La secretaria gremial del SAMCO de Pueblo Esther, Vanesa Torres, hizo públicos su malestar frente a la falta de respuestas institucionales tras múltiples reclamos sobre violencia laboral, precarización del personal y carencias operativas desde septiembre de 2024. Exige reunión con el intendente y pide intervención directa frente a un director acusado de maltrato.
Vanesa Torres, secretaria gremial del SAMCO local, accede a nuestra entrevista con una carpeta repleta de documentación: notas presentadas, sellos, respuestas pendientes. Desde septiembre de 2024, ella y sus compañeras han intentado sin éxito que el intendente Martín Gherardi y la Secretaría de Políticas Sociales escuchen su situación. “La primera nota fue el 3 de septiembre, luego volvimos el 14 de octubre, el 27 de junio de este año… hemos presentado más de diez reclamos formales y todavía no hemos obtenido ni una reunión”, resume.
Los motivos son diversos pero convergen en una idea clara: no solo se trata de una denuncia personal, “esto es el reclamo de un equipo de trabajadores que sostiene un servicio público de salud”. Denuncian que las cámaras de seguridad están colocadas para vigilar al personal, no para observar el ingreso de pacientes; que los botones de emergencia no funcionan; que durante la noche no hay policía y que el aire acondicionado general está averiado hace más de un año. Todas estas irregularidades, dice Vanesa, generan un entorno de miedo, tensión y precarización.
El detonante más grave, aseguran, es la figura del director del SAMCO, el Dr. Minicucci, cuyas conductas han sido calificadas de violentas y represivas contra el personal. “Hablamos de situaciones donde se reprime verbalmente, se interpelan colegas por trabajar en negro o se exige más de lo que el SAMCO puede ofrecer”, comenta Vanesa. En este inicio de año, la escasez de medicación psiquiátrica agravó los conflictos; el personal farmacéutico y administrativo trabajó bajo presión y amenazas, sin protección institucional.
Torres sostiene que el conflicto no es aislado ni menor. Está vinculado al modo en que se designan las autoridades del SAMCO. En gestiones anteriores, era la Municipalidad quien impulsaba los nombres de los directores; en este caso, ella afirma que el actual director fue impuesto directamente desde la Provincia, sin consenso local. Esto abrió una grieta entre la falta de escucha del Estado municipal y la sensación de que los cargos ya no responden a la comunidad sino a decretos ajenos. “Ellos dicen que no tienen competencia. Pero un intendente sí puede pedir el cambio de director: hemos visto ejemplos recientes en otros municipios,” argumenta Vanesa.
La funcionaria municipal responsable del área de Políticas Sociales, según ella, no recibió las notas ni convocó a reunirse. “Que digan si van a seguir respaldando al doctor o si están dispuestos a coordinar mejoras. Una respuesta clara nos permitiría tomar decisiones como colectivo”, agrega con firmeza.
Más allá de los cuestionamientos personales, ella reclama infraestructura básica: personal administrativo en turnos de fin de semana y feriados, refuerzos en zonas críticas del centro de salud, mantenimiento del sistema de monitoreo y readecuación de espacios. Observa que esas carencias no solo afectan al personal, sino también la experiencia de los pacientes; quienes acuden al SAMCO, muchas veces desde otros municipios, no encuentran recepción adecuada ni información clara.
La acumulación de reclamos incluye también presentación ante la Defensoría del Pueblo en Rosario y la Oficina de Violencia de Género local. En septiembre de 2024 presentaron un informe con pruebas sobre irregularidades en la vigilancia interna. “Nos dijeron que nuestra demanda se elevó, pero no pasó nada. Y lo peor: seguimos sin respuesta en nuestra casa”, lamenta.
Consciente del desgaste emocional y práctico que supone visibilizar estas denuncias, Vanesa explica que su representante gremial no busca protagonismo, sino justicia. “No estoy hablando por mí sola. Esto es el reclamo de todas y todos los trabajadores del SAMCO, que desean condiciones dignas, seguras y transparentes”, reitera.
Mientras tanto, la institución permanece en una tensión invisible: autoridades que rehúyen el diálogo, trabajadores que cumplen bajo precariedad, usuarios que enfrentan servicios inconsistentes. Para Torres, una salida posible es que el intendente acepte convocar al dialogo formal con los trabajadores y dé una respuesta sobre su intervención en el nombramiento o continuidad del director. El silencio, dice, contribuye a perpetuar un modelo en el que la salud pública queda al margen del control ciudadano y profesionalismo institucional.
Vanesa Torres concluye con una frase contundente: “Ya no pido favores, pido cumplimiento. Que nos digan con claridad qué piensan hacer. Esa honestidad es lo mínimo que merecemos para pensar en construir comunicación de aquí en más.” Y deja en el aire una invitación a quienes tienen autoridad para replantear un centro de salud que hoy carece de legitimidad interna y externa, urgido de diálogo y transparencia.
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