En un escenario provincial atravesado por el levantamiento policial, denuncias de corrupción, reclamos salariales y conflictos laborales en distintos sectores, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) quedó en el centro de la escena tras un fallo judicial que lo obligó a cubrir, en 24 horas, un medicamento de alto costo para un afiliado internado en Rosario.
Mientras la protesta policial escala en al menos 11 departamentales y expone una crisis estructural vinculada a bajos salarios —suboficiales que perciben alrededor de 850.000 pesos—, extensas jornadas de traslado y denuncias de manejos irregulares en horas adicionales, el sistema de salud provincial también enfrenta cuestionamientos por la cobertura y provisión de tratamientos complejos.
El fallo judicial y la respuesta de IAPOS
El caso que tensiona a la obra social provincial involucra a un afiliado con colitis ulcerosa crónica, internado en el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), quien —con patrocinio del abogado Rubén Junco— presentó una acción de amparo para que se le suministre Infliximab 500 mg endovenoso, con mantenimiento cada ocho semanas, conforme indicación de su médica tratante.
La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a IAPOS entregar el medicamento dentro de las 24 horas de notificada la resolución. Sin embargo, según consta en la presentación judicial, el sábado posterior a la orden no se habría cumplido con lo dispuesto.
El juez en lo Civil y Comercial Ezequiel Zabale sostuvo que “no resulta clara la causa por la cual el IAPOS rechaza la cobertura de Infliximab” y remarcó que “quien determina el tratamiento es el paciente y su médico/a tratante y no la obra social”. Asimismo, advirtió que la demora en la administración del fármaco podría agravar el cuadro clínico y generar una “paradoja tanto para la salud del paciente como para el IAPOS”.
Desde la obra social, en su contestación judicial, se negó haber actuado con arbitrariedad o ilegitimidad, se rechazaron los hechos y el derecho invocado en la demanda y se afirmó que la acción resulta improcedente. Además, IAPOS sostuvo que siempre brindó cobertura y que no existió un rechazo formal, sino una propuesta de alternativa terapéutica.
Salud y conflicto social
La controversia se produce en un clima de fuerte tensión institucional. El levantamiento policial —con efectivos en actividad manifestándose con patrulleros, sirenas y móviles oficiales— expone una crisis que combina reclamos salariales, condiciones laborales precarias y denuncias de corrupción interna.
En ese marco, los cuestionamientos hacia IAPOS adquieren una dimensión política y social más amplia. La obra social provincial cubre a empleados públicos, entre ellos policías en actividad y retirados, docentes y trabajadores de la administración central, por lo que cualquier controversia en torno a prestaciones médicas impacta directamente en sectores hoy movilizados.
A la par, otros conflictos laborales, como el de Algodonera Avellaneda —donde 328 trabajadores denuncian incumplimiento salarial, falta de aportes y riesgo de quiebra—, refuerzan un cuadro de incertidumbre económica que presiona sobre el sistema de salud y la seguridad social.
Un sistema bajo presión
Especialistas en derecho sanitario consultados por este medio advierten que los amparos por medicamentos de alto costo se han incrementado en los últimos años, en un contexto de inflación médica y restricciones presupuestarias. En ese equilibrio delicado, las obras sociales suelen argumentar criterios técnicos y administrativos, mientras la Justicia prioriza el derecho a la salud y la indicación médica individual.
La resolución judicial en el caso del afiliado con colitis ulcerosa vuelve a poner en discusión los límites de la discrecionalidad administrativa frente a tratamientos específicos y la obligación del Estado —directa o indirectamente— de garantizar el acceso oportuno.
En una provincia convulsionada por reclamos salariales, cuestionamientos institucionales y crisis empresariales, el conflicto entre IAPOS y el afiliado judicializado se inscribe en una discusión más amplia: la sostenibilidad del sistema público de salud y su capacidad de respuesta en contextos de alta conflictividad social.
Por el momento, la situación permanece abierta y bajo seguimiento judicial, mientras el gobierno provincial enfrenta múltiples frentes de tensión que atraviesan seguridad, salud y empleo.