La diputada provincial y exministra de Salud de Santa Fe cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reducir el programa de medicamentos gratuitos de 128 a 6 principios activos. Advirtió que la medida afecta la atención primaria, obliga a la provincia a asumir un costo que antes era nacional y profundiza las desigualdades. “La salud va a tener que ver con tu código postal”, sostuvo.
La diputada provincial Sonia Martorano, exministra de Salud de Santa Fe, pasó por Radio Enlace para analizar el impacto del fin del programa Remediar, la política de entrega gratuita de medicamentos esenciales que el Gobierno nacional redujo de 128 a solo 6 principios activos a través de la Resolución 1447/2026, publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre . La medida derogó el listado vigente desde 2021 y lo reemplazó por un nuevo esquema orientado exclusivamente a enfermedades cardiovasculares, con aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina .
“Remediar es un plan que existe desde 2002. Estamos hablando de un plan que en estos 24 años se ha fortalecido, lo ha hecho más robusto. Lleva medicamentos, un botiquín, a todos los centros de salud, que son 8.300 en el país. Son medicamentos que no son de alto costo, pero que son de gran necesidad en la atención primaria, en la primera consulta, en el territorio, en el barrio”, explicó Martorano. Y agregó: “Como sabemos que el 85% de la patología se resuelve o se presenta al menos en el centro de salud, tener en el momento de esa consulta precoz el medicamento para acompañar lo agudo y lo crónico es fundamental”.
La diputada detalló qué medicamentos quedaron fuera del nuevo listado. “Se sacó la amoxicilina, que usamos cuando un chico va con un cuadro respiratorio o una infección y hay que darle un antibiótico. Se sacó la levotiroxina, tenemos mucha gente con hipotiroidismo que va a su centro de salud y retira la medicación del mes. La metformina, que usamos para la diabetes. Se sacó el paracetamol, el ibuprofeno, que usamos para tratar el dolor y bajar la temperatura. Y el ácido fólico, que usamos con todas las embarazadas para prevenir malformaciones neurológicas”, enumeró. “Hoy eso no lo vamos a tener más en el centro de salud. Es una política que va directamente al corazón de la prevención, de la atención primaria, que es el eje del sistema de salud”, sostuvo.
El impacto en Santa Fe y la respuesta provincial
Martorano reconoció que Santa Fe tiene una ventaja comparativa: el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que produce medicamentos desde hace más de 75 años y que fue proveedor del propio programa Remediar. “Lo que se está haciendo es, a través de esa producción en el IFE, generar también estos botiquines y hay una logística para repartirlo en los centros de salud de Santa Fe. Pero obviamente, es a costo de la provincia. Lo que tenés que invertir en esto para que no se nos descarrilen la atención primaria y la salud, bueno, sacás de otro lado”, advirtió.
La funcionaria señaló que la provincia ya venía anticipando el escenario de reducción. “En Santa Fe tenemos una ventaja, pero esta provincia lo puede hacer porque tiene un laboratorio. Otras provincias no van a poder. Esto lleva a mayor fragmentación del sistema de salud, a disminuir el acceso y que la palabra equidad no exista en un país como la Argentina. De una gravedad tremenda”, afirmó. Y agregó: “Hay provincias que no van a poder asumir este costo y eso genera una brecha donde la salud va a tener que ver con tu código postal, que te puedas atender o no, gravísimo”.
Consultada sobre si la producción provincial puede reemplazar los 122 medicamentos eliminados, Martorano fue cauta. “La provincia, por la información que tengo hasta ahora, ya comenzó con este proceso y está haciendo la logística para distribuirlo. Pero esto tenés que ver también cuánto tiempo lo podés hacer, porque cada vez son más las cosas. Esto es algo más”, dijo. Y enumeró: “Se dejó de subsidiar el transporte, se dejaron de arreglar las rutas, se desfinancian las universidades. Se está destruyendo todo lo que tenía que ver con la soberanía del país. Así que este es un paso más de un plan de una situación planificada muy, muy grave”.
La respuesta oficial y la crítica al argumento cardiovascular
Martorano se refirió a los fundamentos del Gobierno nacional, que sostienen que la medida prioriza las enfermedades cardiovasculares por ser la principal causa de muerte en el país . “No sé si pudiste leer la respuesta oficial. Tremenda, es peor, porque se dice que como las enfermedades cardiovasculares son prevalentes, se va a cubrir eso. Ahora, ¿cuál es la causa principal de mortalidad en los menores de 40? La siniestralidad vial. Y las rutas no se arreglan. Es una barbaridad”, cuestionó.
La diputada también apuntó contra el argumento de la corrupción que esgrimió el Gobierno para justificar el desmantelamiento del programa. “La distribución se hace por cantidad de pacientes adscritos y tiene que ver con eso, con la población que se atiende en las localidades y en las provincias. Esa es la lógica de distribución. Si sobran, tenés que ver qué pasa. Si faltan, tenés que ver qué pasa. Pero retirarlos totalmente, considerar que todas las amoxicilinas no correspondían, es de una gravedad tremenda”, sostuvo.
Para Martorano, la decisión forma parte de una estrategia más amplia. “No creo que sea improvisada, no creo que sea por ignorancia. Creo que forma parte de una planificación de dejar sin cobertura a los más vulnerables, a los discapacitados. Este gobierno nacional plantea un concepto que está llevando adelante, que es la batalla cultural, donde instala determinados discursos para que la gente acepte los distintos recortes y ajustes que se vienen dando”, afirmó.
La situación en Pueblo Esther y el caso Parkinson
La diputada mencionó que la reducción de la distribución ya venía registrándose desde antes de la eliminación formal del programa. “Venimos registrando faltantes de medicamentos en el SAMCO. El municipio se pone al frente junto con la provincia para comprar los faltantes, pero es una situación que se viene dando incluso desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Ya venía con un recorte del 70% de los aportes y ya había bajado el 60% la distribución en nuestra provincia. Hace rato que la distribución bajó y por eso se tuvo que comenzar a distribuir en la provincia desde el laboratorio industrial farmacéutico”, explicó.
Consultada por la situación de los pacientes con Parkinson que reclaman por la interrupción en la producción de levodopa por parte de un laboratorio privado, Martorano señaló que se trata de un problema que requiere la intervención del Estado nacional. “Ahí es donde necesitás la presencia del Estado. Pero del Estado Nacional, porque tiene que hacer trabajos directos con las droguerías para que esto llegue. Eso no nos pasó en el gobierno anterior: en pleno COVID, dejó de proveerse medicamentos importantes en terapia y el Ministerio de Salud de la Nación movió todos los stocks importados de otros lugares para que esto no nos faltara. Ahí necesitás el Estado que fuertemente trabaje esto. Lo que yo estoy viendo es que no veo una política nacional y federal en estos temas”, sostuvo.
Sobre la gestión provincial de Salud, Martorano fue conciliadora. “Tengo charla fluida. Cuando vemos algo que queremos mejorar, hay esa charla. Sé que muchas políticas de suicidio, de salud mental se han continuado. Somos colegas con la ministra y la verdad que tenemos una buena conversación”, dijo.
