El diputado provincial Miguel Rabbia se refirió a la decisión de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA) de cobrar el servicio de forma particular a los afiliados a IAPOS.
En la provincia de Santa Fe, los afiliados al Iapos enfrentan desde hace unas semanas dificultades para acceder a servicios de anestesiología debido a cambios en el sistema de cobro implementados por la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA).
Desde el 15 de julio, los afiliados deben pagar directamente al anestesista durante la intervención quirúrgica y luego solicitar el reintegro al Iapos presentando la factura correspondiente.
Bruno Dimónaco, de ARA, ha destacado que esta medida responde a retrasos de más de cinco meses en el pago de prestaciones y a la falta de actualización de los aranceles profesionales desde marzo. Además, criticó la falta de respuestas del gobierno provincial respecto a estos problemas.
En este marco, el diputado provincial Miguel Rabbia recordó un pedido de informes presentado en la Legislatura santafesina en relación al corte de prestaciones médicas anunciado por la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, pero también las de Santa Fe y Rafaela, fundamentada en el atraso de pagos como así también por la falta de actualización de los montos abonados por cada prestación cubierta por el instituto.
“La medida ha resultado sorpresiva para los afiliados Iapos, poniéndolos en una situación de extrema vulnerabilidad al no tener certezas de la cobertura que disponen y la suspensión de distintas prestaciones como cirugías programadas, estudios complementarios de imágenes o endoscopías, a lo que se suma el plus como compensación que exigen los prestadores”, puntualizó el diputado en los fundamentos del pedido.
Según el legislador, la situación supone la vulneración del derecho de acceso al sistema de salud a las familias de los trabajadores que mensualmente realizan los aportes correspondientes, y que son superiores a los empleados agrupados en las obras sociales nacionales sindicales regulados por la ley 23.660 y 23.661. “Los trabajadores de las obras sociales nacionales aportan el 3% de su salario, mientras que los trabajadores estatales sin familia el 3,5% y con grupo familiar 4,5%. La situación es más desigual para los jubilados, que aportan el 4,5%”, explicó.
