Allanamientos en oficinas empresariales y un sindicato buscan esclarecer el circuito financiero de una organización acusada de importar cocaína; en la región, el Grupo Roma desarrolla loteos en Pueblo Esther y General Lagos.
Una investigación federal por narcotráfico y lavado de dinero avanza en la ciudad de Rosario con una serie de procedimientos que pusieron el foco en operaciones inmobiliarias y financieras vinculadas a una organización criminal. Los operativos, realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), apuntan a reconstruir la denominada “ruta del dinero narco” en la región.
De acuerdo a la información publicada por Infobae, la causa investiga a una banda que habría importado cerca de 750 kilos de cocaína hacia fines de 2025, en el marco de una estructura que operaba a gran escala y con conexiones logísticas hacia Bolivia.
La pesquisa, que se desprende de una causa iniciada tras la detención de 13 integrantes en noviembre pasado, se centra ahora en el análisis de las maniobras económicas utilizadas para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico. En ese contexto, los investigadores buscan determinar cómo se canalizaron las ganancias ilícitas hacia inversiones legales.
Entre los procedimientos ordenados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se realizaron medidas en oficinas del Grupo Roma ubicadas en Puerto Norte, así como en la sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), en el centro rosarino.
Según la investigación, el principal sospechoso es Ariel Fernando Suppa, señalado como organizador y financista de la red. Los fiscales sostienen que la organización introducía la droga por vía terrestre desde Bolivia y luego la distribuía en Rosario y la región, utilizando estructuras logísticas que incluían transporte encubierto como fachada comercial.
En los allanamientos, las autoridades incautaron documentación vinculada a operaciones inmobiliarias con el objetivo de rastrear posibles maniobras de lavado de dinero. La hipótesis judicial apunta a que parte de las ganancias del narcotráfico habrían sido invertidas en bienes y desarrollos para legitimar su origen.
Desde el Grupo Roma, su titular Pablo Cofano emitió un comunicado en el que negó cualquier irregularidad y aseguró que la empresa cumplió con todos los requerimientos judiciales. Según indicó, la medida consistió en la entrega de documentación sobre operaciones puntuales de compraventa de lotes y no en un allanamiento en sentido estricto.
El avance de la causa genera atención en la región, donde la desarrolladora tiene presencia activa a través de distintos proyectos urbanísticos. En particular, el Grupo Roma impulsa loteos financiados como “Comunidad Evolutiva” en Pueblo Esther y desarrollos en General Lagos, conocidos como Vitta Río/Vitta, lo que refuerza el interés en el seguimiento judicial de sus operaciones.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y se orienta a reconstruir el circuito completo del dinero, desde la importación de estupefacientes hasta su eventual inserción en el mercado formal. En ese marco, no se descartan nuevas medidas y avances en una causa que expone, una vez más, los vínculos entre el narcotráfico y la economía legal en la región.
