El médico laboral e investigador presentó un documento en el que cuestiona el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL) impulsado por el Gobierno de Santa Fe. Sostiene que el nuevo modelo reemplaza un paradigma centrado en la asistencia al trabajador por otro orientado al control del ausentismo, profundiza la participación de empresas privadas en la evaluación de las licencias médicas y debilita el rol del Estado y de las organizaciones sindicales en la protección de la salud laboral.
La implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL) continúa generando cuestionamientos desde distintos sectores vinculados a la salud ocupacional. Uno de los pronunciamientos más críticos fue presentado por el médico especialista en Medicina del Trabajo Jorge Kohen, quien elaboró un extenso documento técnico donde analiza el nuevo esquema impulsado por el Gobierno de Santa Fe y advierte que representa un cambio profundo en la concepción de la salud laboral dentro del Estado provincial.
Lejos de considerar al SIPSAL como una simple modernización administrativa, Kohen sostiene que el sistema implica el reemplazo de un modelo centrado en el cuidado, la rehabilitación y el acompañamiento del trabajador por otro cuyo objetivo principal pasa a ser la reducción del ausentismo. Para el especialista, ese cambio modifica el sentido mismo de las políticas de salud laboral y traslada la lógica de la prevención hacia una lógica de auditoría y control.
Según plantea en su trabajo, el eje del debate no debería concentrarse únicamente en el procedimiento mediante el cual se gestionan las licencias médicas, sino en quién controla la salud de los trabajadores estatales, bajo qué criterios lo hace y cuáles son los intereses que intervienen en ese proceso.
Dos modelos de salud laboral enfrentados
Uno de los principales argumentos desarrollados por Kohen es que el SIPSAL expresa un cambio de paradigma respecto del sistema que durante años funcionó mediante el Área de Salud y Trabajo (ASyT) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Mientras el modelo anterior entendía la enfermedad como un proceso clínico, social y laboral que debía ser evaluado integralmente para favorecer la recuperación del trabajador, el nuevo esquema —afirma— coloca el énfasis en la disminución de las licencias médicas como un indicador de eficiencia administrativa.
En ese sentido, sostiene que ambos sistemas persiguen objetivos diferentes y, por lo tanto, producen consecuencias distintas sobre los trabajadores. “El modelo de asistencia parte de la enfermedad como un hecho a comprender: evalúa, acompaña y rehabilita. El modelo de control de ausentismo, que el SIPSAL generaliza, parte en cambio de la enfermedad como un costo a contener: audita, sospecha y mide”, resume Kohen en las conclusiones de su documento.
El autor acompaña esa afirmación con una comparación entre ambos modelos, donde sostiene que el sistema desarrollado por la UNR privilegiaba el acompañamiento clínico y la reinserción laboral, mientras que el SIPSAL orienta su funcionamiento hacia la certificación médica y la reducción de las inasistencias, estableciendo incluso como meta disminuir el ausentismo del 15% al 10%.
El cuestionamiento a la tercerización del control médico
Otro de los aspectos centrales del documento apunta a la participación de un operador privado en la gestión del sistema. Jorge Kohen cuestiona que el reconocimiento de las licencias médicas quede en manos de una empresa vinculada al mercado de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), ya que considera que esa estructura genera un conflicto de intereses.
Desde su perspectiva, existe una diferencia sustancial entre un servicio público universitario, cuyo objetivo es evaluar el estado de salud del trabajador, y un operador cuya rentabilidad puede verse influida por la reducción del reconocimiento de licencias médicas.
En la comparación incorporada al documento, el especialista sostiene que el modelo anterior no presentaba incentivos económicos para rechazar certificados médicos, mientras que el nuevo sistema incorpora un conflicto estructural al delegar esa función en un operador privado. También afirma que el porcentaje de licencias no reconocidas aumenta significativamente bajo el nuevo esquema. Para Kohen, esa transformación no constituye un cambio meramente administrativo, sino una modificación en las relaciones de poder que atraviesan la salud laboral dentro del Estado.
La salud mental y los riesgos psicosociales
Uno de los capítulos del documento se detiene especialmente en la situación de los trabajadores de la educación. Allí el médico sostiene que el SIPSAL resulta insuficiente para abordar problemáticas complejas como el estrés laboral, los riesgos psicosociales, la violencia escolar y otros padecimientos cuya explicación excede el estado clínico individual.
Según argumenta, un sistema basado en aplicaciones digitales, telemedicina y mecanismos de trazabilidad de casos no alcanza para comprender las condiciones laborales que originan muchas de esas enfermedades.
“Un dispositivo orientado al control del ausentismo, operado por trazabilidad digital de casos individuales, carece de capacidad para abordar esa determinación social y subjetiva del proceso salud-enfermedad. La denuncia por aplicación, mensajería o línea telefónica, seguida de telemedicina o derivación, reduce al trabajador a usuario de una plataforma y desplaza la pregunta por las condiciones y el medio ambiente de trabajo que producen el daño”, sostiene.
El documento agrega que las patologías vinculadas con la salud mental docente históricamente registraron bajos niveles de reconocimiento como enfermedades profesionales y advierte que un modelo centrado en el control podría profundizar esa situación.
La defensa de la Universidad pública
Otro de los cuestionamientos desarrollados por Kohen apunta a la decisión del Gobierno provincial de contratar un sistema privado cuando, según sostiene, ya existía un desarrollo tecnológico generado desde la Universidad Nacional de Rosario. El especialista recuerda que el sistema Ziper, originalmente desarrollado junto a la UNR y posteriormente cedido a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, continúa utilizándose en distintos organismos públicos para la gestión de salud laboral.
En ese contexto, considera contradictorio que la Provincia haya optado por contratar un operador privado en lugar de fortalecer una herramienta tecnológica nacida en el ámbito universitario: “la provincia dispone de recursos técnicos y humanos generados por la Universidad Nacional de Rosario y opta, en cambio, por transferir ese financiamiento a un operador del mercado privado”, señala el documento, que además destaca esa decisión como una contradicción institucional teniendo en cuenta la trayectoria universitaria del actual ministro de Educación, José Goity.
Una mirada gremial sobre el nuevo sistema
Desde una perspectiva sindical, Kohen identifica cinco aspectos que, a su entender, deberían formar parte del debate público antes de consolidar el nuevo régimen.
Entre ellos menciona la delegación del reconocimiento del daño a un operador privado, la desaparición de las juntas médicas públicas, la falta de participación de los trabajadores y sus organizaciones en el diseño del sistema, la concentración de información sanitaria sensible en manos privadas y la decisión de no utilizar desarrollos tecnológicos generados por la universidad pública.
Para el especialista, todos esos elementos configuran un cambio institucional de gran alcance que excede la administración de licencias médicas y redefine el vínculo entre el Estado y sus trabajadores.
Las propuestas para un modelo alternativo
Lejos de limitarse a la crítica, el documento concluye con una serie de propuestas orientadas a fortalecer un sistema público de salud laboral.
Entre ellas plantea recuperar el modelo de asistencia desarrollado por la Universidad Nacional de Rosario, mantener las juntas médicas dentro del ámbito estatal, crear comités mixtos con participación sindical, desarrollar un sistema público de vigilancia epidemiológica en salud laboral, garantizar que la información sanitaria permanezca bajo control estatal y diseñar programas específicos para abordar los riesgos psicosociales y las enfermedades vinculadas al trabajo.
Como síntesis de su postura, Kohen sostiene que el debate sobre el SIPSAL trasciende la administración del ausentismo y pone en discusión el modelo de salud laboral que regirá para los trabajadores estatales santafesinos.
“La salud de los trabajadores constituye un derecho y un terreno de disputa. La discusión sobre el SIPSAL excede la contabilidad de las ausencias: define quién controla la salud laboral del Estado y con qué finalidad. Defender el paradigma de la asistencia y el cuidado, con participación de los trabajadores y base pública, constituye una tarea impostergable”, concluye el documento.
