A través de una norma publicada esta semana, el Ministerio de Justicia dio de baja el área de la Condai que investigaba las apropiaciones de niños y niñas durante la dictadura cívica militar. Un organismo clave que funcionaba como auxilliar del Poder Judicial y que en los últimos tres años originó el 60% de los casos tramitados.
Una persona conoce el caso de alguien que podría ser hijo de desaparecidos, tiene algún dato, un papel, alguna conversación que escuchó. La duda persiste. Va a Abuelas de Plaza de Mayo y hace la denuncia. Se suma a las miles que tiene el organismo. Ellas son el puente con la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Allí corroboran la fecha de nacimiento, buscan más información, indagan en los registros oficiales, hacen entrevistas. Buscan en archivos y documentos de organismos del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Llegan a una hipótesis y la presentan al Poder Judicial, específicamente a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (Uficante). Ahí empieza un recorrido judicial que, posiblemente, llega a la resolución de un enigma, a la restitución de una identidad.
El gobierno de Javier Milei cerró esta semana la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), un sector que depende de la CoNaDI y que en los últimos tres años originó el 60% de los casos que tramitó el Poder Judicial vinculados a esa temática. Es el principal organismo que deriva denuncias para que la Justicia investigue estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.
La UEI fue creada en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y hace investigaciones sobre posibles apropiaciones de niños y niñas a partir de denuncias espontáneas. Para eso accede a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Hasta la publicación del decreto 727/2024, que lleva las firmas de Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la UEI era un auxiliar del Poder Judicial que hacía investigaciones preliminares a las denuncias. En los últimos tres años, entre 2021 y 2024, el 60% de los casos que se iniciaron en la Unidad Fiscal llegaron desde la CoNaDI precedida por un trabajo hecho en la UEI.
Una de las tareas más importantes del organismo era desmalezar la gran cantidad de información que llegaba a Abuelas de Plaza de Mayo: mails, cartas, papeles. Un volumen de datos muy grande que muchas veces se convirtieron en hallazgos, pero que previamente debieron ser procesados e investigados para delimitar una hipótesis y derivarlos al sistema de justicia.
Esta decisión del gobierno se enmarca en el desfinanciamiento y desarmado de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en la búsqueda de impunidad para los represores. Si el trabajo de la CONADI se debilita, los procesos se ralentizan, una persona con dudas tendría que ir directamente a un juzgado y debería intervenir la Justicia y encontrar motivos para pedirle al BNDG que haga la extracción y comparación del ADN de la persona con los grupos familiares allí guardados. Eso podría llevar meses o años como pasaba antes de la creación de la CoNaDI.
El argumento del Ministerio de Justicia para desactivarla es que la UEI violentaba “el régimen constitucional de división de poderes” porque realizaba funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y “violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”. Una premisa que se diluye si se tiene en cuenta otros organismos del Ejecutivo con funciones similares como la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad Fiscal AMIA o la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central o, más atrás en la historia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
