Más de 15.000 familias rosarinas pagaron durante años sus departamentos a la empresa que un día fue una constructora y hoy funciona como una financiera. La Inspección General de Justicia le ordenó en 2003 que dejara de firmar contratos, pero siguió vendiendo. Los damnificados se organizaron, crearon un registro municipal y lograron los primeros fallos judiciales a su favor. Sin embargo, denuncian una asimetría de poder: la empresa tiene abogados, medios y vínculos políticos; ellos tienen contratos incumplidos y alquileres que pagar.
La historia se repite en miles de hogares de Rosario. Familias que durante años pagaron religiosamente sus cuotas, confiando en una empresa que parecía sólida, y que hoy no tienen su vivienda. Bauen Pilay, la constructora que durante décadas ofreció “soluciones habitacionales”, se transformó en algo distinto. “Los primeros 10 años la empresa cumplía, y después se transforma. Era Bauen Pilay, y después se transforma en una unión transitoria de empresa: Bauen Arquitectura SRL, Pilares S.A. y Pilay S.R.L. Se transforma en una unión transitoria de empresas y ahí empezó a trabajar como tipo financiera, a vender, a vender, a vender, a captar ahorros de la gente. Lo que pasó es que hoy tiene sobrevendido en 2.000, 3.000, no sé cuál es el número, la cantidad de unidades en su capacidad operativa” explicó Juan José García, uno de los damnificados, en Radio Enlace.
Esa frase, “de constructora a financiera”, resume el corazón del conflicto. La empresa dejó de construir y comenzó a captar dinero. La Inspección General de Justicia (IGJ) ya había advertido sobre esa deriva: en 2003 ordenó el cese inmediato de la concertación de nuevos contratos que implicaran la captación periódica de fondos de terceros para su administración (bajo la promesa de futura entrega de inmuebles), así como el cese de la publicidad de dicha operatoria, por considerar que se trataba de sistemas de ahorro previo no autorizados. “Ellos siguieron vendiendo sin tener ese permiso”, denunció Juan José. El resultado es un entramado de miles de familias que pagaron por viviendas que nunca llegaron, mientras la empresa se expandía hacia otros desarrollos, incluidos los que comercializa bajo el nombre de Fidelcomiso.
El registro que busca dimensionar la estafa
Ante la falta de información oficial por parte de la empresa, los damnificados se organizaron. “Como la empresa no brinda ninguna información, el registro está en la Defensoría de Consumidor, en la calle Córdoba, entre Maipú y San Martín. Ahí hay que anotarse”, indicó. El registro fue aprobado por el Concejo Municipal de Rosario en julio de 2026 y entró en vigencia el 10 de agosto bajo la órbita de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios. La titular de esa oficina, Nadia Amalevi, confirmó que el registro sigue vigente, aunque no informó la cifra actualizada de inscriptos. Las estimaciones son dispares: los reclamantes hablan de más de 15.000 familias afectadas, mientras que otras estimaciones provinciales mencionan al menos 7.000 ahorristas.
“El número exacto es difícil. Sean 1.500, sean 2.000, sean 3.000, es un montón de familias que estamos alquilando y no tenemos nuestra propiedad”, resumió Juan José. La magnitud del daño no es solo económica: hay jubilados, personas con discapacidad, familias con niños que llevan años esperando una solución. “Hay 260 jubilados. Uno de los casos es un hombre jubilado, casi 80 años, penando. Gente con chicos discapacitados, con menores, gente que alquila. Una realidad que a la empresa no le importa nada: le importa la plata y nada más”, sostuvo.
La asimetría de poder: abogados, medios y vínculos políticos
Uno de los ejes centrales del reclamo es la desigualdad de recursos entre la empresa y los damnificados. “Tienen todo el poder. Hay gente muy importante detrás de esta empresa, muy ligada al poder político, al poder económico y al poder mediático. Los grandes medios de comunicación nos invisibilizan; nunca una nota, nunca una mención, nunca nada”, denunció. Y agregó: “En vez de comprar ladrillos, compraban abogados, medios de comunicación y parte de la justicia”.
Esa asimetría se traduce en la práctica judicial. “Tener que iniciar un juicio contra una empresa, contra un monstruo así, para mí es un daño moral que no sé si se repara con plata. Yo tendría que estar viendo si compro una alfombra para el baño, en vez de estar viendo esto. Yo en mi vida no tuve un problema con nadie, nunca pasé por Tribunales. Para mí es un daño moral que no sé si se repara con plata”, reflexionó. La empresa, mientras tanto, cuenta con “los mejores estudios de abogados de Rosario” y una estructura que le permite litigar durante años. Los damnificados, en cambio, son “auxiliares de plomería, gasistas, albañiles”, que se ven obligados a seguir alquilando por el incumplimiento de la firma. “Es totalmente dispar la lucha”.
Gracias a la concejala Fernanda Gigliani, y los concejales de Ciudad Futura, fue una de las impulsoras del registro municipal. “Gracias a la gente de Ciudad Futura y a la concejal Gigliani, que nos dieron una mano bárbara, hicimos toda esta movida del registro. Ya estamos teniendo números, ya estamos pisando sobre terreno más firme”, reconoció Juan José García. El registro no solo visibiliza el problema, sino que permite dimensionar la estafa y unificar los reclamos judiciales.
Los primeros fallos a favor
La Justicia rosarina comenzó a fallar a favor de los damnificados. En septiembre de 2026, un fallo condenó solidariamente a Bauen Arquitectura, Pilay y Pilares por incumplimiento contractual y estableció el pago de más de 22 millones de pesos por privación de uso, más 850.000 pesos por cada mes de demora. “Los últimos 3 casos salieron a favor de los damnificados”, celebró Juan José. Sin embargo, el camino es largo. “Como todo juicio, es larga la lucha. La empresa tiene un poder bárbaro, tiene parte de la justicia. Esto se va a determinar en unos años, porque ahora los fallos son de primera instancia y llevan dos o tres años. Después pasa a la Cámara Superior. Más o menos son cuatro o cinco años”.
La estrategia de la empresa, según Juan José, es apostar al cansancio. “Apuestan al tiempo, a la cantidad de gente que ya ha dejado de pagar, a que te venzan por cansancio. Y creo que hay mucho de eso, porque veo que la sociedad tampoco da la pelea, no está a la altura de las circunstancias para dar una pelea contra la empresa”. Muchos damnificados, en la desesperación, aceptan lo que la empresa les ofrece: un departamento en otra zona, un terreno, un coche, lo que sea con tal de recuperar algo de lo invertido. “Es un manoseo total. Hay gente que agarra lo que venga. Le han dado cochex, le han dado terreno. Es extorsivo lo que hace”, denunció.
La lucha continúa
A pesar de las dificultades, los damnificados no se rinden. “Nosotros seguimos en lucha. Yo me levanto todos los días tratando de hacer algo por la lucha”, afirmó. La organización colectiva, el registro municipal y la visibilidad que han logrado en los medios locales son sus principales herramientas. “Gracias a la lucha y gracias a ustedes, a los medios de comunicación que nos dan el espacio, ya ahora los últimos casos salieron a favor de los damnificados”.
La historia de Bauen Pilay es la historia de una empresa que dejó de construir para empezar a especular, y de miles de familias que pusieron sus ahorros, su tiempo y su esperanza en un proyecto que nunca se concretó. La asimetría de poder es enorme, pero la organización colectiva empieza a inclinar la balanza. “Va para largo, va para largo porque la empresa tiene un poder bárbaro. Pero nosotros seguimos en lucha”, cerró.
