El Concejo Municipal sancionó este martes una ordenanza impulsada por los concejales Julián Polinesi, Damián Salinas y José Luis Murina que crea una Cuenta Especial de Seguridad Vial, Infraestructura Estratégica y Control de Tránsito. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en general, aunque los artículos vinculados al destino de los fondos y a las restricciones para su utilización recibieron el voto negativo de los concejales oficialistas Matías Attoresi y Gustavo Delorenzi.
El Concejo Municipal de Arroyo Seco aprobó este martes una nueva ordenanza destinada a regular el destino de los recursos que ingresan al Municipio por infracciones de tránsito detectadas mediante sistemas tecnológicos de fiscalización, como las fotomultas. La iniciativa, presentada por los concejales Julián Polinesi, Damián Salinas y José Luis Murina, crea la Cuenta Especial de Seguridad Vial, Infraestructura Estratégica y Control de Tránsito, un fondo de afectación específica que deberá destinar esos ingresos exclusivamente a inversiones vinculadas con la seguridad vial y el mejoramiento del sistema de tránsito de la ciudad.
El proyecto obtuvo aprobación por unanimidad en la votación general. Sin embargo, durante el tratamiento en particular, los artículos 3, 4 y 5 fueron rechazados por los concejales del oficialismo, Matías Attoresi y Gustavo Delorenzi, mientras que el resto del cuerpo acompañó su incorporación al texto definitivo de la ordenanza.
La norma establece que el fondo estará integrado por el ciento por ciento de los recursos que perciba la Municipalidad por multas, pagos voluntarios, intereses y demás conceptos derivados de infracciones detectadas mediante radares, fotomultas y otros dispositivos tecnológicos de control del tránsito, una vez descontados los porcentajes correspondientes a eventuales convenios con prestadores técnicos. También podrán incorporarse subsidios, aportes y donaciones con destino específico a políticas de seguridad vial, además de los intereses financieros que genere la propia cuenta.
Uno de los aspectos centrales de la ordenanza es que esos recursos no podrán destinarse libremente a cualquier gasto municipal, sino que deberán utilizarse exclusivamente para acciones relacionadas con la seguridad vial. Entre ellas se incluyen la instalación y modernización de sistemas de semaforización inteligente, señalización horizontal y vertical, pantallas dinámicas de velocidad, construcción de cruces peatonales elevados, ciclovías, dársenas para el transporte público, iluminación de sectores críticos, incorporación de equipamiento para inspectores de tránsito, programas permanentes de educación vial y el desarrollo de un observatorio local de siniestralidad. La norma también aclara expresamente que estos fondos no podrán utilizarse para obras generales de pavimentación o bacheo de la ciudad.
Precisamente, el artículo 4 —uno de los puntos que no acompañó el oficialismo— dispone que antes de destinar recursos a obras de infraestructura deberá confeccionarse un expediente técnico con informes elaborados por el área de tránsito y por el Juzgado Municipal de Faltas, acreditando la existencia de antecedentes de siniestralidad o factores objetivos de riesgo en el lugar donde se pretenda intervenir. Sin esos informes, la ordenanza impide autorizar la utilización de los recursos del fondo.
Otro de los artículos rechazados por Attoresi y Delorenzi establece la prohibición absoluta de utilizar el dinero de la cuenta especial para afrontar gastos de personal. La ordenanza impide expresamente que los recursos provenientes de las fotomultas sean destinados al pago de sueldos, horas extras, bonificaciones, viáticos, contrataciones o cualquier otra modalidad de remuneración, aun cuando esas tareas estén relacionadas con el área de tránsito.
La normativa incorpora además distintos mecanismos de control y transparencia. El Departamento Ejecutivo deberá remitir al Concejo informes semestrales con el detalle de la recaudación, el estado de la cuenta bancaria y cada una de las erogaciones realizadas con esos fondos, especificando montos, proveedores, expedientes administrativos y grado de avance de las obras financiadas. Asimismo, se crea una Comisión de Seguimiento integrada por concejales y un representante técnico del Ejecutivo, que tendrá facultades para auditar el funcionamiento del fondo y emitir un dictamen anual sobre el cumplimiento de la ordenanza.
En los fundamentos del proyecto, sus autores sostienen que la creación de una cuenta de afectación específica permitirá fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos y garantizar que el dinero obtenido a través del sistema de fiscalización del tránsito sea reinvertido directamente en políticas destinadas a reducir la siniestralidad, mejorar la infraestructura vial y fortalecer las acciones de prevención y control. También remarcan que el objetivo es evitar que esos ingresos se incorporen a Rentas Generales y terminen financiando gastos corrientes de la administración municipal.
Con la sanción de esta ordenanza, el Municipio deberá implementar un esquema específico de administración y rendición de cuentas para los recursos provenientes de las infracciones de tránsito, estableciendo nuevos mecanismos de control sobre la utilización de esos fondos y delimitando expresamente los destinos para los cuales podrán ser aplicados.
