Vanesa Torres, trabajadora del SAMCo local y delegada gremial, denunció al director del efector, Marcelo Minicucci, por situaciones de acoso y violencia laboral. La denuncia, acompañada por una medida cautelar y respaldada por diversas presentaciones formales, aún no recibió respuesta por parte de las autoridades provinciales ni municipales.
En el marco de una situación que ya lleva varios meses y que ha sido visibilizada a través de múltiples vías institucionales, Vanesa Torres —trabajadora de la salud y delegada gremial en el SAMCo de Pueblo Esther— volvió a alzar la voz para reclamar respuestas ante las denuncias de violencia laboral y acoso que presentó junto a su compañera Carina contra el director del efector, Marcelo Minicucci.
“Lo que más bronca me da es que todos saben lo que pasa. Lo visibilizamos por todos los medios posibles. Presentamos notas, hicimos los reclamos dentro de la ley, recurrimos a todas las instancias que corresponden. Pero nadie responde. Que no te escuchen duele, pero que se hagan los que no saben, eso da miedo”, expresó Torres en diálogo con Radio Enlace.
La trabajadora, con años de experiencia en el sistema público de salud, no oculta el desgaste emocional que le genera la falta de respuestas: “Tenemos una cautelar presentada desde antes de Pascua por mi condición de delegada gremial. También se presentó un amparo por mora, porque las cautelares deben resolverse con urgencia. Pero todavía nadie nos respondió”.
Las denuncias, que implican acusaciones graves de maltrato laboral, persecución y amenazas, fueron elevadas a distintos organismos: el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, el Nodo Rosario, la Municipalidad de Pueblo Esther, la Oficina de Género local, Defensa del Consumidor y hasta la delegación regional del gremio ATE. “Yo ando con la carpeta encima todo el tiempo, llena de documentación. Nadie puede decir que no sabe lo que pasa. Todos están enterados”, remarcó.
En este contexto, una reciente herramienta legal podría abrir nuevas instancias para el reclamo: la Ley Provincial Nº 14.371 contra la violencia y el acoso laboral y de género, publicada en el Boletín Oficial el pasado 27 de mayo. “Esta ley es importante porque amplía derechos y permite que el sindicato intervenga formalmente en casos de violencia laboral, incluso si la persona no es planta permanente. Abarca a contratados, monotributistas o trabajadores en situación irregular. También garantiza que puedan denunciar sin miedo a represalias o despidos”, explicó Torres, quien anticipó que esta semana mantendrán reuniones con representantes gremiales para analizar el alcance de esta normativa y evaluar nuevos pasos.
Consultada sobre la postura del gobierno local, Torres evitó responsabilizar a las nuevas autoridades, pero exigió señales claras: “A Natalia Míguez, que asumió hace poco como secretaria de Políticas Sociales, todavía no la contactamos. Vamos a pedir una reunión esta semana. Sabemos que presentaron un nuevo protocolo de abordaje para casos de violencia de género, pero queremos saber cómo lo van a aplicar en hechos concretos, como el nuestro”.
Finalmente, la trabajadora cuestionó la falta de acción por parte del Estado en todos sus niveles: “Cada 3 de junio llenan las redes con flyers y palabras bonitas. Pero cuando dos mujeres denuncian violencia dentro de un efector público, el silencio es total. El Estado es el primer responsable en erradicar la violencia de género. Y si no actúa, no hay Ni Una Menos que valga”.
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