Damnificados del loteo desarrollado por Grupo Roma se manifestaron frente a la Municipalidad de Pueblo Esther para reclamar por la finalización de las obras y poder disponer de los terrenos que compraron. Diego, uno de los afectados, contó el desgaste de familias que llevan años esperando y cuestionó la falta de respuestas de la empresa y de los organismos responsables.
¿Cuánto puede durar un sueño antes de convertirse en angustia?
Para alrededor de 400 familias que compraron terrenos en el loteo Comunidad Evolutiva, desarrollado por el Grupo Roma en Pueblo Esther, la respuesta se mide en años. Años de esperar obras que no terminan, de escuchar nuevos plazos que vuelven a incumplirse, de intentar comunicarse con una empresa que —según los damnificados— dejó de responder y de no poder disponer plenamente de un terreno por el que pagaron con sus ahorros.
Este miércoles, un grupo de compradores se manifestó frente a la Municipalidad de Pueblo Esther para reclamarle al intendente Martín Gherardi que intervenga y exija a la desarrolladora la conclusión de las obras necesarias para avanzar hacia la regularización y escrituración de los lotes.
Entre quienes participaron del reclamo estuvo Diego, uno de los damnificados, que pasó por los estudios de Radio Enlace y puso en palabras algo que muchas veces queda escondido detrás de los expedientes, los fideicomisos y las discusiones administrativas: la espera tiene consecuencias concretas sobre la vida de las familias.
Diego compró su primer terreno utilizando los ahorros que había logrado reunir durante años. Después, cuando quedó sin trabajo, utilizó la indemnización para cambiarlo por otro lote con una ubicación que le permitiera proyectar un emprendimiento comercial. La idea era sencilla: comprar tierra, construir y, eventualmente, independizarse. Pero el proyecto quedó atrapado en una sucesión de postergaciones.
“Primero fue la pandemia, después la situación económica del país”, relató Diego. Más adelante llegaron nuevas promesas: una reunión en 2024 en la que se anunció que el desarrollo estaría listo en un año; después seis meses; luego diciembre; más tarde julio. Ninguno de esos plazos se cumplió. Mientras tanto, las familias siguieron esperando.
El problema no es solamente que una obra esté demorada. Es que quienes compraron los terrenos tampoco pueden disponer de ellos como imaginaron cuando decidieron invertir sus ahorros. El propio Diego lo explicó desde su experiencia personal: “Yo me maté toda la vida trabajando, porque no soy uno que tenga un montón de plata. Soy un laburador nomás”.
La historia personal de Diego muestra por qué detrás de este conflicto no hay solamente una discusión entre compradores y una empresa inmobiliaria. Cuando adquirió el terreno, trabajaba en una empresa y pudo ahorrar para comprarlo. Después perdió ese empleo. Actualmente trabaja como empleado de comercio y, según contó, su esposa también quedó sin trabajo. Ese terreno que debía convertirse en una herramienta para mejorar su situación económica terminó siendo, en cambio, un capital inmovilizado.
“Si yo hubiera tenido eso, hoy tenía un negocio o algo que me dé un ingreso mejor”, explicó durante la entrevista. Y enseguida describió la dimensión cotidiana de la situación: “Estoy como empleado de comercio, mi mujer no tiene laburo. Y si yo hubiera tenido eso, la verdad es que yo ya hubiera estado teniendo un ingreso, por lo menos para poder llegar a fin de mes”.
No es una abstracción. Es una familia que sigue alquilando, que enfrenta el aumento del costo de vida y que observa cómo aquello que compró para construir una alternativa de futuro permanece sin poder utilizarse. Por eso, cuando se habla de los lotes de Comunidad Evolutiva, resulta insuficiente reducir el problema a la demora de una obra. Para quienes compraron, el tiempo también cuesta.
Uno de los principales reclamos de los damnificados es que las obras no avanzan al ritmo necesario para alcanzar la regularización del desarrollo.
Diego contó que durante un período la empresa enviaba informes sobre pequeños avances, como la realización de algunos metros de cordón. “Te mandaban los informes y te decían: hoy hice un metro de cordón, un metro de cordón”, relató. Para los compradores, ese ritmo resulta insuficiente frente a la magnitud del tiempo transcurrido.
A esto se suma una situación que incrementó la incertidumbre: según relató Diego, actualmente el ingreso al loteo se encuentra cerrado y los compradores tienen dificultades para comunicarse con la empresa. También mencionó que algunas cartas documento enviadas por damnificados no fueron recibidas.
La falta de información, en ese contexto, se convierte en otro problema. “La gente, como no tiene información, se pone cada vez más nerviosa”, explicó al referirse a la ausencia de datos concretos sobre cuánto falta para completar las obras y qué plazos reales existen.
¿Quién se hace cargo cuando el sueño queda atrapado?
El conflicto también abrió una discusión sobre las responsabilidades de la desarrolladora y de los organismos públicos. Los damnificados cuestionan las explicaciones que fueron recibiendo a lo largo de estos años. Primero la pandemia, después la situación económica y posteriormente distintos argumentos vinculados con cuestiones administrativas y judiciales.
Diego sostiene que la empresa no puede desligarse simplemente de sus obligaciones contractuales y que el Estado municipal tampoco debería limitarse a considerar que se trata de un conflicto entre privados: “si vos estás habilitando a alguien que está haciendo un lote, no te podés hacer el desentendido”, planteó durante la entrevista. El reclamo apunta, justamente, a determinar qué herramientas tiene el Municipio para intervenir y qué responsabilidades le corresponden en un desarrollo que involucra a cientos de familias.
La discusión llegó incluso al Concejo Municipal y a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, donde los damnificados participaron de una primera audiencia y tienen prevista una segunda instancia de mediación para octubre. Según explicó Diego, el intendente se comprometió a participar de esa próxima audiencia. El objetivo que plantean los compradores es concreto: encontrar una salida que les permita disponer de los terrenos sin perjudicar al resto de los integrantes del fideicomiso y sin agravar el conflicto con la empresa.
Un fideicomiso que para las familias se convirtió en una trampa
Uno de los aspectos más complejos del conflicto es la figura jurídica bajo la cual fueron adquiridos los terrenos. Diego explicó que los compradores forman parte de un fideicomiso y que, al no estar completada la subdivisión y regularización, tampoco cuentan con la libertad de disponer del lote como cualquier propietario.
“Yo puedo quedar atrapado”, resumió al explicar el temor de iniciar un juicio individual que pueda extenderse durante años. Incluso señaló que algunos damnificados evalúan vender sus terrenos para afrontar los costos legales, aunque la propia situación jurídica del fideicomiso genera dudas sobre la posibilidad de hacerlo.
Por eso, los compradores comenzaron a analizar estrategias colectivas y también anunciaron nuevas acciones. Diego contó que el grupo se presentó ante el Colegio de Corredores Inmobiliarios para denunciar a las inmobiliarias que participaron de las ventas y que también evalúan avanzar ante las escribanías involucradas. El reclamo, entonces, ya no está concentrado exclusivamente en la empresa desarrolladora. Las familias buscan determinar qué ocurrió, quiénes intervinieron y qué mecanismos existen para recuperar la posibilidad de disponer de aquello por lo que pagaron.
La parte más difícil: seguir pagando mientras se espera
Hay una dimensión del conflicto que difícilmente pueda medirse en un expediente: la vida que quedó suspendida. Hay familias que compraron pensando en construir. Otras querían mudarse a Pueblo Esther. Algunas proyectaban instalar un comercio. Todas tomaron una decisión económica en función de una expectativa: que ese terreno pudiera convertirse en algo concreto.
Mientras la obra no termina, muchas continúan alquilando.“Hay muchos que alquilan, vos no sabés el sufrimiento”, dijo Diego durante la entrevista. Y agregó que el aumento de los impuestos y del costo de vida se combina con ingresos que, según su experiencia, no acompañan ese crecimiento.
Ahí aparece la verdadera dimensión del reclamo. No son solamente metros cuadrados pendientes, cordones cuneta, servicios o papeles. Son años de vida familiar esperando una casa que no puede empezar a construirse.
Son ahorros que no pueden transformarse en una vivienda. Son proyectos comerciales que no pudieron comenzar. Son familias que siguen alquilando mientras tienen un terreno comprado que no pueden utilizar.Y es también la angustia de no saber cuándo terminará la espera.
El reclamo al Municipio: respuestas y una salida
Frente a la Municipalidad, los damnificados volvieron a pedirle al intendente Martín Gherardi que tome cartas en el asunto y que utilice las herramientas que tenga a su alcance para impulsar una solución.
La situación ya lleva varios años y las familias aseguran estar agotadas de los cambios de fechas, las explicaciones y la falta de información precisa. “Todos necesitamos ese terreno”, sintetizó Diego al explicar el objetivo de la mediación. No se trata solamente de resolver el problema de una persona, sino de encontrar una salida para un conjunto de familias que quedaron vinculadas a un desarrollo que no alcanzó las condiciones prometidas para convertirse en el lugar donde pensaban construir su futuro.
La pregunta que queda abierta ya no es solamente cuándo terminarán las obras. También es cuánto más pueden esperar quienes pusieron allí los ahorros de una vida para conseguir algo tan básico como un lugar propio donde vivir. Mientras las respuestas no llegan, las familias siguen esperando frente a un terreno que compraron, pero que todavía no sienten verdaderamente suyo.
