Vanesa Torres, trabajadora y delegada gremial, denunció por violencia laboral al director del SAMCo de Pueblo Esther, Marcelo Minicucci. Acompañada por el secretario gremial de ATE Rosario, Guillermo Grand, expusieron un entramado de represalias, desidia institucional y complicidad política que mantiene el conflicto sin resolver desde agosto de 2023.
En el Día del Trabajador del Estado Nacional, una fecha que debió ser de celebración para quienes sostienen cotidianamente las instituciones públicas, la delegada gremial de ATE Vanesa Torres volvió a poner sobre la mesa una denuncia que desde hace casi un año permanece sin resolución: acoso, violencia laboral y persecución institucional ejercidos por el director del SAMCo de Pueblo Esther, Marcelo Minicucci.
Acompañada por el secretario gremial de ATE Rosario, Guillermo Grand, VanesaTorres relató en una entrevista radial los múltiples pasos que han dado para canalizar la denuncia, tanto a través de los circuitos formales de la administración pública como por vía judicial. Sin embargo, lo que debería haber activado protocolos de contención, investigación y cuidado de las trabajadoras derivó, según afirmaron, en un escenario inverso: las denunciantes fueron trasladadas, mientras el denunciado continúa en funciones.
Un camino de denuncias que no encuentra eco
“El expediente de investigación en nuestra contra se abrió en octubre, cuando ya habíamos denunciado al director en agosto. Es un claro acto de represalia. Lo que debería ser un proceso para garantizar nuestros derechos terminó siendo otra forma más de violencia institucional”, expresó Vanesa.
El acompañamiento de ATE fue inmediato y sostenido, pero no encontró interlocutores válidos dentro de las instituciones estatales. “Nosotros creemos en las instituciones y por eso agotamos todas las vías: hicimos presentaciones en el SAMCo, en el Nodo de Salud de Rosario, en el Ministerio de Salud de la provincia, en la Secretaría de Derechos Humanos, incluso en la justicia. Sólo obtuvimos una respuesta real: la de Derechos Humanos. El resto nos cerró las puertas o miró para otro lado”, explicó Guillermo Grand.
Según detalló el gremialista, no es la primera vez que el Dr. Marcelo Minicucci se ve involucrado en conflictos de este tipo. “Tuvo denuncias en el Hospital Gamen y en centros de salud de Rosario. Hay un patrón de comportamiento que se repite, y aún así sigue siendo sostenido por el Estado provincial. Eso ya no es un problema individual: es una decisión política”.
La delegada de ATE también hizo foco en cómo el conflicto se volvió una espiral de maltrato institucional. “Desde que presentamos la denuncia no solo no nos acompañaron, sino que nos expulsaron del lugar de trabajo. Me notificaron verbalmente de un traslado, nunca por escrito. No puedo ingresar al SAMCo, no tengo acceso al expediente, nadie me explica en qué situación estoy. Es una locura. Tengo 15 años de trayectoria ahí y me dejaron afuera como si nada”, contó visiblemente afectada.
A esto se suman las dificultades para acceder a la información. “Pedimos ver el expediente, nos lo niegan. Presentamos escritos a todas las áreas competentes, no contestan. La municipalidad dice que no puede intervenir porque es una institución provincial, pero eso no es cierto. El SAMCo funciona con personal municipal y provincial, y atiende a vecinos de Pueblo Esther. La responsabilidad también es del Ejecutivo local”, enfatizó.
El silencio también es violencia
Para ATE, el silencio institucional agrava el conflicto. “Desde el Ministerio de Salud no dicen nada. La ministra Sonia Martorano firma resoluciones de traslado contra una delegada gremial con tutela sindical vigente. ¿Qué más prueba necesitamos de que acá se están vulnerando derechos de forma sistemática?”, sostuvo.
“La violencia no es solo un insulto o un grito. Es también lo que se hace –o lo que se deja de hacer– desde el poder institucional. Es dejarte sola, hacerte sentir invisible, negarte información, aislarte del equipo de trabajo”, añadió Vanesa Torres.
Desde el sindicato también advierten que la situación del SAMCo de Pueblo Esther no es un caso aislado. “Tenemos denuncias similares en otros efectores de salud, en escuelas, en áreas del Estado donde se sostiene a funcionarios con prácticas autoritarias y violentas. El problema se amplifica cuando el sistema de salud pública está precarizado, con personal contratado por monotributo o con contratos basura. Así, nadie se anima a denunciar por miedo a perder su fuente de ingreso”, advirtió Guillermo Grand.
La persecución como forma de disciplinamiento
Además del traslado y la exclusión del lugar de trabajo, las denunciantes enfrentan un contraataque institucional: “Desde la dirección del SAMCo se inició una investigación contra nosotras por supuestas irregularidades administrativas. Es una maniobra clásica: buscar ensuciar a la víctima para desviar la atención”, señaló la trabajadora.
“La justicia puede investigar todo lo que quiera. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Pero eso no justifica el maltrato, ni el silencio institucional, ni la violación de nuestras garantías como trabajadoras”, añadió.
Guillermo Grand, por su parte, fue más enfático: “Quieren disciplinar a quienes denuncian. Castigar a quienes se organizan. Pero nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia. Porque lo que le pasa a Vanesa le puede pasar a cualquier otra compañera. Y si no ponemos un freno ahora, esto se va a replicar cada vez más”.
Un reclamo que también interpela a la política local
A pesar de que el SAMCo depende de la provincia, desde ATE se le exige al gobierno municipal que tome cartas en el asunto. “La Municipalidad no puede desentenderse. Tiene responsabilidad institucional y política. Puede pedir informes, puede convocar a las partes, puede abrir canales de diálogo. Lo que no puede es hacer como si nada pasara”, sostuvo Grand.
En ese punto, también cuestionaron la actuación de la recientemente creada Secretaría de Políticas de Género municipal. “Nos dijeron que no tienen competencia. ¿Y si mañana una mujer de Pueblo Esther va a denunciar violencia doméstica, tampoco tienen competencia? El caso nuestro es un termómetro de cómo se están abordando estas situaciones. Y hoy la respuesta es nula”, expresó Torres.
El rol de la justicia y el camino por delante
Con la causa judicial aún abierta, y una cautelar que se encuentra pendiente de resolución, ATE y las trabajadoras sostienen la estrategia legal pero anuncian que, de no haber respuestas, se incrementarán las medidas gremiales. “Ya hicimos asambleas en el SAMCo. Si no hay diálogo, vamos a escalar. La paciencia no es infinita, y los derechos no se negocian”, advirtió el Secretario General de ATE.
Por su parte, Vanesa Torres concluyó con una reflexión que excede su caso personal: “Me tocó a mí porque fui la que se animó a decirlo. Pero hay muchas compañeras y compañeros que viven lo mismo y no hablan por miedo. Ese miedo hay que romperlo. Por mí, por ellas y por todos los que vienen atrás. Esta lucha no es solo por nosotras, es por una forma de construir otro Estado, que no le dé la espalda a quienes lo sostienen todos los días”.
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