Dialogamos con Claudia Cesaroni, abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos sobre el proyecto presentado por Bullrich y Libarona para bajar a 13 años la edad de punibilidad.
Una más de las promesas punitivitas del presidente Javier Milei comienza a tomar forma: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciaron este viernes el envío al Congreso de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. El proyecto fija en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal y establece penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” dentro de los complejos penitenciarios.
La abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, enmarca la propuesta en la política punitivita del gobierno nacional: “es parte de la decisión política de Javier Milei de dinamitar el estado social, ese estado que abraza, que acompaña, que protege a los sectores más vulnerados y la expansión únicamente del estado penal. Ni el presidente ni sus funcionarios hablan de los tratados internacionales de derechos humanos o de la Constitución reformada del 94, sino que se remiten a la Constitución de 1853. Y esa Constitución excluía a las mujeres, no contemplaba la situación de los trabajadores y por supuesto no incluía a los niños, porque no eran un sujeto de derechos. Fue una Constitución hecha por varones ricos, hacendados, que fueron los que la pensaron y la elaboraron. Entonces me parece bastante claro que este proyecto que pretende encarcelar niños desde los 13 años con penas de hasta 20 años y a los que están por debajo de esa edad, internarlos como se hacía en épocas de patronato, es atroz”.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el “Proyecto de Ley Penal Juvenil“, con el que busca bajar la edad de la imputabilidad a los 13 años de edad en la sede del Ministerio de Seguridad acompañada por su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La noticia fue anticipada esa misma mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa. Adorni informó que, según datos oficiales del Gobierno, en 2023 se cometieron 2.197 que fueron adjudicados a personas menores de edad. Para Adorni, “siempre fue una postura de este Gobierno, incluso antes de asumir y embarcarnos en la aventura de las elecciones, que si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de la gravedad de sus hechos también como adultos“.

Claudia Cesaroni desmintió estos datos y considera que el proyecto busca desviar la atención: “no hay ninguna base. Y también es una mentira que haya aumentado los delitos dentro de los menores de edad, o por lo menos no son un gran porcentaje dentro de los delitos que se cometen. Justamente no muestran datos porque no los tienen. Es pura demagogia punitiva. La situación económica se agravó, el dólar no para de subir, hay rumores de todo orden, Loan no aparece pese a toda la el circo que armó Patricia Bullrich. Es decir, hay un montón de situaciones dolorosas, graves. Nuestro sueldo vale menos hoy que lo que valía el viernes. Y este tipo de propuestas lo que intentan es atraer la atención pública. Estamos hablando en una localidad muy cercana a Rosario, donde el gobernador sale a decir la misma pavada: ‘delito de adulto, pena de adulto’ porque saben que con eso se ganan la simpatía o el apoyo de una parte de nuestra sociedad que cree que alguno de todos esos problemas que tiene se le resuelve metiendo en cana a pibitos cada vez más chicos”.
El comunicado oficial del Ministerio de Justicia
En tanto, el Ministerio de Justicia lanzó un comunicado oficial por redes sociales, justificando que el proyecto de Ley Penal Juvenil “le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas” y apunta a los niños y adolescentes que son utilizados por las bandas narcos como soldaditos: “Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal. Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad delos argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia“.
En este sentido la profesional del derecho considera que esta declaración “es un elemento de los más perverso” que puede contener la justificación para bajar la edad de punibilidad ya que admite que “los jóvenes están siendo utilizados por las bandas narcos por su condición de vulnerabilidad y en lugar de protegerlos o buscar otras herramientas de contención social” se lo condena penalmente.

¿Cómo evitas que un pibe de 13,14 años salga una noche a las 3:00 de la mañana en chancletas a pegarle un tiro a un laburante? ¿Cómo haces para evitar eso? No va a salir ni tu hijo, ni el mío ni mi sobrino a hacer eso porque están calentitos en casa, porque comieron bien, porque a la mañana los levantamos para ir a la escuela, porque después van a jugar a la pelota, porque les podemos satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Van los pibes que están fuera de todo eso. Y esos pibes son víctimas. Y lo que hace este proyecto es transformarlos en monstruos, en pequeños monstruos y satisfacer una sed de venganza que tiene una parte de la sociedad que obviamente además le está mostrando 24 por 7 una imagen atroz como la de un pibe gatillando contra un laburante. Eso despierta lo peor de una parte de la sociedad que no puede ver cómo es posible que ese pibe haya llegado ahí. Aun así yo quiero resaltar que son casos excepcionales. No hay cientos de pibes de 14 o 15 años que estén matando gente. Porque si fuera si fuera cierto eso, mostrarían esos datos”.

Lo que propone Claudia es abordar estas situaciones no desde el sistema penal sino con políticas sociales: “la propuesta no es no hacer nada. Justamente la propuesta es intervenir lo antes posible cuando empiezan por ahí algunos de estos pibes a involucrarse en situaciones delictivas; pero por fuera del sistema penal. Difícilmente un pibe lo primero que haga sea matar a alguien. Probablemente primero dejó de ir a la escuela, está todo el día en la esquina chupando paco o aspirando una bolsita y nadie lo miró. Hay muchos pibes y pibas que no se los mira hasta que son victimarios o son víctimas. Pibas que nos espantamos cuando salen en las noticias que fueron rescatadas por una red de trata pero que no las miramos antes. Y caer víctima de una red de trata y caer víctima de una red criminal, no hay mucha diferencia, porque las condiciones materiales previas son las mismas, o son muy parecidas. Lo que estamos planteando es que quien tiene que actuar no es el sistema penal. Porque el sistema penal llega tarde, llega para castigar, llega para imponer una pena. La pena no es la manera de reeducar, ni de socializar, ni de nada. El sistema penal des-socializa, marca, estigmatiza. El problema está en llegar tarde con políticas sociales” concluyó.