El diputado provincial presentó pedidos de informe por el ataque al centro de niñez de Alvear y por los desarrollos del grupo Roma que ya suman entre 800 y 1.200 familias damnificadas en seis localidades, incluidos Comunidad Evolutiva en Pueblo Esther y Vitta en General Lagos. “Son dos temas que golpean a la región y que el Estado no puede seguir mirando para otro lado”, sostuvo en Radio Enlace.
El diputado provincial Carlos del Frade volvió a poner el foco en dos problemáticas que atraviesan al sur de Santa Fe y que, según su lectura, comparten un mismo patrón: la vulneración de derechos de poblaciones que quedan sin respuestas estatales oportunas. En diálogo con Radio Enlace, el legislador repasó los pedidos de informe que presentó en la Legislatura por el ataque al Centro Residencial de Niñez Colonia Astengo, en Alvear, y por la estafa inmobiliaria del Grupo Roma, que ya acumula entre 800 y 1.200 familias damnificadas en seis localidades del Gran Rosario.
“Son dos temas que golpean a la región y que el Estado no puede seguir mirando para otro lado”, sostuvo Del Frade, que centró su intervención en la necesidad de que la Provincia dé respuestas concretas. En el caso de la Colonia Astengo, el diputado presentó un pedido de informe para saber quiénes fueron los integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) que intervinieron en el procedimiento posterior al ataque y cuáles son las medidas de protección con las que cuenta el personal que trabaja allí. “Nos parece que eso forma parte de una política del gobierno provincial en donde hay una especie de observación permanente, de castigo permanente, de señalamiento permanente contra las adolescencias que están a disposición de la ley, y me parece que ayuda muy poco a resolver los problemas”, dijo.
El Centro Residencial de Niñez Colonia Astengo funciona en el acceso a Alvear y aloja a niños y adolescentes bajo protección estatal por casos de vulneración de derechos, no por causas penales juveniles . El 22 de septiembre, un grupo de aproximadamente 15 personas, entre ellas menores y mayores de edad, llegó hasta la puerta del predio con la aparente intención de ingresar sin autorización . Según la versión oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el grupo profirió amenazas verbales y se retiró sin concretar el ingreso; una versión extraoficial indicó que algunos portaban palos y que uno exhibió lo que parecía un arma de fuego, que después se estableció que era una réplica .
Los trabajadores del centro relataron una versión parcialmente distinta: aseguraron que el episodio ocurrió el martes por la tarde, no el miércoles, y que el grupo llegó en un auto en busca de uno de los adolescentes alojados, a raíz de un conflicto con un joven de un barrio de Rosario . “Llegaron en un auto unas quince personas. Intentaron entrar pero al final no pudieron porque les hicimos frente”, relató un empleado del lugar.
El aviso a la policía se produjo después del ataque, por lo que no hubo intervención policial en el momento . Al día siguiente, personal de la PDI llegó al centro a partir de la denuncia. Allí se produjo el segundo hecho que los trabajadores denunciaron: según una fuente del centro, los efectivos ingresaron y sometieron a algunos adolescentes a un interrogatorio que incluyó hacerlos arrodillar . “Son menores que no tienen problemas con la ley penal juvenil y si están bajo resguardo es por un abandono familiar o conflictos con sus familias. Por lo que tanto el trato como el interrogatorio son actitudes totalmente ilegales”, denunció.
El MPA dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente por la presencia de menores en el grupo atacante, y a la Unidad Especial de Flagrancia, cuyo fiscal ordenó medidas para identificar a los mayores de edad .
Los trabajadores advirtieron que la situación de vulnerabilidad de los chicos alojados excede el hecho puntual. “Los chicos a veces no pueden ni ir al kiosco porque los amenazan”, señaló uno de los empleados a Página/12 . Según explicó, el personal no conoce en todos los casos los antecedentes familiares o los conflictos que pueden involucrar a los adolescentes. “No sabemos si sus familias tuvieron conflictos, si ellos los tuvieron y están acá para resguardo o cosas que deberíamos saber”, sostuvo .
A esa situación sumaron un problema de dotación de personal. “Debe haber tres adultos por guardia y sólo hay dos”, señalaron desde el centro . Para los trabajadores, esa diferencia deja al establecimiento con menos capacidad de respuesta frente a situaciones de conflicto. El pedido concreto es que se instale un móvil policial permanente en la puerta del Hogar. “Es preocupante que el narco barrial siga chupando a estos chicos, aunque estén bajo resguardo”, deslizaron .
Del Frade vinculó ese reclamo con lo que considera una política provincial más amplia. “Nos parece que eso forma parte de una política del gobierno provincial en donde hay una especie de observación permanente, de castigo permanente, de señalamiento permanente contra las adolescencias que están a disposición de la ley, y me parece que ayuda muy poco a resolver los problemas”, afirmó en Radio Enlace.
Grupo Roma: la estafa que ya tiene mil damnificados
El otro frente que Del Frade llevó a la Legislatura es el de los loteos del Grupo Roma, que acumula entre 800 y 1.200 familias damnificadas en seis localidades del Gran Rosario: Pueblo Esther, Ibarlucea, Zavalla, Soldini, General Lagos y Roldán . Los casos se remontan a compras realizadas entre tres y siete años atrás. La mayoría de los compradores no buscaban invertir: querían acceder a un lote para construir su vivienda única, ante la imposibilidad de hacerlo en Rosario .
“Generalmente los presidentes comunales con mucha facilidad le otorgan esos loteos para generar esa venta, que después termina siendo una sobreventa y después nunca se termina de entregar. Cobran el dinero, la gente se queda sin el dinero y sin el lote”, sostuvo Del Frade en Radio Enlace. Y advirtió: “Al haber avalado la posibilidad de desarrollar loteos a estos grupos que después terminan siendo estafadores, el problema se le vuelve a la comuna y a los habitantes, porque van a tener que afrontar los costos de esa corresponsabilidad”.
El desarrollo Comunidad Evolutiva, en Pueblo Esther, es uno de los emprendimientos del Grupo Roma que aparece en los reclamos. Alrededor de 400 familias compraron terrenos allí y llevan años esperando . En 2024, el Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de obras en ese loteo —junto con El Naranjo en Ibarlucea y Orígenes en Soldini— por incumplimientos de la normativa ambiental e hídrica .
Diego, uno de los damnificados, contó a Radio Enlace el desgaste de la espera. “Primero fue la pandemia, después la situación económica del país”, relató. Más adelante llegaron nuevas promesas: una reunión en 2024 en la que se anunció que el desarrollo estaría listo en un año; después seis meses; luego diciembre; más tarde julio. Ninguno de esos plazos se cumplió . “La gente, como no tiene información, se pone cada vez más nerviosa”, explicó .
En General Lagos, el Grupo Roma desarrolla Vitta, Vitta Río y Vitta Urbano. Una familia que compró en Vitta relató su experiencia a La Capital: en enero de 2021 adquirieron el lote 29, pagaron 27 mil dólares al contado —parte de ahorros y parte de un préstamo familiar— y les prometieron la posesión a mediados de 2023 . “Iba pasando el tiempo y veíamos que en el barrio no había obras, no pasaba nada. Reclamábamos y nos daban explicaciones difusas, poco claras. Hasta que en marzo del año pasado tuvimos una última reunión y nos propusieron cambiar de barrio, pagando una suma de dinero extra. Salimos con mi marido y caímos en la cuenta de que nos habían estafado”, recordó la mujer .
La responsabilidad de las autoridades locales
Del Frade apuntó directamente a la responsabilidad de los Estados municipal y comunal. “Cómo los Estados, sean nacional, provincial, municipal o comunales, se prestan rápidamente a la colonización de esos estados a favor del negocio privado, a partir de la tierra pública. Eso es una pauta de comportamiento del manejo empresarial y del manejo político en la mayoría de los últimos diez años, y se ve especialmente acá en la zona sur de la provincia de Santa Fe”, sostuvo.
Los damnificados también llevaron su reclamo al Concejo Municipal de Rosario, donde expusieron ante la comisión de Planeamiento y pidieron la conformación de una mesa institucional con representantes de las localidades involucradas y organismos provinciales . El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario recibió denuncias contra las inmobiliarias que comercializaron los lotes .
Para Del Frade, el problema de fondo excede los casos individuales. “Me parece que lo de fondo es cómo los Estados se prestan a la colonización a favor del negocio privado. Y esa matriz algún día habrá que discutirla de verdad”, dijo. El diputado anticipó que los pedidos de informe no suelen recibir respuesta formal, pero confía en que generen algún tipo de reacción en los lugares de los hechos.
Accidentes laborales: “No son tragedias, son consecuencias de la no inversión”
El diputado también se refirió a los accidentes laborales en los grandes puertos agroexportadores de la región, un tema que viene siguiendo con pedidos de informe y denuncias. “Las patronales no ponen un peso para cuidar la vida de quien le produce la riqueza, que son los trabajadores. Ponen poco y mal. Y hay que sumarle la irresponsabilidad del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, que a esta altura para mí es incalificable, porque generalmente mira para otro lado”, afirmó.
Del Frade aportó cifras contundentes. “En la Argentina se han producido en los primeros seis meses del año 245.000 accidentes laborales. Eso son 1.300 accidentes laborales por día, uno por minuto. La Argentina alguna vez fue una geografía ejemplo del derecho laboral en el mundo. Mirá en lo que terminamos”, lamentó. Y agregó: “En la Provincia de Santa Fe, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, los accidentes laborales llegan a ser uno cada 15 minutos, es decir, cuatro por hora”.
El diputado cuestionó la forma en que los medios suelen presentar estos hechos. “Los accidentes laborales no son, como generalmente se titulan, causa de la tragedia, de la calamidad, de la desgracia. Mentira, nada que ver con eso. Tragedia viene del griego, significa capricho de los dioses. Y si hay algo que está claro acá es que se trata en realidad de la consecuencia de la no inversión en el cuidado de la vida de la gente que trabaja”, sostuvo.
Cierre de fábricas y política económica
Consultado por el cierre de una fábrica de butacas en Pueblo Esther vinculada a la producción de General Motors, Del Frade fue categórico. “La política es la destrucción de las fuentes laborales, la destrucción de la industria nacional, esa es la política. No es que va a cambiar, la política se va a profundizar en esa idea para que la Argentina sea solamente un lugar de importación, como está pasando ahora con Electrolux, y que la Argentina lo único que sea es lo que quiere Estados Unidos: que seamos cordillera y río Paraná. Están sobrando hoy 30 millones de personas en Argentina. Este es el proyecto”, afirmó.
El diputado también apuntó contra el gobernador de Santa Fe, a quien calificó como “absolutamente alineado” con la política nacional. “Por eso el Ministerio de Trabajo hace lo que hace, por eso el Ministerio de Desarrollo Productivo dice solamente que hay que reconvertirse. Reconvertirse es un sinónimo de importar. La importación significa la destrucción de la industria local, de la fabricación nacional. Y me parece que esa es una resignación que Santa Fe no tiene por qué aceptar. Santa Fe está para más porque tiene una producción enorme y una exportación enorme. Podríamos tener otro tipo de política de confrontación frente a este saqueo planificado”, sostuvo.
El escenario electoral de 2027
Sobre el año electoral que se avecina, Del Frade confirmó que el cronograma en la provincia de Santa Fe ya está definido: las PASO serán el 18 de abril y las generales el 13 de junio. “En febrero hay que presentar las listas, con lo cual me da la sensación de que diciembre y enero serán los meses de verdadera definición”, anticipó. El diputado participó de encuentros del espacio “Por una Rosario en Común” y contó que el objetivo del FAS es “construir una herramienta política lo más amplia posible para transformar la realidad, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en todos los lugares donde tengamos militancia con ganas de transformar la realidad, también en la provincia de Santa Fe y por supuesto colaborar para que eso suceda en la Argentina”.
Sin embargo, fue crítico respecto a las condiciones de la unidad. “Hay que ver con quién es la unidad. Si la unidad es para simplemente saludar a los sectores mayoritarios y solamente ser espectadores, no nos sirve. Nosotros tenemos una presencia en la política que hemos logrado con mucho esfuerzo: tenemos tres diputados provinciales, un concejal en Rosario, un concejal en Arroyo Seco, participación en muchísimos departamentos. Si se desconoce eso simplemente por la idea de la unidad, esa es una falsa manera de presentar la unidad”, sostuvo. Y apuntó contra sectores del peronismo que, dijo, “siempre le votan todo a Pullaro, incluso la reforma electoral que levantó el piso proscriptivo al 4%”.
