La abogada Matilde Bruera opinó en Radio Enlace sobre la condena a Cristina Kirchner y el doble asesinato en Rosario, cuestionando la imparcialidad judicial y la responsabilidad estatal en materia de seguridad.
La abogada y especialista en derechos humanos Matilde Bruera, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario y presidenta del Espacio Justicia Legítima, compartió su análisis sobre dos temas de alto impacto político y social. En primer lugar, se refirió a la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner, y luego abordó el doble asesinato del líder barrabrava Pillín Bracamonte y su acompañante, ocurrido en medio de un operativo policial en Rosario.
Una condena “con objetivos políticos”
Bruera cuestionó la condena contra Cristina Kirchner, calificada como “una proscripción” más que una sentencia judicial. “Este fallo no puede ser considerado imparcial. Los jueces involucrados, como Borinsky y Hornos, mantienen vínculos políticos con sectores que buscan impedir la candidatura de Cristina”, expresó. Además, remarcó que el proceso estuvo plagado de irregularidades, destacando la modificación de figuras penales por falta de sustento probatorio.
“Estamos frente a una causa construida políticamente para desacreditar a una figura que marcó los años de mayor bienestar social en Argentina. Esta condena no solo intenta silenciarla, sino borrar los logros de una etapa clave para el país”, agregó.
Seguridad: un sistema en crisis
En relación al asesinato de Pillín Bracamonte, Bruera puso el foco en la responsabilidad estatal y policial. “El homicidio de Bracamonte no fue una sorpresa: había sufrido 29 atentados previos y el Estado estaba al tanto del riesgo que corría. Su muerte en un operativo policial expone la gravedad de las complicidades entre las fuerzas de seguridad y las bandas delictivas”, afirmó.
Bruera denunció la falta de un plan integral de seguridad en Rosario y Santa Fe: “La seguridad no es solo un tema policial, es responsabilidad del Estado garantizar condiciones de vida dignas para todos. Sin esto, no puede haber una verdadera pacificación social.”
Además, destacó que el fiscal de la causa ya está investigando a la policía a cargo del operativo, señalando el allanamiento de la comisaría involucrada como un indicio de posibles irregularidades. “La inseguridad en Rosario ha transformado la vida de la ciudad, limitando derechos y libertades esenciales”, concluyó.
