La presentación se realizó durante las audiencias que comenzaron este martes en Hamburgo. El jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen tuvo a su cargo el desarrollo de los fundamentos jurídicos centrales del reclamo. El Gobierno busca impedir el avance del proyecto Sea Lion mientras continúa la controversia por los derechos sobre la plataforma continental.
La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas ingresó este martes en una nueva instancia internacional. La delegación argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, los fundamentos de su pedido para que se dicten medidas provisionales que impidan el avance de la explotación petrolera en la plataforma continental cuya soberanía reclama nuestro país. El planteo apunta particularmente al proyecto Sea Lion, impulsado por empresas petroleras con licencias otorgadas por las autoridades británicas. La presentación se desarrolla en el marco de un procedimiento jurídico iniciado por Argentina bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Las audiencias, previstas para los días 10 y 11 de noviembre, exponen dos posiciones enfrentadas sobre la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
Uno de los protagonistas de la defensa argentina es el jurista Marcelo Gustavo Kohen, especialista en Derecho Internacional y profesor emérito del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza. Kohen integra el equipo internacional convocado por el Estado argentino para intervenir en esta controversia y tuvo a su cargo el desarrollo de los fundamentos jurídicos del reclamo durante las audiencias. Su exposición se concentró especialmente en la competencia prima facie del Tribunal para intervenir y adoptar medidas provisionales, es decir, en los argumentos que justifican que el organismo pueda examinar el pedido argentino en esta etapa del procedimiento. Su participación se inscribe en una trayectoria de trabajo ante tribunales internacionales: fue abogado de Argentina en el caso de la Fragata ARA Libertad, cuando en 2012 el propio TIDM ordenó, como medida provisional, su liberación. Además, fue secretario general del Institut de Droit International y juez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El proyecto petrolero y los argumentos argentinos
La delegación argentina está integrada por funcionarios de distintas áreas del Estado y especialistas en Derecho Internacional. La representación institucional incluye a María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; al embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal; y a Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania y co-agente. La defensa jurídica cuenta también con la participación del especialista neerlandés Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y del asesor jurídico Agustín Giustiniani. Mientras Oyarzábal presentó los antecedentes de la controversia y los derechos que Argentina considera comprometidos, Kohen desarrolló los argumentos jurídicos sobre la intervención del Tribunal y Schrijver abordó la urgencia de las medidas solicitadas, el riesgo de daño irreparable y las posibles consecuencias para el medio marino.
El centro de la controversia es el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 200 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa está operada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El emprendimiento prevé avanzar con nuevas perforaciones a partir de 2027. Para la Argentina, el desarrollo de estas actividades bajo autorizaciones británicas constituye una explotación unilateral de recursos naturales en un área marítima cuya soberanía se encuentra en disputa.
Durante su presentación, la delegación argentina sostuvo que el Reino Unido no puede atribuirse unilateralmente la facultad de autorizar la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa. La argumentación se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una controversia de soberanía e instan a las partes a evitar decisiones unilaterales que puedan agravarla. También cuestiona que el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas pueda utilizarse para justificar decisiones sobre la soberanía del territorio y sus recursos naturales. La posición argentina advierte, además, que la extracción de hidrocarburos podría producir consecuencias irreversibles, dado que se trata de recursos no renovables cuya explotación no podría revertirse mediante una decisión judicial posterior.
Por ese motivo, el país solicitó medidas provisionales destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades petroleras vinculadas con Sea Lion, evitar el otorgamiento de nuevos permisos, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y proteger el medio marino. El pedido no busca que el TIDM resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino que intervenga para preservar los derechos que Argentina considera afectados mientras avanza el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. La diferencia es relevante: en esta instancia se discute si corresponde adoptar medidas urgentes para evitar que la explotación avance antes de que exista una resolución sobre la controversia jurídica de fondo.
La respuesta del Reino Unido
La delegación británica rechazó la solicitud argentina y cuestionó tanto la jurisdicción del Tribunal como los fundamentos del reclamo. Durante la audiencia, sus representantes defendieron el principio de autodeterminación y sostuvieron que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. También plantearon objeciones a la argumentación argentina y a la posibilidad de que el organismo adopte las medidas solicitadas. De esta manera, Londres defendió las autorizaciones otorgadas para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y rechazó que corresponda suspender el proyecto.
El contrapunto expone dos interpretaciones enfrentadas sobre el alcance de los derechos que corresponden a cada Estado en el área marítima. Mientras Argentina considera que la autorización británica de actividades petroleras profundiza una controversia de soberanía aún no resuelta y afecta sus derechos sobre la plataforma continental, el Reino Unido sostiene que las autoridades de las islas pueden disponer de sus recursos y que no corresponde aceptar las medidas cautelares solicitadas. La discusión no se limita, por lo tanto, a la posibilidad de desarrollar un emprendimiento energético: también involucra el control de los recursos naturales, la interpretación del derecho internacional y las consecuencias de avanzar con una explotación económica antes de que exista una resolución sobre la controversia.
Una disputa que excede la cuestión petrolera
La presentación ante el Tribunal del Mar vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el escenario internacional y suma una dimensión económica y ambiental a un reclamo histórico de soberanía. En este contexto, cobra relevancia el análisis realizado por Adriana Rossi, analista de política internacional, durante una entrevista en Radio Enlace. Al referirse a la presentación argentina ante los organismos internacionales por la explotación de recursos en el área de Malvinas, Rossi planteó la importancia de observar el conflicto más allá de una discusión diplomática puntual y atender a sus implicancias geopolíticas y sobre el control de los recursos naturales.
La instancia judicial abierta en Hamburgo permite observar cómo esa disputa histórica se expresa hoy en un escenario concreto: la posibilidad de que empresas petroleras comiencen a explotar hidrocarburos en una zona cuya soberanía reclama Argentina. El desarrollo de Sea Lion pone en juego recursos no renovables, decisiones sobre el uso de la plataforma continental y eventuales impactos ambientales que podrían trascender el área de explotación. La discusión también vuelve a poner a prueba los mecanismos internacionales disponibles para abordar controversias entre Estados y evitar que las decisiones unilaterales consoliden situaciones difíciles de revertir.
Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con nuevas intervenciones de ambas delegaciones. El Tribunal deberá evaluar si corresponde conceder las medidas provisionales solicitadas por Argentina mientras avanza el procedimiento arbitral. Hasta que exista una decisión, no hay una resolución internacional que haya ordenado detener el proyecto petrolero ni un pronunciamiento definitivo sobre la controversia. Lo que se discute en esta instancia es si corresponde impedir que la explotación avance antes de que se resuelva el conflicto jurídico entre ambos países.
