Frente a la parálisis en los pagos, la precariedad laboral y la falta de respuestas del Estado, instituciones como el Centro Alas de Arroyo Seco se suman a las protestas nacionales. La licenciada Nancy Colace cuenta cómo se organizan desde abajo para visibilizar una crisis que golpea a toda la comunidad.
Esta semana, más de cien instituciones en Santa Fe y cientos en todo el país se plegaron a la jornada nacional de protesta convocada por prestadores y profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Las postales de plazas llenas de familias, educadores, transportistas y terapeutas se replicaron de norte a sur, visibilizando una problemática muchas veces silenciada: la precariedad del sistema de atención en discapacidad y el abandono del Estado.
Desde Arroyo Seco, el Centro Integral Alas fue parte activa de esta movida. Nancy Colace, una de sus profesionales, explicó los motivos de la adhesión: “No tenemos gremio, no tenemos una estructura que nos represente. Pero sí tenemos convicción y vocación, y eso nos llevó a organizarnos entre colegas y salir a la calle”.
El reclamo tiene múltiples aristas: aranceles desactualizados desde julio del 2023, demoras de hasta cuatro meses en los pagos de obras sociales y una creciente incertidumbre frente a un modelo de atención que el gobierno nacional dice querer transformar sin garantizar una transición justa. “Queremos un modelo social, sí. Pero no a costa de que las instituciones se fundan y las personas con discapacidad queden sin atención”, advierte Colace.
En Arroyo Seco, además de Alas, funcionan Colibrí, Girasoles y Arcoiris, además de varios profesionales que trabajan de forma independiente. Todos comparten la misma angustia: no saber si podrán sostener la atención en las próximas semanas. En el caso de Alas, la medida de fuerza fue parcial: se suspendieron las sesiones clínicas pero se mantuvo el acompañamiento escolar. “Sabemos que hay niños y niñas que no pueden quedarse una semana entera sin su acompañante. No hacemos un paro por comodidad, lo hacemos con dolor, sabiendo que también afectamos derechos”, subraya Nancy.
La semana también tuvo un componente político importante: el oficialismo nacional suspendió el tratamiento de la ley de emergencia en discapacidad que debía discutirse en el Congreso. “Eso fue un baldazo de agua fría. Es la primera vez que AMSAFE acompaña esta lucha en Villa Constitución. Sentimos que hay una conciencia colectiva que empieza a despertarse”, valora la profesional.
El impacto de los recortes no es abstracto: “En Alas trabajamos 14 personas y atendemos a unos 90 niños y adolescentes. Esta semana, todos ellos quedaron al margen del sistema, al menos en parte. Eso te parte el alma. Pero también te da fuerza para seguir peleando”, afirma.
Según Colace, muchas instituciones están al límite y otras ya cerraron. La falta de previsibilidad, sumada a la presión económica, está provocando una fuga silenciosa de profesionales hacia otros sectores. “No lo juzgamos. Pero si todos nos vamos, ¿quién se queda para garantizar el derecho de los más vulnerables?”, se pregunta.
En ese sentido, destaca el rol de las asociaciones sin fines de lucro que están funcionando como nexo entre los prestadores y el Estado. “No somos improvisados. Nos seguimos capacitando, damos todo de nosotros, y aún así tenemos que salir a reclamar para poder cobrar lo que ya trabajamos”, concluye.
La lucha, dice, recién empieza. Y aunque no tengan un gremio formal que los agrupe, en las calles, en los grupos de WhatsApp y en los consultorios vacíos, los profesionales de la discapacidad están diciendo presente. Porque si hay algo que quedó claro esta semana, es que no están solos.
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