La grave situación que atraviesa la Cooperativa de Electricidad de Villa Gobernador Gálvez volvió a quedar expuesta en los últimos días, luego de que la entidad diera a conocer una deuda significativa producto —según su propia comunicación— del hurto de energía y de pérdidas técnicas acumuladas durante años.
En diálogo con Enlace de Noticias, el concejal Nicolás Ramírez analizó en profundidad el problema, sus causas estructurales y el impacto social que enfrenta una de las ciudades con mayor nivel de informalidad y carencias básicas de la provincia.
Nicolás Ramírez explicó que la deuda, aunque elevada, “equivale aproximadamente a un mes de consumo eléctrico de la ciudad, porque Villa Gobernador Gálvez es una de las localidades más grandes de Santa Fe y la cooperativa es la más grande de la provincia en lo que respecta al servicio energético”. Aun así, reconoció que el anuncio por parte de la cooperativa marcó un antes y un después: por primera vez se planteó públicamente la posibilidad de que la situación “sea insostenible” si no se aborda con políticas más profundas.
El concejal remarcó que el problema no es nuevo y que lleva décadas sin resolverse. Señaló directamente la falta de planificación estatal: “Han pasado gobiernos que no se ocuparon y el actual lleva diez años sin regularizar la situación de ningún barrio. Esos barrios crecen y el hurto de energía se expande, pero no porque la gente quiera engancharse, sino porque cuando van a pedir un medidor no pueden bajarlo por la irregularidad dominial. Los obligan a vivir en la clandestinidad”.
Además, denunció una desigualdad estructural en la relación entre las cooperativas y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), especialmente en localidades grandes como Villa Gobernador Gálvez. “La provincia tiene que rever esta situación. La cooperativa no puede entregar un medidor social ni una tarifa subsidiada. Eso convierte a un vecino de Villa Gobernador Gálvez en un usuario más vulnerable que uno de Rosario”, afirmó. También rechazó el mito de que “la luz es la más cara del país” y aclaró que los cuadros tarifarios que aprueba el Concejo “no pueden superar los valores de la EPE”.
Ramírez defendió el servicio técnico de la cooperativa, destacando que “en épocas de pico no registramos cortes como en otras localidades”, pero subrayó la falta de inversión y la necesidad de una nueva estación transformadora para acompañar el crecimiento urbano. De todos modos, insistió en que el origen real del problema es otro: la irregularidad dominial masiva. “De los 50 barrios de la ciudad, 33 son barrios populares donde la gente trabaja, paga sus impuestos, pero no tiene papeles. Un laburante que trabaja en Paladini o en Swift, que puede pagar su servicio, no puede bajarlo porque su barrio no está regularizado.”
El concejal detalló que obtener una titularidad es prácticamente imposible para muchas familias. “No se trata sólo de que faltan escrituras. En muchos casos, ni siquiera existe una primera inscripción dominial en el Registro de la Propiedad. Un juicio de usucapión puede tardar décadas y costar una fortuna. Es algo que no puede recaer en cada vecino; el Estado tiene que intervenir de manera seria”.
En ese sentido, recordó que el Concejo aprobó una ordenanza clave de regularización que permitiría al municipio gestionar tierras privadas o fiscales, lotearlas y vendérselas a los vecinos con cuotas accesibles, generando un círculo virtuoso. Pero advirtió que, aun teniendo el marco legal, la municipalidad enfrenta actualmente una profunda crisis financiera. “La semana pasada aprobamos la emergencia económica y un pedido de adelanto de coparticipación. La recaudación cayó, como le pasó a todos, pero además hubo gastos innecesarios que venimos marcando hace tiempo”, señaló.
Sobre la relación regional en materia energética —Pueblo Esther, Alvear, Villa Gobernador Gálvez— Ramírez destacó que el sistema está interconectado y que las decisiones afectan a toda la zona. “A veces se corta en un lugar para sostener otro. Es un esquema difícil de comprender para el vecino, pero es parte de esta estructura desordenada y sin planificación”.
Consultado sobre el futuro político, Ramírez confirmó que el 10 de diciembre comenzará su segundo mandato como concejal y analizó el proceso de renovación dentro del peronismo local. “Villa Gobernador Gálvez fue un bastión en un contexto de derrotas provinciales y nacionales. Lo logramos con unidad y con pibes a la cabeza. La gente necesitaba ver algo nuevo, mezcla de renovación y de dirigentes históricos acompañando desde el lugar que les tocaba. Salimos a poner la cara y a explicar nuestro proyecto de ciudad. No venimos a improvisar”.
Sobre la situación económica y laboral, especialmente tras el caso emblemático de Euro, fue contundente: “Muchas empresas están sosteniendo a sus trabajadores hasta donde pueden, bajando rentabilidad, rotando turnos. Si esto sigue así, va a haber despidos. Y en una ciudad obrera como la nuestra, ese es el caldo de cultivo para un conflicto social serio”.
Por último, Ramírez llamó a recuperar el valor de la política en territorio: “Hay una campaña para instalar que la política molesta. Pero sin política no hay educación, no hay salud, no hay cultura. Tenemos que hacer que la política vuelva a ser cercana y útil. Y también tenemos que lograr que desde la provincia y la nación escuchen más a los territorios. Somos nosotros los que vemos todos los días la realidad del vecino en la verdulería o en el kiosco”.
La entrevista cerró con un mensaje de compromiso y con un pedido concreto: que la dirigencia provincial tome nota de la complejidad inédita que atraviesa una ciudad que combina tamaño de gran urbe, estructura cooperativa, barrios populares en expansión y un escenario económico que pone en tensión a empresas, trabajadores y usuarios por igual.