El gremio que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de peajes repudió el accionar de la empresa estatal Corredores Viales S.A., a la que acusa de profundizar medidas persecutorias contra sus empleados y de desmantelar servicios claves para la seguridad en las rutas nacionales.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) emitió un comunicado en el que denuncia “prácticas antisindicales” por parte de la empresa Corredores Viales S.A., al tiempo que advierte sobre la afectación directa de medidas que comprometen la seguridad vial de los usuarios de las rutas argentinas.
Según el gremio, la empresa estatal mantiene un “accionar coactivo cuyo único objetivo es quitar derechos, fragmentar la organización y generar incertidumbre sobre la continuidad laboral”. En ese marco, recordaron que la persecución comenzó el 11 de abril, con el despido de 117 trabajadores en medio de una huelga legítima, lo que enmarcan en una “conducta sistemática que busca quebrar la unidad sindical”.
Reclamos y advertencias
Entre las medidas denunciadas, el sindicato señaló:
- Suspensión del transporte para trabajadores que viven a más de 40 o 50 kilómetros de sus puestos, en zonas rurales sin acceso a transporte público.
- Intento de eliminar el servicio de grúas, considerado esencial para la asistencia en rutas.
- Desmantelamiento de módulos de seguridad vial y bases operativas, que cumplen funciones estratégicas en la atención de siniestros.
- Falta de renovación de certificaciones en balanzas, lo que permite la circulación de camiones con sobrepeso.
- Autorización de circulación de bitrenes en rutas no preparadas, lo que aumenta los riesgos para el tránsito.
“Estos son actos que demuestran la desidia y la falta de conciencia social, que no solo afectan a quienes trabajamos en esta actividad, sino también a los miles de argentinos que transitan por las rutas de nuestro país”, remarcaron desde el gremio.
Reclamos laborales y ausencia del Estado
En el plano laboral, SUTPA denunció que, pese a que Corredores Viales S.A. presentó un superávit de 5.200 millones de pesos, desde diciembre la empresa se niega a abrir paritarias, lo que “deteriora gravemente el poder adquisitivo de las familias”.
Además, señalaron la ausencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que —según el gremio— desoyó las reiteradas denuncias presentadas incluso antes de abril y hasta la fecha.
Exigencias del sindicato
El comunicado concluye con una serie de demandas:
- Inmediata reincorporación de los 117 trabajadores despedidos, como lo determinó la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
- Restitución de todas las herramientas de seguridad vial eliminadas.
- Reanudación del servicio de transporte para trabajadores.
- Convocatoria urgente a negociaciones paritarias.
“Los trabajadores y trabajadoras no vamos a permitir que se avasallen nuestros derechos ni que se ponga en riesgo la seguridad en las rutas. Vamos a seguir defendiendo cada conquista y garantizando que el camino continúe seguro para todos los argentinos”, concluyó el sindicato.
