La especialista en política internacional analizó el escenario abierto tras la asunción del nuevo gobierno colombiano y cuestionó el abandono de los procesos de diálogo con grupos armados. Durante su columna en Enlace de Noticias, sostuvo que el país vuelve a atravesar un escenario de enfrentamientos, atentados y desplazamientos que puede poner en riesgo los avances alcanzados desde los acuerdos de paz con las FARC. También analizó el impacto de la política antidrogas, la situación de Ecuador y las dificultades que enfrenta Ucrania para sostener su capacidad militar.
Colombia vuelve a encontrarse frente a un escenario de fuerte tensión política y de seguridad luego de la asunción del nuevo gobierno, en un contexto marcado por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas militares. Para Adriana “La Tana” Rossi, especialista en política internacional, uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con la decisión de interrumpir los procesos de diálogo que durante los últimos años buscaron avanzar hacia una pacificación del país. En su columna de política internacional en Enlace de Noticias, explicó que Colombia tiene una larga historia de violencia política y armada y que los acuerdos alcanzados en las últimas décadas permitieron, aunque de manera frágil, comenzar a desactivar parte de esa dinámica. Según su análisis, el nuevo rumbo anunciado por el gobierno puede significar un retroceso en ese proceso.
Adriana recordó que entre 2012 y 2016 el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos mantuvo negociaciones con las FARC, proceso que culminó con un acuerdo de paz y posteriormente con distintos mecanismos destinados a facilitar la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. La especialista explicó que Noruega tuvo un papel relevante como garante de aquellas negociaciones y que el proceso no se limitó al desarme, sino que también contempló mecanismos de justicia y reinserción social. Sin embargo, señaló que una parte importante de los guerrilleros que abandonaron las armas encontró enormes dificultades para adaptarse a una vida completamente diferente después de haber pasado su adolescencia y juventud dentro de organizaciones armadas. En ese contexto, algunos terminaron vinculándose nuevamente con estructuras ilegales o con el narcotráfico, mientras que otros pudieron desarrollar actividades productivas y reconstruir sus vidas en distintas zonas del país.
“Muchos de los guerrilleros, una vez que se llegó al desarme y a la vuelta a la sociedad civil, se encontraron con muchas dificultades para insertarse. No es que fue con cero costo para ellos”, explicó Adriana al describir las dificultades que implicó el proceso de reinserción. La especialista recordó incluso una experiencia profesional que tuvo en Colombia, cuando participó junto a otros expertos de una reunión con jóvenes que habían ingresado a las filas del M-19 desde edades muy tempranas y necesitaban reconstruir sus proyectos de vida fuera de la organización armada. Según relató, el objetivo era trabajar sobre las causas de los problemas que atravesaban y buscar herramientas para facilitar su incorporación a la sociedad civil. Para Adriana, esas experiencias demuestran que la construcción de paz no termina cuando las armas dejan de utilizarse, sino que requiere políticas sostenidas para evitar que quienes abandonaron la guerra vuelvan a quedar atrapados en estructuras violentas.
El escenario actual, sin embargo, vuelve a mostrar enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales y las fuerzas militares colombianas. Adriana vinculó los recientes atentados registrados en distintas zonas del país con el endurecimiento de la política de seguridad anunciada por el nuevo gobierno y advirtió especialmente sobre la intención de recurrir a bombardeos contra las zonas donde se encuentren grupos armados ilegales. A su entender, ese tipo de estrategia puede profundizar la violencia y terminar afectando nuevamente a las poblaciones civiles que viven en los territorios donde operan las organizaciones armadas. “Se volvió a retroceder en lo que había construido o tratado de construir en Colombia esa frágil paz”, sostuvo durante la conversación, al considerar que el país vuelve a acercarse a una dinámica que durante décadas produjo desplazamientos, enfrentamientos y masacres.
Otro de los puntos centrales del análisis fue la política de combate al narcotráfico y, particularmente, la propuesta de volver a utilizar la fumigación de los cultivos de coca. Adriana recordó que esa estrategia fue aplicada durante el denominado Plan Colombia, con una fuerte participación de Estados Unidos, y cuestionó sus consecuencias sobre las comunidades campesinas que viven en las zonas de producción. La especialista remarcó que es necesario diferenciar al campesino que cultiva la hoja de coca como medio de subsistencia del narcotraficante que controla la comercialización y el procesamiento de la droga. Según explicó, en muchas zonas selváticas la producción de coca constituye prácticamente una de las pocas alternativas económicas disponibles para las familias rurales, por lo que eliminar los cultivos sin generar otras posibilidades de subsistencia puede provocar desplazamientos forzados y nuevos problemas sociales.
“La fumigación nos provocó un éxodo masivo de gente que se fue a vivir a las ciudades sin empleo, sin nada, creando problemas también de seguridad”, señaló Adriana al recordar las consecuencias que, según su análisis, tuvo aquella política. También cuestionó el impacto ambiental de los herbicidas utilizados para eliminar los cultivos, debido a que afectan otras especies vegetales, provocan desplazamientos de fauna y pueden contaminar los cursos de agua. En ese sentido, planteó que la política antidrogas no puede concentrarse exclusivamente en la eliminación de la producción en los países donde se cultiva la hoja de coca, mientras se deja en segundo plano el consumo existente en los principales mercados internacionales. Para la especialista, mientras exista una demanda elevada de cocaína, la presión económica para mantener la producción seguirá presente, por lo que considera insuficiente una estrategia basada únicamente en la persecución de los cultivos.
Adriana también puso el foco en las consecuencias que un nuevo ciclo de violencia podría tener sobre las comunidades rurales colombianas. Para explicar la dimensión del problema, recordó experiencias que conoció durante su trabajo y relató el caso de una comunidad de la selva que quedó atrapada entre distintos grupos armados. “Se encontraban en una situación de no tener realmente posibilidad de decidir a quién apoyar o no apoyar a nadie”, explicó, al describir una lógica de violencia en la que tanto las organizaciones guerrilleras como los grupos paramilitares podían ejercer represalias contra quienes no se alinearan con ellas. La especialista sostuvo que Colombia tiene una historia de violencia que se remonta a varias décadas y que los acuerdos de paz habían abierto la posibilidad de comenzar a superar esa dinámica. Por eso, consideró que el actual endurecimiento de las políticas de seguridad no constituye simplemente un cambio de estrategia gubernamental, sino que puede comprometer un proceso histórico de pacificación todavía incompleto.
Ecuador, otro escenario de violencia y desencanto político
La columna también abordó la situación de Ecuador, país que Adriana conoce de manera directa por haber vivido allí durante doce años. La especialista comparó el Ecuador actual con el país que conoció décadas atrás y describió un cambio profundo en materia de seguridad y convivencia social. Recordó que durante los años en que vivió allí podía trasladarse sola durante la noche sin experimentar una sensación permanente de peligro, una situación que, según señaló, contrasta fuertemente con el escenario actual de violencia y presencia del narcotráfico. Para Adriana, Ecuador forma parte de un proceso regional más amplio en el que el deterioro económico, la inseguridad y el desencanto con la política tradicional están generando profundas transformaciones sociales.
En ese punto, la especialista vinculó el escenario de Ecuador con la expansión de gobiernos de derecha y de extrema derecha en distintos países de América Latina y con la aplicación de políticas económicas que, según su análisis, no benefician de la misma manera a toda la población. También planteó que existe un fenómeno de hartazgo y desesperanza que puede terminar debilitando la confianza de amplios sectores sociales en la democracia y en la capacidad de los gobiernos para resolver los problemas cotidianos. Al referirse específicamente a Ecuador, mencionó el desencanto de sectores que habían acompañado al correísmo y que posteriormente comenzaron a cuestionar distintos aspectos de aquella experiencia de gobierno. En particular, señaló las denuncias de corrupción que, según explicó, contribuyeron a erosionar el respaldo político y facilitaron un cambio de rumbo que luego se profundizó durante el gobierno de Lenín Moreno.
Rusia-Ucrania y la dificultad para sostener la defensa ucraniana
Sobre el final de la columna, Adriana incorporó otro de los conflictos centrales del escenario internacional: la guerra entre Rusia y Ucrania. Señaló que continúan los ataques sobre territorio ruso y ucraniano y puso especial atención en la demanda de Kiev por sistemas de defensa antiaérea Patriot, considerados fundamentales para enfrentar los ataques con misiles. Según explicó, Ucrania viene reclamando estos sistemas desde hace tiempo, pero Estados Unidos dispone actualmente de una cantidad limitada debido a sus propios compromisos militares en distintas regiones del mundo. La especialista sostuvo que la disponibilidad de armamento estadounidense también está condicionada por la situación en Medio Oriente y por la necesidad de Washington de mantener capacidad militar frente a otros escenarios de conflicto.
El análisis de Adriana dejó así planteado un escenario internacional atravesado por conflictos que, aunque tienen características diferentes, comparten un elemento central: la dificultad de encontrar soluciones políticas duraderas frente a problemas que combinan violencia, desigualdad, disputas geopolíticas y crisis económicas. En el caso colombiano, su principal preocupación está puesta en que el retorno de una estrategia basada fundamentalmente en la fuerza termine debilitando los avances construidos durante los procesos de paz. En Ecuador, observa una sociedad atravesada por la violencia y el desencanto político, mientras que en Europa y Medio Oriente los conflictos internacionales continúan condicionando las decisiones de las principales potencias. Para la especialista, comprender estos procesos requiere mirar más allá de los acontecimientos inmediatos y analizar las causas históricas, económicas y políticas que explican por qué determinadas sociedades vuelven a quedar atrapadas en ciclos de violencia.
