Es doloroso ver que detrás de las decisiones económicas hay personas que están quedando afuera del sistema”, agregó.
La medida de fuerza de este jueves busca poner en agenda una problemática que afecta a miles de personas en todo el país. Prestadores, familias y organizaciones sociales exigen al Estado el pago inmediato de las prestaciones adeudadas y una actualización urgente del tarifario nacional, para garantizar la continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad.
“No queremos abandonar. Pero hoy estamos entre la espada y la pared. Si el Estado no reacciona, va a haber consecuencias directas sobre quienes menos pueden defenderse”, concluyó Aníbal.
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