Vanesa, delegada de ATE, denunció el hostigamiento que sufre por parte del director del nosocomio de Pueblo Esther. Las trabajadoras desplazadas no fueron notificadas legalmente y se les impide ingresar a su lugar de trabajo. Además, apuntó a la falta de gestión, el manejo discrecional de fondos y el silencio de las autoridades provinciales.
La situación en el SAMCo de Pueblo Esther sigue escalando en gravedad. Vanesa, delegada de ATE y trabajadora administrativa del efector de salud, brindó una extensa entrevista donde expuso la compleja realidad que viven las trabajadoras del lugar, marcadas por denuncias de violencia laboral, desplazamientos irregulares, falta de acceso a la información y un clima institucional hostil encabezado —según sostiene— por el propio director del establecimiento, Marcelo Minicucci.
“Hace tiempo que venimos reclamando por situaciones de violencia laboral. A una compañera ya la trasladaron preventivamente por 180 días al SIC de General Lagos. Lo estamos cumpliendo, como corresponde, porque no queremos entorpecer ninguna investigación. Pero nuestras denuncias no figuran en el expediente que dio lugar a ese traslado”, comenzó señalando Vanesa. Y agregó: “Se rumorea que también me van a trasladar a mí, lo cual sería ilegal. Tengo fueros gremiales como delegada. Si lo hacen, vamos a accionar judicialmente”.
Sin respuestas del Estado y con la justicia a paso lento
ATE y un grupo de trabajadores realizaron recientemente una asamblea en el hall del centro de salud, con el apoyo de delegados de otros efectores. La actividad no arrojó avances concretos: “Desde el Ministerio de Salud, silencio absoluto. Nosotros ya presentamos todo lo necesario. Está judicializado. Pero la justicia es lenta. Y mientras tanto, tenemos que seguir trabajando en estas condiciones”, sostuvo.
La carga emocional es parte del padecimiento diario: “Es muy duro. Yo comencé terapia porque no se puede sostener. A veces llego y me encuentro con la oficina cerrada, no me dan las llaves. Como si yo no existiera. Me dicen en la cara que ‘acá no sos nada’. Pero yo no voy a abandonar mi lugar de trabajo ni mi dignidad”.
¿Investigación contable o persecución?
Según el director Minicucci, habría supuestas irregularidades contables que justifican el desplazamiento de las trabajadoras administrativas. Pero Vanesa es contundente: “Nosotras no tomamos decisiones sobre la plata del SAMCo. Si hay algo que investigar, que apunten a la comisión ejecutiva. Él anda mostrando papeles por todo el pueblo, pero nunca vi uno de esos documentos. Nosotras no manejamos fondos, no firmamos cheques, no autorizamos gastos”.
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la descripción del acceso restringido a su propio espacio laboral: “Me niegan entrar a mi oficina, cuando no hay ninguna resolución que me lo impida. Incluso cuando me notificaron sobre el traslado, lo hicieron de forma irregular. Me trajo los papeles en mano el entonces presidente de la comisión ejecutiva, Luis Brucci, como si fuera una nota cualquiera. Esa notificación debería haber llegado por cédula o mediante el nodo Rosario. Todo es informal, todo es discrecional”.
Desmanejo institucional y fondos retenidos
La renuncia de Luis Brucci al gabinete municipal —donde se desempeñaba como Secretario de Gobierno y también como presidente de la comisión ejecutiva del SAMCo— disparó nuevos interrogantes. “Nosotras lo venimos diciendo hace rato: hay un desmanejo total. Y ahora se está viendo. Él tenía acceso exclusivo a la cuenta del SAMCo. Si ya no está, ¿quién administra los fondos? ¿Quién paga a los proveedores?”, cuestionó Vanesa.
También denunció la retención indebida del 30% de los ingresos por obras sociales que por ley deben repartirse entre los trabajadores. “Desde agosto del año pasado que no cobramos un peso. Ese dinero se reparte en partes iguales para todo el personal. Pero esta nueva gestión nunca lo distribuyó”.
Además, explicó que la institución no tiene convenio con PAMI —una fuente clave de ingresos para muchos efectores— y que los intentos por avanzar en esa dirección fueron frenados. “Carina (la otra trabajadora desplazada) venía trabajando en eso. Pero con toda esta situación quedó todo suspendido”.
El salario y la precarización del trabajo en salud
Sobre el final, Vanesa también se refirió al contexto más amplio que atraviesan los trabajadores del sistema de salud pública provincial. “Las paritarias son una vergüenza. Un 8% en tres meses con la inflación que hay. La ayuda escolar fue de 510 pesos. ¿Qué hacés con eso? Por hijo cobramos 5.000 pesos. Yo tengo 15 años de antigüedad, cargo titular administrativo de 30 horas, y gano 800.000 pesos. Es la tercera parte de la canasta básica”.
La situación es insostenible. Pero más allá del desgaste, Vanesa no baja los brazos. “Yo voy a seguir luchando. No voy a dejar que se me borre de un plumazo. Esta batalla la vamos a dar, aunque sea larga, aunque sea difícil. Porque no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo justicia y condiciones dignas de trabajo”.
La historia del SAMCo de Pueblo Esther es hoy una muestra palpable de cómo la violencia institucional, el silencio del Estado y la precarización laboral pueden convivir en los lugares donde, paradójicamente, se debería cuidar la salud de toda una comunidad. La voz de Vanesa se levanta como denuncia, pero también como símbolo de resistencia.
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