El Ejecutivo municipal envió al Concejo un proyecto para actualizar la Tasa de Organización Portuaria que pagan las empresas vinculadas a la actividad portuaria. La modificación se inscribe en una política que vienen aplicando los municipios y comunas del Gran Rosario que concentran terminales agroexportadoras, que buscan actualizar los recursos que reciben por el impacto del tránsito pesado sobre sus territorios. En paralelo, la discusión se da en medio de la disputa que mantiene la Provincia con los gobiernos locales por el futuro de este tributo y por el destino que debe tener la recaudación.
El Gobierno de Arroyo Seco elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para modificar los valores de la Tasa de Organización Portuaria, un tributo que alcanza a las actividades vinculadas con el movimiento de cargas en el corredor agroexportador del río Paraná. La iniciativa debe ser analizada en el ámbito legislativo local, pero su alcance excede la discusión estrictamente municipal porque forma parte de un esquema tributario que aplican distintas localidades que albergan puertos y terminales vinculadas con la exportación de granos y subproductos. En los últimos años, municipios y comunas del cordón portuario vienen actualizando sus tasas para intentar compensar el impacto que genera sobre calles, caminos, infraestructura y servicios el tránsito permanente de camiones hacia las terminales. En Arroyo Seco, el Ejecutivo de Daniel Tonelli busca ahora adecuar nuevamente los valores de este tributo en un escenario en el que la discusión por quién debe cobrarlo y cómo deben utilizarse esos recursos comenzó a adquirir una dimensión provincial.
La actualización propuesta por Arroyo Seco se enmarca en una tendencia compartida por las localidades portuarias del Gran Rosario. Municipios como San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, General Lagos y la propia Arroyo Seco han utilizado distintas herramientas tributarias para captar recursos derivados de una actividad agroexportadora que genera un movimiento extraordinario de camiones y que también demanda mantenimiento de calles, accesos, infraestructura y servicios públicos. La discusión sobre los montos, por lo tanto, no se desarrolla de manera aislada en cada municipio, sino dentro de una problemática común para las localidades que reciben diariamente una parte significativa del tránsito de cargas destinado a los puertos. De hecho, en anteriores actualizaciones de Arroyo Seco, los fundamentos municipales ya señalaban que los valores se buscaban alinear con los aplicados por otras localidades del corredor portuario cerealero del Paraná.
El debate adquiere una dimensión política mayor porque el Gobierno de Santa Fe viene planteando la necesidad de modificar el esquema actual de financiamiento de los accesos a las terminales portuarias. La administración de Maximiliano Pullaro pretende avanzar hacia un sistema que concentre y ordene los distintos mecanismos de cobro que actualmente aplican los municipios y comunas, con el argumento de que los recursos deberían estar vinculados directamente con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura utilizada por el transporte de cargas. La propuesta provincial contempla un mecanismo de cobro por tonelada que reemplazaría la multiplicidad de tasas municipales y comunales y, según la información publicada por Letra P, durante las negociaciones se analizó que una parte de esos fondos permanezca en los municipios mientras otra sea destinada a un fideicomiso con participación estatal y privada. La implementación del nuevo esquema, sin embargo, fue postergada y la Provincia decidió mantener abierta la discusión hasta después de las elecciones de 2027.
La disputa por quién administra los recursos
El planteo de la Casa Gris parte de una crítica concreta al funcionamiento actual de las tasas portuarias. Desde el Gobierno provincial consideran que una parte importante de los recursos que recaudan los municipios y comunas a través de estos tributos termina incorporándose a las rentas generales y utilizándose para afrontar gastos corrientes, en lugar de regresar directamente al sistema portuario mediante obras de infraestructura. La discusión, en consecuencia, no se limita al valor que pagan las empresas o los transportistas, sino que alcanza al destino final del dinero recaudado y al nivel de control que debería existir sobre esos fondos. La Provincia sostiene que cualquier nuevo esquema debería garantizar que el dinero tenga un destino específico y verificable, especialmente en obras de mantenimiento y mejora de los caminos que soportan el tránsito de camiones.
En ese punto aparece uno de los principales contrapuntos con los gobiernos locales. Para los municipios portuarios, la tasa representa una herramienta para obtener recursos destinados a afrontar los costos que la actividad genera sobre sus territorios, en especial en localidades que reciben diariamente un volumen de transporte muy superior al que correspondería por su población. En el caso de Arroyo Seco, los propios fundamentos de anteriores actualizaciones de la tasa señalaron la necesidad de sostener tareas de mantenimiento, obras, infraestructura vial, organización del tránsito pesado y servicios afectados por la actividad portuaria. El municipio, además, ya ha utilizado recursos provenientes de la tasa para atender necesidades financieras concretas, una situación que demuestra que el tributo tiene un peso significativo dentro de las cuentas locales.
La discusión sobre el destino de esos recursos tampoco es nueva en Arroyo Seco. Durante 2025, el Concejo Municipal aprobó por mayoría la desafectación de 350 millones de pesos provenientes de la Tasa de Organización Portuaria para destinarlos al pago del aguinaldo, una decisión que dejó expuesta la discusión acerca de la utilización de los fondos generados por el tributo. También durante ese año se debatieron otras desafectaciones de recursos de la tasa para atender obligaciones municipales. Estos antecedentes forman parte del argumento que sostiene la Provincia cuando cuestiona que las tasas portuarias puedan ser utilizadas para cubrir necesidades generales de los gobiernos locales, aunque desde la perspectiva municipal se trata de recursos propios que integran el financiamiento de las administraciones locales.
Una tasa que se discute en todo el cordón portuario
La particularidad del proyecto enviado ahora por el Ejecutivo de Arroyo Seco es que la actualización se produce en un momento en el que las distintas localidades portuarias enfrentan una problemática común. El movimiento de camiones hacia las terminales agroexportadoras no se limita a los accesos inmediatos a cada puerto, sino que impacta sobre rutas provinciales, caminos municipales y arterias urbanas que deben soportar una circulación permanente de vehículos de gran porte. Para los gobiernos locales, esa situación implica costos de mantenimiento que no siempre encuentran una fuente de financiamiento específica suficiente. Por eso, las tasas portuarias se convirtieron en una herramienta utilizada por distintas administraciones del Gran Rosario para captar parte de los recursos generados por una actividad económica que tiene una fuerte presencia territorial pero cuyo negocio principal se encuentra concentrado en las terminales exportadoras.
La propuesta de la Provincia intenta modificar precisamente esa lógica fragmentada. El esquema que impulsó originalmente el Gobierno de Pullaro contemplaba un cobro de 1,5 dólares por tonelada para los camiones que ingresaran a las terminales portuarias del sur santafesino, con la intención de reemplazar la multiplicidad de cargos que actualmente aplican las distintas jurisdicciones. Durante las negociaciones con los intendentes se analizó un mecanismo mediante el cual los municipios conservarían 0,4 dólares por tonelada, mientras el resto sería destinado a un fideicomiso con participación estatal y de representantes del sector privado. La discusión quedó abierta por las diferencias existentes respecto del monto, el mecanismo de administración y, especialmente, la garantía de que los recursos se traduzcan efectivamente en obras de infraestructura.
El Gobierno provincial decidió finalmente postergar la aplicación del nuevo sistema hasta después de las elecciones de 2027. Según la información publicada por Letra P, la Casa Gris busca utilizar este período para alcanzar un mayor nivel de acuerdo con productores, transportistas, municipios, entidades rurales y empresas vinculadas con la actividad agroexportadora. Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo provincial es evitar que una nueva carga sobre el transporte de granos genere un conflicto con el sector agropecuario durante el período electoral. Al mismo tiempo, la Provincia mantiene el objetivo de avanzar hacia un sistema en el que el financiamiento de los caminos portuarios esté directamente asociado a las obras que deben ejecutarse.
Arroyo Seco vuelve a poner en discusión el valor de la tasa
En este escenario, el proyecto enviado por la Municipalidad de Arroyo Seco vuelve a colocar en el centro de la discusión el valor de la Tasa de Organización Portuaria y el papel que cumplen los gobiernos locales dentro del esquema agroexportador. La actualización propuesta deberá ser discutida por el Concejo Municipal, pero su tratamiento se producirá mientras continúa abierta la disputa entre la Provincia y los municipios sobre quién debe administrar los recursos derivados del tránsito hacia los puertos. El debate tendrá, por lo tanto, dos dimensiones: por un lado, la necesidad municipal de actualizar un tributo frente al impacto que genera el tránsito pesado; por otro, la discusión provincial sobre si esos recursos deben continuar siendo administrados directamente por las localidades o integrarse a un esquema centralizado y con afectación específica para infraestructura. En el fondo, se discute quién debe quedarse con una parte de los recursos generados por una de las actividades económicas más importantes del sur santafesino y bajo qué condiciones deben regresar al territorio.
La cuestión adquiere particular relevancia para Arroyo Seco por su ubicación dentro del corredor portuario del Gran Rosario y por el peso que tiene la actividad agroexportadora sobre su infraestructura. La ciudad comparte con otras localidades del cordón una problemática que combina el movimiento económico generado por los puertos con los costos que ese movimiento produce sobre el territorio. Mientras los municipios defienden la posibilidad de administrar sus propios recursos para atender las necesidades locales, el Gobierno provincial plantea que debe existir una relación más directa entre lo que se recauda y las obras que se realizan en los caminos portuarios. El proyecto enviado por el Ejecutivo de Daniel Tonelli se inscribe en esa tensión y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que, lejos de ser exclusivamente tributaria, involucra la autonomía municipal, el financiamiento de la infraestructura y la distribución de los recursos generados por la actividad agroexportadora.
La definición provincial, al menos por ahora, no implicará la eliminación inmediata de las tasas municipales existentes. La propuesta de la Casa Gris quedó postergada hasta después de las elecciones de 2027, mientras continúan las conversaciones con los distintos actores involucrados. En ese período, los municipios y comunas portuarias continuarán administrando sus propios esquemas tributarios y podrán discutir nuevas actualizaciones, como la que ahora propone Arroyo Seco. El escenario deja abierta una disputa que probablemente vuelva a ocupar un lugar central en la agenda política santafesina cuando se acerque la implementación del nuevo sistema provincial.
