El abogado laboralista Vildor Garavelli advierte que la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional no sólo implica una profunda regresión de derechos, sino que busca desarticular la organización colectiva del trabajo en un contexto marcado por informalidad, salarios en caída y descrédito de la democracia.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se presenta oficialmente como un proceso de “modernización”. Sin embargo, para amplios sectores del movimiento obrero y del derecho laboral, se trata de una de las ofensivas más profundas contra los derechos de los trabajadores desde el retorno de la democracia. Así lo advierte el abogado laboralista Vildor Garavelli, quien considera que el proyecto no puede analizarse como una suma de artículos aislados, sino como parte de un modelo económico y político más amplio que busca disciplinar al trabajo y debilitar su capacidad de organización.
Vildor Garavelli sostiene que la magnitud de la reforma no tiene antecedentes recientes y que, incluso, supera intentos de flexibilización impulsados en otras etapas históricas. El proyecto avanza simultáneamente sobre el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo, la negociación paritaria y el derecho de huelga, pilares que estructuran el sistema laboral argentino desde mediados del siglo XX y que cuentan con respaldo constitucional y en convenios internacionales.
Uno de los aspectos centrales señalados por el abogado es el intento de modificar el régimen de convenios colectivos de trabajo. En Argentina, estos convenios funcionan bajo una lógica por rama o actividad, lo que permite que los trabajadores negocien en conjunto con las patronales condiciones que mejoran el piso mínimo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. Este esquema no sólo fortalece la capacidad negociadora del sector trabajador, sino que garantiza el principio de irrenunciabilidad de derechos y el de progresividad, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La reforma propone fragmentar ese sistema, habilitando negociaciones por empresa e incluso acuerdos individuales. Para Garavelli, este cambio altera la relación de fuerzas de manera drástica, ya que no es lo mismo negociar en nombre de miles de trabajadores que hacerlo de manera aislada frente a una empresa, grande o pequeña. En ese escenario, la supuesta “libertad de negociación” se convierte, en los hechos, en una imposición de condiciones por parte del empleador.
Otro punto crítico es el intento de reformular el régimen de indemnizaciones por despido. El proyecto abre la puerta a sistemas alternativos, como fondos de cese laboral o acuerdos individuales entre empleador y trabajador. Garavelli advierte que este tipo de mecanismos debilitan una de las principales protecciones frente al despido arbitrario y trasladan el riesgo económico desde la empresa hacia el trabajador, especialmente en contextos de alto desempleo.
La reforma también introduce fuertes restricciones al derecho de huelga. Se establecen categorías de actividades “esenciales” y “trascendentales” con niveles obligatorios de prestación de servicios que, en la práctica, vacían de contenido la medida de fuerza. A esto se suman sanciones económicas y administrativas no sólo para los sindicatos, sino también para los trabajadores individuales, un giro significativo respecto del marco legal vigente, que considera la práctica desleal como una conducta propia del empleador.
En este punto, el abogado laboralista subraya que el objetivo no es únicamente flexibilizar condiciones laborales, sino debilitar estructuralmente al sindicalismo. La posibilidad de imponer multas, limitar asambleas y penalizar la protesta configura un escenario de disciplinamiento que busca reducir la capacidad de resistencia colectiva. Para el abogado, se trata de una ofensiva directa contra las organizaciones sindicales, en particular aquellas con tradición combativa.
Sin embargo, el avance de este proyecto no puede entenderse sin analizar el contexto social y económico que lo vuelve posible. Hoy, en Argentina, más de la mitad de los trabajadores se desempeñan en la informalidad o bajo condiciones precarias, sin acceso a derechos básicos como vacaciones, aguinaldo, obra social o jubilación. Este proceso no es nuevo ni espontáneo: es el resultado de décadas de políticas que debilitaron el empleo formal, erosionaron el salario real y consolidaron un mercado laboral fragmentado.
Garavelli señala que el desempleo y la precarización funcionan como los principales disciplinadores del trabajo. A mayor desocupación, mayor capacidad de las patronales para imponer condiciones, incluso al margen de la ley. En ese marco, la legislación laboral deja de ser una herramienta efectiva si no existe una correlación de fuerzas que la sostenga.
El abogado también advierte sobre el éxito de un discurso que logra enfrentar a trabajadores formales e informales. Según este relato, los derechos laborales serían “privilegios” que impiden la generación de empleo. De este modo, en lugar de ampliar derechos, se propone nivelar hacia abajo. Para Garavelli, esta narrativa ha calado especialmente entre jóvenes que nunca accedieron a un empleo registrado y que fueron convencidos de que la solución a su precariedad pasa por eliminar las conquistas de quienes aún conservan derechos.
A este proceso se suma un profundo desgaste del sistema democrático y de las formas tradicionales de representación política y sindical. El avance de gobiernos autoritarios, el uso sistemático de decretos, la deslegitimación de la política y el impacto de las redes sociales como principal espacio de disputa simbólica configuran un escenario complejo. En este contexto, la desinformación y la simplificación extrema del debate público favorecen la aceptación social de reformas regresivas.
Vildor Garavelli plantea que la reforma laboral no es un hecho aislado, sino parte de un paquete más amplio que incluye ajustes sobre jubilaciones, salarios y derechos sociales. Un modelo que, para sostenerse, necesita reducir el costo laboral y transferir ingresos desde el trabajo hacia el capital, en un contexto de endeudamiento y restricción económica.
Para el abogado, el carácter regresivo del proyecto no deja lugar a ambigüedades. La reforma no apunta a resolver la informalidad ni a mejorar las condiciones de quienes hoy están excluidos del sistema, sino a generalizar la precariedad. En lugar de incorporar derechos, los elimina. En lugar de fortalecer el trabajo, lo debilita. Y en lugar de ampliar la democracia, la restringe.
La discusión que se abre en el Congreso no es sólo técnica ni jurídica. Es una disputa de fondo sobre qué modelo de sociedad se quiere construir y quiénes deben pagar los costos del ajuste. En palabras de Garavelli, se trata de una de las etapas más críticas y crueles que ha atravesado el derecho laboral argentino, cuyo desenlace marcará el futuro de millones de trabajadores.