Beatriz Ledezma atraviesa un desalojo junto a su padre de 84 años, con discapacidad. Asegura que la orden está vencida y que la vivienda a la que debería mudarse no cuenta con servicios básicos.
Una situación de extrema angustia se vive en las últimas horas en Pueblo Esther, donde Beatriz Ledezma denuncia estar siendo desalojada junto a su padre, un adulto mayor de 84 años con discapacidad, en medio de un conflicto que —según afirma— presenta irregularidades legales y falta de respuestas por parte de los responsables.
“Vinieron a desalojarnos con fecha vencida”, aseguró Beatriz, quien explicó que la orden judicial correspondía al viernes 10, pero que igualmente se presentó un escrito ante el juez solicitando una prórroga debido a que la vivienda alternativa no se encuentra en condiciones habitables. “No tiene luz, no tiene agua, no tiene nada”, remarcó.
El conflicto tiene origen en un acuerdo firmado años atrás con los propietarios del terreno donde vive desde hace décadas junto a su familia. Según relató, tras el fallecimiento de los antiguos dueños, los nuevos titulares del lugar se comprometieron a construirle una vivienda para que pudiera mudarse y así avanzar con la venta del campo. “Firmamos un acuerdo todos, con abogados, donde se comprometían a hacer una casa y transferirla a mi nombre”, explicó.
Sin embargo, sostiene que ese acuerdo no fue respetado. “Empezaron a derrumbar partes de la casa donde vivo antes de terminar la nueva”, denunció, y agregó que desde hace tres años viven sin servicios básicos debido a esta situación. “Estamos sin luz y sin agua desde 2023”, afirmó.
La vivienda a la que debería trasladarse, según indicó, fue construida con demoras y aún hoy no cuenta con las condiciones mínimas. “No tiene medidor de luz ni conexión de agua. Incluso detectaron una conexión clandestina que fue clausurada”, detalló.
En este contexto, Beatriz expresó su preocupación por la situación de su padre. “No les importa que tenga discapacidad, mandan a derrumbar todo igual”, señaló, visiblemente afectada por el avance del desalojo.
Además, cuestionó la falta de intervención de las autoridades. “Necesito que alguien del Concejo o de la Municipalidad se acerque. Estoy esperando esa ayuda”, pidió, y reconoció que aún no logró canalizar el reclamo a través de Acción Social.
La mujer también apeló a la solidaridad de la comunidad y a la visibilización del caso como una forma de frenar la medida. “No tenemos dónde ir. Así como estamos, nos quedamos en la calle”, advirtió.
El hecho pone en evidencia no solo un conflicto legal en torno a una propiedad, sino también una problemática social urgente, donde la falta de condiciones habitacionales básicas y la vulnerabilidad de las personas involucradas agravan el escenario.
Mientras tanto, el desalojo avanza y la incertidumbre crece. Beatriz insiste en que aún hay margen para una solución: que se garantice una vivienda digna antes de concretar cualquier traslado. “¿Quién puede vivir sin luz y sin agua?”, se preguntó.